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Una verdadera controversia se ha formado alrededor del futuro del dominio .co en Colombia, que es básicamente la identidad, el “apellido”, del país en internet. Existen algunos dominios muy populares, como el .org o .net. El de Colombia, bajo el cual están registrados más de 2,2 millones de sitios web, ha sido descrito como muy atractivo de forma especial para las empresas del mundo por la relación que fonéticamente puede tener con palabras como “comercio”, “compañía” o “corporación”.
Al ser el “apellido” de Colombia en internet, es un activo de la Nación, que está concesionado desde hace 10 años. Actualmente lo administra la empresa .CO Internet SAS, propiedad de la estadounidense Neustar. La controversia en cuestión resulta de que esta última compañía considera que, en el marco de la ley y el contrato vigente, tiene derecho a que éste se prorrogue. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), autoridad a cargo del asunto, cree que no.
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El gobierno, de hecho, ha anunciado el inicio de un proceso de selección para encontrar al administrador que tendrá la responsabilidad a partir del próximo año. La ministra TIC, Sylvia Constaín, ha sido enfática en que esta será una licitación “pública, abierta, transparente e internacional”, en la que las empresas interesadas podrán participar libremente, incluida .CO Internet SAS, si así lo decide. “Debemos buscar los mejores modelos y formas para prestar el servicio y promover el crecimiento del dominio”, dice Constaín.
Los actuales administradores, por supuesto, no están de acuerdo con que se lleve a cabo ese proceso, por lo que pidieron al Consejo de Estado medidas cautelares y manifestaron la intención de iniciar un proceso de arbitraje internacional en el marco de los acuerdos de inversión del tratado de libre comercio (TLC) con EE. UU. Al alto tribunal colombiano, tanto Neustar como .CO Internet SAS le pidieron que mantenga la concesión actual hasta que se resuelva la disputa internacional, que se suspenda todo lo relacionado con la licitación anunciada por el Mintic y que éste “formalice” la prórroga hasta 2030.
Entre otras cosas, también solicitaron que a ese ministerio se le prohíba dar “declaraciones públicas, a los medios de comunicación y redes sociales, incluidas páginas oficiales de internet, que puedan generar un juicio o exposición pública negativa en contra de los inversionistas (…)”. El Consejo de Estado tomó su decisión el pasado 9 de octubre, por lo menos en el proceso iniciado por .CO Internet SAS: se declaró competente en el caso, pero negó las medidas cautelares, pues la intervención del alto tribunal sólo puede darse una vez se haya iniciado formalmente el arbitraje internacional, cosa que, para el momento de la decisión del auto, no se había dado.
Eduardo Santoyo, gerente de .CO Internet SAS, explicó que es consciente de que “no hay prórroga automática”, pero que el contrato (y la ley en que se fundamentó) contempla la posibilidad de que sea prorrogado. “Hay un derecho a gestionarla y tramitarla (la prórroga)”, sostiene Santoyo. Agrega que la empresa que gerencia ha tenido intención de sentarse a discutir con el Mintic sobre las condiciones aceptables para ambas partes, de manera que pueda seguir administrando el dominio por otros 10 años, pero no ha recibido la respuesta que espera por parte del Ministerio.
Según la ministra, adelantar una licitación es la “decisión a la que estamos abocados en un sector tan dinámico. Nos pueden presentar una propuesta, pero cómo digo sí o no, si no tengo (elementos de) comparación. La forma de encontrar el mejor esquema para el país es abriendo una licitación para conocer propuestas”. En relación con el “mecanismo de solución de controversias con inversionistas” Constaín agrega que el Mintic “ha cumplido con todas sus obligaciones”, y concluye: “en Colombia no hay concesión que dure eternamente”.
Para la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem), el Mintic, “al terminar la concesión de 10 años que había otorgado a Neustar, está en libertad de no prorrogarla y abrir una licitación para seleccionar el nuevo administrador a partir de febrero de 2020”. Según Ismael Arenas, presidente de la asociación, “la demanda sustentada en la protección de la inversión extranjera mediante el TLC no debería ser argumento para extender de manera indefinida el contrato de concesión 0019 de 2009”.
Como están las cosas, parece inminente que serán las instancias internacionales (el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Ciadi) las encargadas de dirimir el asunto. Según el actual administrador del dominio, de llevarse a cabo la que considera una “expropiación de la inversión” e incumplimiento del TLC, debería haber una compensación de, por lo menos, US$350 millones para Neustar/.CO Internet SAS. El gobierno, mientras tanto, se prepara para dar a conocer los documentos para la licitación.
Lo cierto es que el tiempo apremia, pues el contrato actual vencerá en febrero próximo. A corte del primer trimestre de 2019, el dominio .co había dejado para la nación una cifra cercana a los $35.000 millones, dirigidos al fondo de recursos del sector (Fontic), fondo que, antes de fusionarse este año con el fondo de televisión por mandato de la ley TIC, manejaba cerca de $900.000 millones al año. La de ahora, no obstante, no es la primera polémica que envuelve al dominio .co.
Ha habido interpretaciones de la ley que sostienen que no es el Mintic sino la Comisión de Regulación de Comunicaciones la que debe decidir sobre este activo de la Nación, algo con lo que, por supuesto, el Ministerio no está de acuerdo. Asimismo, ha sido objeto de controversia el hecho de que .CO Internet SAS empezara siendo una empresa de capital principalmente colombiano, para luego pasar a manos de la inversión estadounidense a partir de cambios que se hicieron a las condiciones del contrato. Con base en esos argumentos, entre otros, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudia desde 2018 una acción popular en contra del Mintic, que aún está por resolverse.
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