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Alrededor de cuatro millones de personas carecen de agua potable, seis millones de alcantarillado y 3.4 millones de energía, y cada año se forman más de 200 mil hogares en nuestras ciudades que demandan la ampliación de estos servicios.
Las cifras fueron reveladas por el Gobierno al advertir que esta situación se podría agravar si el Congreso aprueba el proyecto de ley que contempla la congelación de las tarifas, la ampliación de los subsidios y la eliminación del cargo fijo.
Esta iniciativa conllevaría a desviar los recursos de inversión destinados a la expansión de coberturas y al aumento de los beneficios de la población ya cubierta, dice informe del Gobierno.
Explica el Gobierno que la inclusión de alcaldes y vocales de control en las Comisiones de Regulación implica la pérdida de independencia y autonomía de estas entidades.
Dice el documento que los alcaldes no tienen competencias regulatorias en materia de servicios públicos domiciliarios, y en el caso en que se trate de un municipio prestador directo tendría un papel de juez y parte, lo que afecta los principios de transparencia, imparcialidad, responsabilidad y contradicción consagrados en el Código Contencioso Administrativo.
Eliminación del cargo fijo y ajuste tarifario
La iniciativa contempla eliminar el cargo fijo, lo cual para el Gobierno implica distorsión en la formación de precios y el diseño de tarifas, en detrimento de los usuarios de menores ingresos.
Advierte que aprobar la propuesta conlleva a la inestabilidad regulatoria y desincentivo para la ejecución de inversiones.
En cuanto al ajuste tarifario, el informe del Gobierno considera que no garantiza el cubrimiento de los costos eficientes de prestación del servicio, especialmente en aquellos municipios donde no permitiría culminar el proceso de transición tarifaria emprendida desde 2006.
Esta propuesta ignora completamente los principios planteados en la Ley 142 para la remuneración de acuerdo con las características de cada una de las actividades del servicio de Energía Eléctrica, explica el informe.
Las actividades de transmisión y distribución son monopolios naturales, en las que se reconocen a las empresas solamente los costos eficientes, de acuerdo con una metodología general establecida por la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas).
La generación es una actividad en competencia y que funciona a través de un mercado spot (efectivo al momento). Limitar las tarifas a incrementarse con la inflación implicaría que los incrementos en el precio del mercado spot superiores a la inflación no podrían ser trasladados al usuario final por lo que habría que buscar una financiación para los mismos o hacer no rentable la actividad, dice el informe.
Elevar subsidios
Advierte el Gobierno que aprobar la propuesta de dar la potestad a los alcaldes para incrementar la contribución del sector comercial al 60% y el industrial al 150%, podría socavar completamente la competitividad de algunas regiones, además de los costos en que incurriría la industria y el comercio al trasladarse hacia regiones con costos más competitivos.
El aumento de los porcentajes de subsidios propuesto no tiene una justificación técnica y plantea un incremento en la carga fiscal de las regiones, revela el informe.
Explica que un nivel exagerado de subsidios propicia derroche del servicio, el uso ineficiente de la infraestructura, menores coberturas y la no viabilidad de las empresas.
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