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El gobierno de Gustavo Petro anunció un nuevo impuesto en el marco de la emergencia económica, decretada el pasado 22 de diciembre.
En el decreto, con fecha del 21 de enero, el Gobierno argumentó, entre otras cosas, que se ha materializado una “perturbación grave e inminente del orden económico y social asociada a la prestación del servicio público de energía eléctrica”. La principal razón detrás del decreto es la compleja situación de Air-e, comercializadora de energía que presta el servicio en Atlántico, La Guajira y Magdalena. La empresa está intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos desde hace 17 meses.
La deuda asociada al pago de energía de la empresa intervenida más la necesidad proyectada de flujo de caja suman COP 5,44 billones en un horizonte superior a un año, según los cálculos del Gobierno. Esta es la suma necesaria para sostener la operación y ejecutar inversiones mínimas indispensables.
En el decreto, la administración de Gustavo Petro argumentó que cada vez se requieren más recursos para pagar los subsidios de energía, que llegan a los estratos 1, 2 y 3, en un momento en el que hay restricciones fiscales.
“La no aprobación de mecanismos legislativos ordinarios de financiación que contemplaban fuentes adicionales de recursos, ha limitado la capacidad del Estado para responder con la inmediatez requerida a la crisis descrita, haciendo insuficientes los procedimientos habituales de regulación tarifaria, reconocimiento y giro de subsidios y demás instrumentos ordinarios de política pública”, dijo el Ministerio de Hacienda.
Agregó que las empresas intervenidas, como Air-e, necesitan recursos, pero que con los procesos actuales se han desbordado las fuentes ordinarias de financiación del Fondo Empresarial.
La nueva medida del Gobierno Petro
En este contexto, el decreto 0044 del 21 de enero de 2026 creó una contribución parafiscal para fortalecer el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos. La contribución es del 2,5 % sobre la utilidad antes de impuestos en la vigencia 2025 y la tendrán que pagar las empresas de servicios públicos que desarrollen actividades de generación de energía. El pago se hará en dos partes: la mitad el 2 de febrero y la otra mitad el 15 de mayo.
La medida también incluye una “contraprestación tributaria en energía”: las empresas de servicios públicos que generan energía hidráulica deben aportar, en especie, el 12 % de la energía vendida en bolsa para que se distribuya entre las empresas intervenidas. El decreto es claro en que el aporte no puede tener efectos en la tarifa ni en la formación de precios del mercado. A cambio del aporte, habrá un descuento en el impuesto de renta.
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Esta no es la primera medida del Gobierno para enfrentar la crisis de la empresa que presta servicio en el Caribe: a principios de este mes se conoció un borrador de resolución con el que el Gobierno busca que los usuarios paguen COP 8 adicionales por kilovatio en las facturas para financiar parte de la deuda de Air-e.
Las críticas al decreto
La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgén) dijo que el decreto altera de manera “intempestiva e injustificada” el marco jurídico vigente y genera incertidumbre que puede frenar las nuevas inversiones, afectando incluso el desarrollo de la subasta del cargo por confiabilidad y el desarrollo de nuevos proyectos de energías renovables en el proceso de contratación a largo plazo anunciado por el Ministerio de Minas y Energía.
La contribución parafiscal de 2,5 % que se destinará al Fondo Empresarial tendría un recaudo estimado de COP 300.000 millones. Según la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) la medida implica una afectación “directa y desproporcionada” sobre las utilidades de las compañías del sector.
Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, sostiene que el decreto es confiscatorio y presenta vicios de ilegalidad. En la práctica, asegura, la medida del Gobierno de Gustavo Petro obliga a los generadores a hacer una especie de autopago: “Los generadores, en particular los térmicos, mantienen acreencias con la empresa intervenida Air-e del orden de COP 1,2 billones, a lo que se suman aproximadamente COP 500.000 millones correspondientes a obligaciones con el resto de la cadena. En la práctica, el decreto obliga a los generadores a contribuir al pago de su propia deuda”.
Sobre la segunda medida, la que obliga a los generadores hidráulicos a entregar un porcentaje de energía vendida en bolsa, Andeg dijo que introduce distorsiones en el modelo de prestación del servicio porque establece un cruce de cuentas que no soluciona estructuralmente el problema de Air-e.
Para Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco, el Gobierno no ha implementado medidas que realmente permitan solucionar la situación de Air-e. Según las cifras que entregó la cabeza del gremio, cuando la empresa fue intervenida la deuda estaba en COP 500.000 millones, pero en este momento ya supera los COP 2,5 billones. “No hay recursos en el Presupuesto General de la Nación para este tema, tampoco en el Fondo Empresarial, entonces ahora nos dicen que nosotros mismos tenemos que pagarnos la deuda del Gobierno”.
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Castañeda destacó que es “fundamental” que la Corte Constitucional revise pronto la declaratoria de emergencia económica y todos los decretos que ha publicado este Gobierno en el marco del estado de excepción.
Sebastián Correa, experto en derecho tributario de Serrano Martínez CMA, explicó que la Constitución, en el artículo 215, permite declarar este estado de excepción cuando sobrevengan hechos que perturben de forma grave e inminente el orden económico. La clave del análisis está en los “hechos sobrevinientes”: tiene que ocurrir un hecho extraordinario e imprevisible para justificar una medida de este tipo. Para varios analistas, congresistas y gremios económicos, en la declaratoria de emergencia económica el Gobierno describió situaciones graves, pero que no cumplen con las condiciones.
Correa estima que la decisión de la Corte Constitucional, teniendo en cuenta los tiempos de casos anteriores, podría conocerse en marzo o abril. El presidente de Andesco sostiene que el Gobierno sabe que la medida se va a caer en la Corte Constitucional, pero está aprovechando la presunción de legalidad.
Este viernes se conoció que el magistrado Carlos Camargo presentó la ponencia con la que busca suspender el decreto con el que el Gobierno anunció la emergencia económica, mientras la Corte Constitucional toma una decisión de fondo.
Si bien la situación de Air-e exige una respuesta, José Plata, experto en energía y socio de Serrano Martínez CMA, considera que el Gobierno tiene a su alcance otras alternativas como “gestionar ante el sector financiero préstamos respaldados con garantía nación, una medida que se utilizó por la Superservicios en el caso Electricaribe; establecer acuerdos con los acreedores de Air-e para la capitalización de acreencias y acudir a créditos de tesorería del Ministerio de Hacienda”.
Acolgén advierte que el país necesita invertir entre COP 10 y COP 13 billones cada año para asegurar el suministro de energía en el futuro, pero que este cambio en las reglas “debilita la confianza para seguir invirtiendo, justo en un momento en el que Colombia enfrenta un riesgo de escasez de energía firme que, según datos de XM, podría llegar a -3,5 % en 2027″.
Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, defendió que esta decisión, bajo la sombrilla de la emergencia económica, es necesaria después de que el Congreso negó la ley de financiamiento que buscaba COP 16,3 billones para el Presupuesto General de la Nación 2026.
El ministro reconoció que el Estado tiene una considerable deuda de subsidios, cerca de COP 5,1 billones. De acuerdo con Palma, esta medida busca evitar que se materialicen riesgos en el sistema y garantizar la prestación del servicio, especialmente en el Caribe.
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