Gobierno escuchó los lamentos camioneros

Si bien la buena nueva para Colombia llegó en la madrugada de ayer, cuando la ministra de Transporte, Natalia Abello, aseguró que “por la vía del diálogo concretamos acuerdos que se centran en beneficios tangibles. Lo logrado fue fruto de las necesidades y requerimientos de los transportadores de carga, los cuales han sido atendidos por el Gobierno”, también es cierto que los problemas por los que se manifestaron los transportadores son de vieja data.

Como recordaron durante la protesta los representantes de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC) y de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), el primero promotor de la manifestación y el segundo pidiendo concertaciones, el epicentro del problema está en la falta de intervención del Gobierno para ejercer su función en el esquema de libertad vigilada, en el que debe sancionar por no cumplir con las tarifas por el servicio de carga u obligar a las empresas a que las respeten.

Debido a la falta de claridad en este proceso, gran parte del gabinete del presidente Santos, incluso el superministro Néstor Humberto Martínez, quien se comprometió a no levantarse de la mesa hasta conjurar la crisis, tuvo que intervenir en las conversaciones que desembocaron en el acta, facilitada por la presidenta de la ATC, Alejandra Vaquero, a El Espectador, en la cual quedaron fijados los compromisos de ambas partes.

Según el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Transportadoras de Carga por Carretera (Asecarga), Jairo Herrera, “les agradecemos a los camioneros que hayan levantado el paro y estamos dispuestos a cumplir las normativas que hay sobre el transporte, pero me parece que se gastaron 25 días y quedamos en lo mismo. La tabla de costos ahí está, se trataba de hacerla cumplir y el único que la puede hacer cumplir es el Gobierno”.

El nombramiento de una comisión permanente que establecerá directrices del sector, los beneficios sociales para los conductores y fijar unas tarifas para el pago del servicio fueron algunos de los compromisos que se adquirieron desde el Ejecutivo.

Los acuerdos 

Política pública
Se conformará una Comisión permanente para revisar de manera estructural la política de transporte de carga en Colombia, de cara a la competitividad, la conectividad y las inversiones en infraestructura.

Pagos justos
No se podrán efectuar “pagos por debajo de los costos eficientes de operación, publicados en el SICE TAC”, herramienta que garantiza el pago de tarifas justas y consignada en el decreto 2228 de 2013.

Atención al gremio
Se habilitará una ventanilla de atención al ciudadano que reciba los incumplimientos, para dar traslado a las autoridades competentes buscando asegurar el cumplimiento de la prestación de servicios del transporte de carga.

Investigaciones
La Superintendencia de Puertos y Transporte adelantará investigaciones administrativas a quienes no paguen dentro de los plazos, no paguen los tiempos muertos o hayan efectuado pagos por debajo de la tarifa establecida.

No habrá vida útil
El Gobierno garantizará la política de no implementar la vida útil para el Transporte de Carga en Colombia, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Se mantendrá la reposición vehicular 1 a 1.

Posible pensión
Se evaluará si se presentan las condiciones técnicas para justificar una propuesta de pensión especial, de considerarse que esta actividad implica disminución de la expectativa de vida.

Créditos de vivienda
Se promoverá el acceso a las líneas de crédito existentes en el Fondo Nacional del Ahorro y de igual manera se gestionará con el Ministerio de Vivienda un programa especial para los transportadores del sector de carga.