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Hacer que internet funcione en Colombia no es nada barato. Solo piense en la larga lista de inversiones que demanda: instalación y mantenimiento de antenas, compra del espectro radioeléctrico, tendido de redes de fibra óptica, operación de satélites, ampliación de la infraestructura en zonas rurales, actualización de equipos, inversión en personal técnico y de soporte…
En esto, según la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), en los últimos nueve años operadores como Claro, Tigo, Movistar, WOM y ETB han invertido en promedio $6,2 billones al año (casi una cuarta parte de la actual reforma tributaria, así como el 20 % de sus ingresos operacionales). 2022 tiene la cifra más alta, con casi $9 billones, seguida de 2023, con $8,23 billones.
El debate surge porque algunos consideran que esta carga ya es excesiva y que otras compañías, que también se benefician del funcionamiento de internet, deberían aportar económicamente para el mantenimiento de la red. A esta propuesta se le conoce como ‘fair share’ o participación justa.
Para entenderlo, imagine que internet es una autopista en la que los usuarios somos los carros que circulan y pagamos un peaje a través de la factura del celular o del servicio en casa. Parte de esos recursos los reinvierten los operadores para el mantenimiento y la modernización de esta gran carretera virtual.
En esta analogía, los grandes generadores de tráfico como Netflix, Google, Meta y Amazon (las cuales también reciben el nombre de OTTs) son enormes camiones que ocupan una parte importante de la vía, la desgastan y, aun con todo eso, no pagan peaje.
Y es que si la red móvil en Colombia estuviera compuesta por diez carriles, seis de estos los ocuparían Facebook (con una participación del 29,8 %), YouTube (11,9 %), TikTok (7,5 %), WhatsApp (6,7 %) e Instagram (6 %).
Paralelamente, la demanda de internet crece sin freno en Colombia. Los datos de la CRC detallan que, al cierre del año pasado, las conexiones desde dispositivos móviles llegaron a 49,4 millones, lo que se traduce en un incremento de 2,8 % respecto a diciembre de 2023. La tecnología 5G es la de más amplio crecimiento, pues para diciembre del año pasado alcanzó los 3,8 millones de accesos, lo que equivale al 7,7 % de las conexiones móviles, así como un incremento del 79 %.
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Sin embargo, la que más resalta es la del tráfico de internet móvil, pues el año pasado llegó a registrar 1,61 millones de terabytes, lo que representó un crecimiento de 10,1 % si se compara con 2023. Para ilustrar esta magnitud, es equivalente a reproducir 403 millones de películas de 4GB en alta definición. Adicionalmente, se estima que solo entre 2022 y 2024 el tráfico en el país casi que se duplicó (se multiplicó por 1,57).
El panorama es claro: conforme pasa el tiempo la demanda va creciendo y con ella la necesidad de más inversiones. Lo que dicen los defensores del ‘fair share’ es que tiene mucho sentido que quienes más transitan y desgastan la vía deben aportar para su mantenimiento y modernización.
Lucas Gallitto, director para América Latina de la GSMA (organización que representa a los operadores de redes móviles), explicó a El Espectador que esta iniciativa no solo se concentra en lo económico, sino que, por ejemplo, se podría empezar con la implementación de incentivos, para que estos “grandes camiones” hagan un uso más eficiente de la red. Él las compara con un niño que acostumbra dejar las luces de la casa encendidas pues, como no paga la factura de energía, no tiene un motivo para ahorrar. Algunos ejemplos de esto son compañías enviando videos con resolución 4K u 8K a dispositivos que ni siquiera soportan esas calidades.
“Estas compañías no pagan por el acceso a internet. Lo que impulsamos es pensar metodologías o levantar restricciones que permitan un acuerdo entre operadores y grandes plataformas para lograr un uso eficiente de estas redes. Si siguen así es como pretender que una fábrica de televisores no pague por la energía eléctrica que necesitan para la fabricación, bajo el pretexto de que esos aparatos luego se van a conectar a la red eléctrica y van a generar un consumo que beneficiará a la compañía de energía”, señaló.
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Andesco (la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y Comunicaciones en Colombia) también se ha pronunciado sobre este tema. Su posición es que el país debe adoptar el ‘fair share’ con inversiones que coadyuven a cerrar la brecha digital en el país.
Esta asociación manifestó su desacuerdo frente a un reciente estudio que, sobre este tema, adelantó la CRC. Lo que señala el regulador en ese documento es que no hay evidencia de que el incremento en la demanda de internet en Colombia ponga en riesgo de congestión a la red. Tampoco consideran que haya fundamentos técnicos que justifiquen cobros a plataformas como Netflix, Facebook y Google.
“No hay evidencia que vincule el aumento del tráfico de datos con inversiones inesperadas o imprevistas por parte de los operadores, por lo que este fenómeno no constituye, por sí solo, un motivo para imponer obligaciones regulatorias. El crecimiento del tráfico se considera previsible y parte natural de la planeación de las redes”, señaló la CRC.
Aún con la información técnica presentada por el regulador en el estudio, Andesco considera que con base en la misma información se puede llegar a una conclusión diferente, ya que la no exigencia de un aporte puede generar asimetrías injustas para los operadores.
“Existe un desequilibrio, puesto que las plataformas digitales alcanzan altos niveles de rentabilidad, mientras que los operadores, que sostienen la conectividad del país, enfrentan una disminución en sus ingresos y utilidades, y el alto tráfico generado por las plataformas mencionadas es una de las causas principales de esta disminución”, añade el gremio. También advierte que la falta de estos recursos limita las inversiones que los operadores pueden hacer en zonas rurales y apartadas, lo cual implica una afectación en el cierre de la brecha digital.
Los reparos al ‘fair share’
Juan Diego Castañeda, codirector de la Fundación Karisma, señala que algunas OTT consideran que este tipo de iniciativas violan la neutralidad de la red, la cual establece que todos los datos en internet deben ser tratados por igual, sin discriminación o preferencias. Es decir, y siguiendo con el ejemplo de la carretera, que todos los vehículos circulen en igualdad de condiciones y sin que nadie reciba privilegios por pagar más.
Estos mecanismos de ‘fair share’ podrían derivar en que los usuarios experimenten problemas para acceder a la información o que unos contenidos se prioricen sobre otros. A esto se suma posibles costos extra para los usuarios pues, si plataformas como Netflix deben empezar a pagar a los operadores, es posible que trasladen esos gastos a sus suscriptores.
“En términos de derechos humanos, esto también implica barreras de acceso a la información porque cambiar la estructura de costos y pagos puede afectar la disponibilidad y calidad del servicio. En libertad de expresión también implica desafíos, porque quien no paga no puede entrar, lo que podría derivar en un futuro con más censura”, detalla Castañeda, quien también es consciente de que si los operadores dejan de invertir en expansión se crearán problemas de brecha digital e innovación.
Para él, el ‘fair share’ no necesariamente resuelve el problema porque, por ejemplo, ¿cómo sabríamos que los operadores sí invertirán esos dineros en más y mejor infraestructura? Castañeda es enfático en que se podrían explorar otras alternativas. Para el caso colombiano un buen candidato podría ser el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (FonTIC), adscrito al Ministerio de la TIC y que tiene como propósito financiar los planes, programas y proyectos que permitan facilitar el acceso universal a estas tecnologías.
El ‘fair share’ abre una pregunta incómoda, pero inevitable: ¿debe pagar más quien más usa la red, y esa lógica amenaza con fragmentar la esencia misma de internet?
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