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A cuatro días hábiles de que se cierre el plazo para la presentación de propuestas en la polémica licitación del tercer canal de televisión, un proyecto de modificaciones al pliego de condiciones, que se ha venido trabajando silenciosamente en el seno de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), anuncia desde ya un nuevo escándalo que se suma a todos los que actualmente tiene esta licitación, hoy sujeta a un solo proponente y la negativa de otros dos consorcios a participar por falta de mínimas garantías.
Según conoció El Espectador, la CNTV estudia un borrador que podría quedar aprobado antes de concluir la semana, en el cual se reforman tres aspectos técnicos y económicos de la licitación que podrían modificar sustancialmente las reglas de juego del actual proceso. Aunque los ajustes que estudia la Comisión parecen revestidos del interés de facilitar la puesta en marcha del tercer canal, en la letra menuda apuntan a facilitar la operación del único proponente que se mantiene en la licitación.
En primer término, en el acápite “Objeto de la licitación”, se pretende que la CNTV pueda “autorizar la reasignación de frecuencias entre operadores en las condiciones pactadas entre ellos”. Y asimismo, que en el caso de que se trate de la reasignación de las frecuencias del canal Teveandina o Canal 13, las condiciones económicas del convenio puedan ser determinadas por el Ministerio de Comunicaciones, de tal manera que se garantice “la ecuación económica del contrato”.
Según los entendidos, esta modificación no pretende asunto distinto a que los actuales concesionarios de Teveandina se vean forzados a negociar su frecuencia con la empresa que resulte elegida para operar el tercer canal de televisión. La cláusula sería ampliamente favorable a este tercer operador y de paso dejaría sin la misma opción a los actuales canales privados, que eventualmente también podrían tener intereses en negociar esa frecuencia.
En la actualidad, la frecuencia de Teveandina pertenece al Estado, específicamente a los antiguos territorios nacionales y el Ministerio de Comunicaciones. Sin embargo, es operada por una sociedad de economía mixta, que en principio tendría plenos derechos a no acceder a la modificación de su contrato. Por esas razones, la pretensión de reasignar esta frecuencia con aras de facilitar la operación del tercer canal, es claramente contraria a la transparencia de la licitación.
En segunda instancia, el borrador conocido por El Espectador señala que en uno de los numerales titulado “Requisitos técnicos”, la CNTV quedaría habilitada para establecer condiciones a los concesionarios u operadores dueños de las redes existentes, así como el operador entrante, con el propósito de “preservar la libre competencia y el uso eficaz de la infraestructura”. La idea de la CNTV es que adicionalmente el uso de las redes existentes sea remunerado a costos de oportunidad y sin degradar la calidad del servicio.
En otras palabras, lo que parece pretender la CNTV es que los actuales operadores de las redes de transmisión tengan que compartir o negociar el uso de esta infraestructura con la empresa que llegue a operar el tercer canal de televisión. Una insólita propuesta que, para los expertos, lleva a un necesario interrogante: ¿bajo que ley, con qué costos y bajo qué condiciones se va a conminar a los actuales canales privados de televisión a que compartan sus redes de transmisión y faciliten a un tercer competidor una herramienta de la cual carece?
Finalmente, el proyecto de la Comisión de Televisión, estudiado con mucho sigilo en el seno de la junta directiva, busca modificar los actuales porcentajes para aquellos socios que obligatoriamente tienen que incluir los licitantes del tercer canal, con el fin de que entre los accionistas se acredite la presencia de un aliado técnico que garantice experiencia, profesionalismo y capacidad para la calificación, clasificación en el Registro Único de Operadores (RUO), así como en la confianza para el buen desempeño del concesionario.
En la actualidad, durante los primeros cinco años, la participación del socio técnico no puede cambiar respecto al porcentaje con el cual se acreditó ante el RUO. Y lo que busca la CNTV es que esta participación se pueda modificar o incluso reducir hasta el 10%. Esta disminución en la participación del aliado técnico genera más suspicacias respecto a las pretensiones del organismo rector de la televisión colombiana. ¿Qué hay detrás de que se pretenda mermar la coadyuvancia del socio técnico, sin pedir permiso al organismo? Seguramente este sensible aspecto reabrirá el debate.
Así las cosas, a cuatro días hábiles de que se cierre el plazo para la presentación de ofertas para el tercer canal, el asunto continúa enrevesado. En la práctica solamente hay una propuesta sobre la mesa, la del denominado Grupo Planeta. Los llamados Grupos Prisa y Cisneros, por falta de garantías, se niegan a participar en el proceso. ¿Se busca flexibilizar las condiciones para que uno de los consorcios renuentes participe y así se pueda legitimar el proceso con ganador anunciado? Por lo pronto, un proyecto a puerta cerrada pretende volver a cambiar una vez más las reglas de juego.