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La explotación de minas y canteras sigue siendo una fuente crítica de ingresos fiscales. Según el equipo de Investigaciones Económicas de ANIF, entre 2020 y 2024 el sector representó en promedio el 18 % del recaudo tributario. Entre 2022 y 2025, las industrias extractivas aportaron casi COP 40 billones en recursos de regalías.
Estos datos sirven para hablar rápidamente del papel que las industrias extractivas siguen teniendo en la economía colombiana. Pero, a la vez, ofrecen una lectura de dependencia a los combustibles fósiles, en un momento en el que es vital avanzar en la transición energética.
Colombia, como muchos otros países, es un cúmulo de conversaciones urgentes, de problemas sin resolver y de retos grandes. Uno de los puntos cruciales acá es la necesidad de reconfigurar no sólo la producción local de energía, sino cómo hacer una transición productiva de la explotación de hidrocarburos hacia otras formas de recaudar impuestos y sostener la economía, con especial atención en las comunidades más vulnerables.
Sobre estos temas estuvieron discutiendo los candidatos presidenciales en un debate organizado por El Espectador, en conjunto con Fescol. A la cita asistieron Roy Barreras, Mauricio Lizcano, Carlos Caicedo y Luis Gilberto Murillo.
Los tres políticos que lideran las encuestas de intención de voto no estuvieron en la cita, algo que fue duramente criticado por los demás asistentes.
Petróleo sí, pero transición también
De entrada, uno de los puntos comunes de los candidatos es la necesidad de seguir contando con la economía del petróleo y el gas si se quiere pensar en una transición energética coherente. Dicho en otras palabras, ninguno niega el peso y la importancia que la industria tiene sobre las finanzas nacionales.
Otro asunto en común entre los políticos que asistieron al debate fue cómo maximizar el impacto de las regalías en las regiones. De forma más amplia: cómo hacer que la plata de la explotación de hidrocarburos beneficie a las comunidades que más lo requieren (muchas de estas son las anfitrionas de la explotación y las receptoras de los pasivos ambientales y sociales de la industria).
Algunos hablaron de reformular el sistema de regalías, mientras que otros hicieron énfasis en la descentralización.
En justicia, ninguna de las dos es una idea nueva. De hecho, para avanzar en descentralización en estos años se aprobó una ambiciosa reforma al Sistema General de Participaciones, que le entregaría mayores capacidades a las regiones para ejecutar recursos y proyectos.
Tal es la ambición de la reforma, que requiere de una ley aparte para mejorar las competencias de las entidades territoriales; este proyecto sigue atascado en el Congreso y una larga lista de analistas y académicos ha objetado su fin al expresar la debilidad institucional de muchas regiones para gestionar eficientemente estos recursos.
Independientemente de esto, la paradoja en este punto es tan evidente como grave: municipios en donde se fundamenta la explotación energética del país, ni siquiera cuentan con electricidad constante o con servicio de gas natural, por ejemplo.
Todos los candidatos, con la excepción de Caicedo, están de acuerdo en firmar nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Este ha sido uno de los puntos más espinosos de la administración de Gustavo Petro en materia de energía, que congeló la firma de dichos contratos.
En la práctica, esto ha obligado a que la producción en el marco de los contratos que sí están operando suba. Algo que es denominado por algunos expertos como “raspar mejor los pozos” y que, reconocen analistas, era un paso necesario en busca de mayores eficiencias energéticas.
Pero, a la vez, esta decisión se enmarca en un escenario fiscal complicado para el país, que ha incumplido de forma sostenida en los últimos años con su meta de recaudo tributario, algo que, explican algunos analistas, está relacionado en parte con el estancamiento de las industrias extractivas.
Hoy por hoy, el país tiene un presupuesto desfinanciado, a la vez de un gasto gubernamental a todo vapor, lo que ha dado como resultado un déficit fiscal que sólo está por debajo de los límites alcanzados durante la pandemia.
Otro de los puntos que dividió a los candidatos durante el debate fue la extracción, o no, mediante la fracturación hidráulica, técnica mejor conocida como ‘fracking’: Roy Barreras y Mauricio Lizcano la apoyarían, mientras que Luis Gilberto Murillo y Carlos Caicedo no lo harían.
Esta opción es ampliamente polémica en el país: gremios insisten en que sería una forma de recuperar autonomía en materia de hidrocarburos, especialmente en gas (combustible cuya oferta local está en déficit actualmente), pero a la vez hay una larga lista de advertencias y problemas ambientales asociados a esta técnica.
Sobre las energías renovables también hay opiniones divididas y encuentros ideológicos entre los candidatos. El más grande de estos, casi sin sorpresa, es que todos están de acuerdo en la necesidad de avanzar en la producción con fuentes renovables no convencionales (principalmente eólica y solar).
Pero este es un acuerdo fácil. El cómo incrementar esta producción, con sostenibilidad financiera, es el problema.
Entre otros, los proyectos de energías renovables no convencionales tienen un gran reto: superar los cuellos de botella en trámites, licenciamiento ambiental, acceso a la red, cierre financiero y expansión de infraestructura. De acuerdo con Ser Colombia, en este momento más de 5.000 megavatios de proyectos renovables no cuentan con cierre financiero.
Parte de los problemas en su implementación ha orbitado alrededor de consultas previas con las comunidades. Este último punto fue uno de los que más divergencias generó entre los candidatos, pues algunos expresaron abiertamente que “no ha funcionado”. Lizcano, por ejemplo, aseguró que se ha convertido “en una extorsión”. Y habló de establecer tablas de compensación para las comunidades impactadas por los proyectos energéticos.
Las visiones de los candidatos en este punto tocan un asunto complejo de solucionar y que, por lo demás, es de vieja data: el rol de las comunidades dentro de la visión energética del país, si se quiere.
En el intercambio de ideas se evidenció la tensión entre centralización y descentralización de la consulta previa: qué tanto se decide desde un marco normativo hecho en Bogotá y qué tanto se aplica, desde las realidades y necesidades del territorio.
En medio del debate, varios candidatos admitieron que, aunque necesarias, algunas consultas se volvieron mecanismos para que unos pocos se aprovechen de los proyectos y los beneficios y compensaciones de estas obras no terminen llegando a las comunidades y los usuarios, como se planeaba inicialmente.
¿Cómo sustituir los ingresos de las actividades extractivas?
Una contracción en la actividad de extracción de minas y canteras, en palabras de ANIF, reduce tanto los impuestos a la renta de empresas (por menores utilidades), como las regalías. Además, los combustibles y el sector de las industrias extractivas sigue siendo un motor central de las exportaciones: en 2025 representaron el 38 % del total de ventas externas del país.
Datos de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas indican que si Colombia “sigue alejando la inversión”, con altas cargas impositivas y dificultades para obtener licencia ambiental y realizar consultas previas, más la decisión de no firmar nuevos contratos, las finanzas públicas sentirán el golpe: entre 2027 y hasta 2035 el impacto sería de COP 40 billones menos de recaudo por la caída en la producción de petróleo.
En el debate, El Espectador preguntó a los candidatos cuáles son las estrategias para diversificar y mitigar el impacto fiscal del menor dinamismo del sector extractivo.
▶️Roy Barreras aseguró que la clave es la seguridad jurídica, garantizando contratos a por lo menos 15 años, para fomentar la inversión. El candidato dijo que la transición energética es un “deber moral con la humanidad”, pero que también se deben asegurar los recursos para financiar el cambio en la matriz energética.
Los otros elementos de su propuesta son la “liberación de la red”, terminando los contratos de conexión en los que no hay inversión, y acelerar los trámites, que hoy son un obstáculo para los proyectos.
▶️Carlos Caicedo afirmó que se necesita acelerar la transición energética porque los recursos se agotarán aunque haya esfuerzos en exploración. Su propuesta es avanzar más rápido en la incorporación al sistema de proyectos de energías renovables no convencionales.
También puso sobre la mesa la importancia de la industrialización para exportar productos con valor agregado.
▶️ Mauricio Lizcano reconoció que el país no puede depender solo de los hidrocarburos, que además se acabarán en algún momento. Su propuesta es transformar las regalías para destinar una parte a sectores como agroindustria, tecnología, turismo y reindustrialización. La otra parte iría a recursos habilitantes: cobertura de internet, infraestructura, agua potable.
▶️ Luis Gilberto Murillo dice que es clave acabar con el centralismo en el manejo de los recursos. Propone una regla de sustitución progresiva que permita ahorros, estabilización y diversificación productiva; un fondo de reconversión regional para temas como turismo y bioeconomía; una agenda focalizada en finanzas climáticas, y más valor agregado localmente que se apalanque con compras públicas.
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