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El gobierno de Gustavo Petro volvió a ganar una batalla en el Congreso con la aprobación en el Senado de la reforma pensional, pero el tiempo es ahora el peor enemigo de la iniciativa. Pasaron nueve meses entre la probación en la Comisión Séptima (julio de 2023) y la aprobación en la plenaria; ahora quedan 57 días para dos debates, en los que se volverán a discutir los 96 artículos, con especial énfasis en los puntos más polémicos, entre ellos la vigencia y el umbral de cotización.
Desde ya, el Gobierno está preparando su estrategia para el trámite en la Cámara de Representantes. Este miércoles, por ejemplo, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, visitó la Casa de Nariño para ajustar detalles.
En la historia del trámite en el Senado están los meses sin avances, con las declaraciones de funcionarios del Gobierno advirtiendo que ya se iba a citar sin que esa afirmación se concretara en la agenda. También las seis sesiones saliendo de impedimentos, suspendidas por falta de quórum, sin progresos, y la sesión informal que tuvo su primera ronda en una asistencia inédita (aunque poco productiva) un martes de Semana Santa.
En abril se metió el acelerador: el 3, el mismo día en que se hundió la reforma a la salud, la plenaria negó las dos ponencias de archivo, 12 días después negó la alternativa (de la senadora Norma Hurtado) y al otro día empezó la aprobación del articulado.
En las sesiones del 16, 17, 22 y 23 de abril pasaron los 94 artículos del proyecto y se sumaron dos nuevos, uno concertado con todos los partidos sobre las características del fondo de ahorro y otro aprobado a último minuto sobre el enfoque diferencial que debe tener cada pieza del sistema de pilares. Los enfrentamientos con la oposición fueron protagonistas, desde las acusaciones de vicios de trámite y “pupitrazo”, pasando por la dilación del debate (por ejemplo, los argumentos en la discusión sobre el proyecto para la celebración del centenario de Marquetalia, Caldas), hasta los senadores corriendo por el pasillo para salirse del recinto cuando llegaba la hora de votar, con el ánimo de desarmar el quórum.
El pulso se sintió de principio a fin. Para la muestra, un botón: la votación de una proposición no avalada para que el proyecto entrara en vigencia en 2026 puso a temblar a los congresistas del Pacto Histórico y a los funcionarios de Gobierno, considerando que cada día extra ponía en riesgo la iniciativa. Ya habían pasado más de 15 minutos y todavía faltaba un voto. El ministro del Interior llamaba por teléfono, caminaba de un lado a otro; María José Pizarro, vicepresidenta del Senado, se cogía la cabeza. Todos miraban la entrada. Finalmente, el senador Richard Fuelantala, de la Circunscripción Especial por Comunidades Indígenas, entró al recinto, fue a su puesto, votó. La plenaria aplaudió. Se salvó el quórum. Se salvó la reforma.
Fuelantala dijo a la plenaria que está en el Congreso para defender los derechos de la población rural y manifestó su inconformidad porque se negó su proposición para un enfoque diferencial sin escuchar sus argumentos, que incluían una menor expectativa de vida para esa población. Pidió que no se malinterpretara la situación. Así las cosas, el Senado terminó de votar la vigencia (que finalmente se estableció en julio de 2025) y aprobó en bloque el título, el paso del proyecto a la Cámara y el artículo nuevo que dice que los requisitos de número de semanas y años deben ajustarse a la baja para los pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palanqueras y campesinados.
Para ganar la batalla, el Gobierno tuvo que ceder, y no solo en el artículo nuevo. La llave que abrió la puerta del triunfo de la reforma en el Senado fue la concertación con el partido Liberal y de La U. Pese a la insistencia de los funcionarios e incluso del mismo presidente Gustavo Petro por mantener el umbral de cotización en Colpensiones en tres salarios mínimos, finalmente se acordó un umbral de 2,3 salarios. El límite no convence del todo a los expertos, que aseguran que debería bajarse más en pro de la sostenibilidad del sistema.
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Si lo aprobado en Senado se mantiene, todos los afiliados cotizarán hasta 2,3 salarios en Colpensiones y de ahí en adelante en los fondos privados. Es decir, si usted gana un salario o dos, solo cotizaría en Colpensiones, pero si gana tres, cotizará una parte en Colpensiones y una parte en las AFP. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, cerca de 2,3 millones de personas cotizan por encima de $2.990.000 (umbral de 2,3 salarios mínimos), estos serían los afiliados que llegarían a cotizar una parte en los fondos privados. De los $52 billones que mueve al año el sistema, el 34 % entraría a los fondos privados y el 66 % a Colpensiones.
El otro punto vital para el sistema que sufrió cambios fue el fondo de ahorro del pilar contributivo, que invertirá las cotizaciones para idealmente multiplicar el dinero y hacer más sostenible el sistema. Inicialmente, se propuso que Colpensiones lo administrara, pero se cuestionaron sus capacidades técnicas, gobernabilidad e independencia del Ejecutivo. El artículo más concertado de la reforma, que contó con firmas de todos los partidos, pasó este fondo a las manos del Banco de la República.
De acuerdo con lo aprobado en Senado, el fondo contará con un comité directivo conformado por el ministro de Hacienda, el ministro de Trabajo, el director del Departamento Nacional de Planeación, cuatro expertos seleccionados por la junta directiva del Banco de la República (cada uno tendrá un periodo de cinco años y podrá ser reelegido una vez) y el presidente de Colpensiones que tendrá voz, pero no voto. El comité se encargará de aprobar, entre otras cosas, la política de administración de los recursos.
El espíritu de la pensional
La arquitectura del sistema del Gobierno Petro, salvo ciertos cambios, salió intacta del Senado. Se mantiene el norte de aumentar la cobertura en un país en el que hoy solo se pensiona una de cada cuatro personas mayores. La principal apuesta en este sentido está en los pilares solidario y semicontributivo, que, hay que aclarar, no entregarán pensiones porque según la Constitución las mesadas no pueden ser de menos de un salario mínimo, pero sí un ingreso para la vejez.
El pilar solidario contempla una renta básica que corresponderá como mínimo a la línea de pobreza extrema (cerca de $223.000). Los beneficiarios serán personas mayores en condición de pobreza que no logren tener una pensión; se estableció un requisito de edad superior a la del pilar contributivo, en este caso 65 años para los hombres y 60 años para las mujeres.
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El Senado incluyó en este pilar a las mujeres mayores de 50 años y los hombres mayores de 55 años con discapacidad, que tengan una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50 % y que no cuenten con recursos; a cuidadores de personas en condición de discapacidad que por su trabajo no cuentan con ingresos y a pertenecientes a pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros y a campesinados que cumplan ciertos criterios (que se establecerán más adelante, según el artículo de enfoque diferencial).
En el pilar semicontributivo entrará buena parte de la población colombiana. Está diseñado para quienes ahorraron, pero no lo suficiente para cumplir con el requisito de semanas, a estas personas actualmente se les devuelve lo que cotizaron (en el caso de Colpensiones, sin intereses), pero con la reforma pensional ese dinero se convertirá en una renta vitalicia. La plenaria del Senado cambio la fórmula para calcular las rentas de quienes no son beneficiarias del pilar solidario, pasando de un subsidio de 15 %, a uno de 20 % para los hombres y de 30 % para las mujeres. Hasta ahora, los requisitos incluyen haber cotizado entre 300 y menos de 1000 semanas y la edad para ser beneficiario es la misma que la del solidario (65 años hombres y 60 años mujeres).
La única proposición no avalada por el Gobierno que aprobó el Senado fue la de modificar el artículo 36, sobre el beneficio de semanas para mujeres con hijos. El cambio implica que, básicamente, el requisito de semanas para las mujeres quedará en 1.000 (por la orden de la Corte Constitucional), pero podría llegar a las 850 si la mujer tiene tres hijos (por el bono de 50 semanas por cada hijo nacido). La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dijo en la plenaria que la medida no es sostenible fiscalmente y por eso el Gobierno no la apoya.
Lo aprobado por el Senado puede cambiar en el maratónico recorrido que le espera a la reforma pensional en la Cámara de Representantes: antes del próximo 20 de junio, la iniciativa debe ser aprobada en la Comisión Séptima y en la plenaria, para luego pasar por la conciliación (esta fecha límite sin contar con las extras del Congreso, que citará el Gobierno).
Cada minuto perdido en Senado se debe recuperar en la Cámara. En los próximos 15 días se conocerá la ponencia para tercer debate, después de ese tiempo puede arrancar la discusión. También se esperan los cálculos actualizados, los números que reflejen las novedades. Aunque es claro que el Gobierno tiene apoyos más firmes en la Cámara y, por ende, se espera un transitar sin mayores sobresaltos, el tiempo juega en contra.
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