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Colombia enfrenta un momento decisivo en materia de abastecimiento de gas natural. El anuncio del Gobierno sobre una eventual negociación para importar gas desde Venezuela, una vez se levanten las restricciones de la OFAC, debe analizarse con serenidad técnica y visión de país. No se trata de una discusión ideológica, sino de soberanía y seguridad energética.
La alternativa de importación desde Venezuela es, sin duda, una más de las opciones que Colombia debe evaluar para atender el déficit proyectado en el corto y mediano plazo, al menos hasta 2031 que se espera la entrada del proyecto Sirius en el offshore. Sin embargo, es importante precisar que no estamos ante una solución inmediata ni estructural.
Reactivar el gasoducto binacional podría tomar entre 9 y 12 meses desde la decisión formal, que no se sabe cuánto tiempo puede tomar, siempre que existan las salvaguardas jurídicas y financieras necesarias, además de inversiones cercanas a los USD 30 millones para su adecuación operativa.
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Aunque en su momento el gasoducto fue diseñado con una capacidad de hasta 500 millones de pies cúbicos por día, un escenario realista para Colombia hoy sería lograr importaciones del orden de 120 millones de pies cúbicos diarios, similares a las que en el pasado exportó nuestro país a través de Ecopetrol hacia Venezuela.
Ese volumen podría coadyuvar a mitigar el déficit durante los próximos cinco años, a la par que avanzan los otros proyectos de importación de Gas Natural Licuado por La Guajira, Cartagena y Buenaventura, entre otros. Pero sería un error presentar esta alternativa como la solución definitiva.
Tampoco es claro aún el impacto en tarifas. En teoría, el transporte de gas por ducto debería ser más competitivo que la importación de GNL por barco. Sin embargo, todo dependerá de las condiciones comerciales que se pacten y si el precio estará atado a referencias internacionales de paridad de importación o a un esquema bilateral más favorable, como el que en su momento se firmó en el acuerdo entre gobiernos. Sin esa claridad, es prematuro afirmar que esta estrategia reducirá significativamente las tarifas para hogares e industria.
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Adicionalmente, depender de un suministro externo siempre implica riesgos geopolíticos y regulatorios. Colombia debe evitar sustituir una dependencia por otra. La verdadera discusión de fondo es cómo garantizar la autosuficiencia gasífera en el mediano y largo plazo.
El país aún tiene un importante potencial en cuencas como el Piedemonte llanero, Cesar-Ranchería, Sinú-San Jacinto, Cordillera y los valles inferior y medio del Magdalena, que se deben impulsar sin dilación y con decisión. Asimismo, resulta fundamental acelerar la entrada en producción del campo Sirius en el offshore, idealmente antes de 2031.
De igual forma, el desarrollo de yacimientos no convencionales podría marcar un cambio estructural: se estima un potencial superior a 30 terapiés cúbicos, es decir, cerca de 15 veces las reservas actuales, con producciones que podrían superar los 500 millones de pies cúbicos diarios. Para ello se requiere voluntad política, seguridad jurídica y decisiones basadas en evidencia técnica y científica.
Más de 38 millones de colombianos utilizan el gas natural como energético principal. Garantizar su disponibilidad a precios competitivos no es solo un asunto económico y ambiental, sino social. Las importaciones desde Venezuela pueden ser parte de la estrategia de corto plazo, pero la verdadera sostenibilidad energética —en términos de seguridad, equidad y sostenibilidad ambiental— solo se alcanzará fortaleciendo la exploración, la producción nacional y una política energética coherente y de largo plazo.
*Presidente Fundación Xua Energy y gerente general Valjer Energy
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