Invías y la ANI, ¿las que mejor contrataron en 2017?

Según la CCI, estas fueron las entidades que tuvieron las mejores prácticas de adjudicación. Aunque el estudio tuvo en cuenta 37 criterios, analistas desconfían porque no tiene en cuenta la ejecución de los contratos.

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Este viernes, el observatorio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) publicó un estudio en el cual realiza un ranquin de las entidades estatales (nacionales y distritales) con las mejores prácticas de contratación, tanto en obra pública (licitación pública) como en estudios, diseños e interventorías (concursos de méritos).

“El estudio incorpora todos los procesos de contratación del sector de infraestructura de transporte registrados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) en el año 2017, correspondientes a 640 entidades. Por lo que se revisaron un total de 5.224 contratos adjudicados por valor de $6,02 billones. De las 640 entidades se evaluaron 60, las cuales adjudicaron un total de 1.368 contratos, por un valor de $4,99 billones, que porcentualmente equivale al 83 % del total”, dice la ficha técnica del estudio.

Luego de evaluar las diferentes entidades, con base en 10 criterios (ver infografía), el estudio concluye que en la categoría de contratación de obras civiles los tres primeros lugares (las que mejor contratan) los ocupan el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Aeronáutica Civil (Aerocivil), mientras Transmilenio se lleva el primer lugar entre las entidades distritales. En la categoría de estudios, diseños e interventorías, el escalafón es muy similar, de nuevo con el Invías y la ANI como las mejores del país.

Los resultados de este informe, que destacan la labor de algunas de las principales entidades de licitaciones del país, chocan con el duro momento para el sector de infraestructura: por un lado, debido al escándalo de Odebrecht, contratista de proyectos como la Ruta del Sol II, que estalló entre finales de 2016 y comienzos de 2017 y puso en evidencia una profunda red de corrupción que tiene investigados, y en algunos casos condenados, a varios senadores, exfuncionarios del Gobierno, contratistas y empresarios, e incluso motivó la renuncia del entonces presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, quien está actualmente recluido en casa por cárcel mientras enfrenta su investigación.

Como si no fuera suficiente, hace un mes colapsó un tramo del puente Chirajara en la vía Bogotá-Villavicencio, que dejó nueve personas muertas. Los informes que se han revelado señalan un error en el diseño, por lo que la comisión de expertos que contrató el Gobierno recomendó la demolición de la parte de la estructura que sigue en pie.

Sin embargo, se debe reconocer que los polémicos contratos que tienen en un ambiente de incertidumbre al sector se entregaron antes de 2017, año de estudio del informe: las investigaciones de Odebrecht se refieren principalmente a los contratos que se dieron entre 2009 y 2014 y la concesión de la doble calzada se le otorgó a Coviandes en 1994, con un otrosí en 2010. Aunque también se debe mencionar que en el ranquin de 2016 la ANI (en la categoría de interventorías) y el Invías (en la categoría de obras públicas) también recibieron muy buenas calificaciones por parte del observatorio de la CCI.

Asimismo, la metodología empleada es uno de los puntos del que desconfían los analistas del estudio de la CCI. Por ejemplo, Eduardo Sarmiento, director del Centro de Estudios Económicos de la Escuela Colombiana de Ingeniería y autor del libro La crisis de la infraestructura vial (1996), advierte que “debido a que el estudio evalúa con base en requisitos, y no resultados, es difícil creerle. Es como si evaluáramos a un estudiante según su perfil y no según lo que responde en el examen”.

Sarmiento agrega que “la forma en la que se debió realizar la investigación es por medio de un seguimiento de cada contrato a lo largo del tiempo. En vez de evaluar las licitaciones de un solo año, se debería tomar un período como de cinco años y determinar en cuántos de esos contratos se cumplieron todos los compromisos: cumplimiento del presupuesto, plazos de la obra, estándares de calidad, etc”.

De manera que, si bien el estudio tuvo en cuenta más de 27 criterios agrupados en 10 capítulos, la situación actual del sector y la metodología empleada abren interrogantes sobre este estudio como un termómetro de calidad de las entidades estatales en materia de contratación.

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