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En el campo se ha trabajado toda la vida sin contrato, sin prestaciones y, muchas veces, sin nombre jurídico. El jornal —esa paga diaria que sostiene cosechas enteras— ha sido una práctica extendida, pero también una zona gris.
Los ministerios del Trabajo y Agricultura radicaron una iniciativa para reglamentar el contrato y el jornal agropecuario, con el objetivo de reducir una informalidad que en el campo ronda el 84 %. Más de ocho de cada 10 trabajadores rurales hoy no tienen garantías laborales básicas.
La propuesta apunta a quienes trabajan en actividades agropecuarias estacionales o transitorias: cosechas, siembras, labores de transformación primaria.
Para ese universo, se crea una figura contractual específica, distinta al empleo urbano tradicional, pero con derechos explícitos. El jornal no podría pagarse por debajo del salario mínimo diario, y tendría que incluir un factor prestacional adicional de al menos 30 % (es decir, un reconocimiento económico por prestaciones que hoy casi nunca se pagan). Las horas extras no quedarían “incluidas” en el trato informal: deberían pagarse aparte.
Hay un punto que toca una fibra sensible del mundo rural: la prohibición de la intermediación laboral, una práctica común en la que terceros contratan jornaleros sin asumir responsabilidades reales, lo que iría en favor de la reforma laboral del gobierno Petro.
“Hacemos historia asumiendo los compromisos que la OIT ha hecho frente al trabajo de los agricultores y agricultoras, tenemos que reconocerlos, al igual que a las familias que trabajan y a quienes tienen jornales agropecuarios”, anotó la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino.
“Ellos son quienes alimentan al país, abastecen los mercados y hacen que en las ciudades se tengan alimentos frescos, situación que ha permitido construir una apuesta de gobierno dedicada al campo”, dijo.
El contexto explica la urgencia. Según el DANE, casi 12 millones de personas se identifican como campesinas, y más del 85 % vive en zonas rurales o dispersas. Aunque su tasa de desempleo es más baja que la del resto de la población, eso no significa estabilidad: más de la mitad trabaja por cuenta propia, sin contrato ni seguridad social. El empleo existe, pero es frágil.
La brecha también es de género. Mientras 8 de cada 10 hombres campesinos participan en el mercado laboral, entre las mujeres esa proporción apenas supera el 40 %. Y cuando trabajan, lo hacen mayoritariamente en condiciones informales.
El proyecto no resuelve esa desigualdad por sí solo, pero la reconoce de fondo: formalizar el jornal es también abrir la puerta a protección para quienes hoy están invisibles y llevan la comida a los hogares del país.
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