Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Los procesos de intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos en empresas con malos manejos financieros dejan flacos resultados. Prueba de ello es la empresa Emcali, que tras varios años de haber sido intervenida sigue afrontando problemas corporativos.
Ese mismo temor ha comenzado a expandirse entre los habitantes de los siete departamentos de la costa Caribe que atiende la intervenida Electricaribe, un mercado con más de 10 millones de habitantes que consumen 25 % de la energía generada en el país.
Lea también: Ángela Rojas: “Electricaribe se entregará sin deudas”
Ya han pasado tres años largos desde aquel 15 de noviembre de 2016 cuando la Superintendencia tomó posesión de los bienes y haberes de la electrificadora, que en su momento estaba en manos de la empresa española Fenosa. Cada día se hace más difícil llegar a la normal prestación del servicio de energía eléctrica tras el reciente aplazamiento de la subasta que escogerá el nuevo operador. La siguiente fecha fue fijada para el 20 de marzo por solicitud de una de las empresas interesadas en el proceso, dicen personas allegadas al negocio.
Para borrar cualquier asomo de duda sobre la suerte de la subasta, la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño, salió a disipar las incertidumbres. “Algunos de los interesados nos solicitaron que reprogramáramos el cronograma de la subasta para dentro de tres semanas y nosotros, siendo conscientes de la complejidad de la transacción y lo que comporta la preparación de la documentación de esta última fase, consideramos que esas tres semanas eran ajustadas a lo que pedían”, dijo.
Ante la imposibilidad de encontrar un operador interesado en asumir la prestación del servicio de energía eléctrica en la costa Caribe, el Gobierno decidió segmentar el mercado en dos. Caribe Sol: compuesto por Magdalena, Atlántico y Guajira, que representa el 10,8 % del mercado con 1,2 millones de usuarios; y Caribe Mar, en donde están los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar, con el 10,9 % del mercado y por lo menos 1,5 millones de clientes.
La primera adjudicación fue programada para el cuatro de octubre del año pasado, fecha que no se cumplió. Luego, posteriores subastas programadas fueron aplazadas hasta llegar a marzo 20 como última opción para concretar la puja por el mercado de la costa Caribe.
Empresarios y personas informadas en el tema coinciden en que hay algunos factores que llenan de duda en las cuentas de algunos de los seis proponentes. Uno muy serio tiene que ver con la regulación tarifaria, el costo de las restricciones (generaciones requeridas para garantizar voltajes adecuados y estabilidad del sistema) y las garantías para ejecutar las inversiones que se tienen que hacer con prontitud. Para el mercado de Caribe Sol (Magdalena, Atlántico y Guajira) se necesitan $3,8 billones y para Caribe Mar (Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar) se estiman $4,9 billones.
Sin embargo, otros analistas argumentan que los aplazamientos se deben a procedimientos y no a problemas de fondo. El pedido de extender hasta el 20 de marzo se hizo por solicitud de uno de los participantes para cumplir las exigencias de la subasta, sostuvo el analista.
“Los empresarios de la región Caribe requieren una solución definitiva y eficaz, un servicio eficiente que ofrezca confiabilidad y genere competitividad al sector empresarial”, dijo Alberto Vives de la Espriella, gerente de la seccional de la ANDI Barranquilla. “En este orden de ideas sí se requiere ampliar los plazos para conseguir potenciales proponentes. A pesar de que la solución definitiva se requiere con urgencia, estamos dispuestos a esperar las tres semanas adicionales en las que se amplió el plazo”, señaló el dirigente gremial.
Para el momento de la intervención, los usuarios de Electricaribe padecían alrededor de 96 horas de interrupciones en el servicio de energía, cuando la media nacional era de 38 horas.
En procura de salvar a Electricaribe, o para apoyar al nuevo operador, el Gobierno y el Congreso le apostaron a una sobretasa incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, que equivale a una tarifa de $4 por kilovatio hora para el consumo de energía de los estratos residenciales 4, 5 y 6, lo mismo que para los comerciantes, industriales y no regulados. Quedaron exentos los estratos de menores ingresos.
Esta sobretasa se extenderá hasta diciembre de 2022. El dinero recaudado alimenta el Fondo Empresarial, administrado por la Superintendencia de Servicios Públicos, y que va a permitir la prestación del servicio de energía en los mercados atendidos por las empresas intervenidas por la entidad de control.
La superintendente Avendaño recordó que durante los tres años de intervención se han desembolsado para inversión $860.000 millones por parte del Gobierno para garantizar el primer año del plan de inversiones, mientras se selecciona al nuevo operador.
En los tres años de intervención se han invertido $1,8 billones para la operación y garantizar la prestación del servicio en la costa Caribe, recursos que hacen parte de los ingresos del Fondo Empresarial. Hasta febrero de este año, al Fondo habían ingresado por el cobro de la sobretasa cerca de $40.000 millones.
Camilo Manzur, director de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), dice que “tanto para el sector eléctrico, como para la Costa, es fundamental que el proceso sea exitoso para que podamos avanzar de manera importante en el modelo. Creemos que los actores que lleguen deben tener una experiencia adecuada, buen músculo financiero y ser unos jugadores estratégicos para solucionar el problema estructural de la región Caribe de manera definitiva”. Vives sostiene que la Costa lleva 40 meses esperando la solución, “20 días más no es nada, si eso se traduce en la mejora del servicio”.
Por su parte, Ana María Badel, directora de Probarranquilla, dijo que entienden la importancia de la transacción y “esperamos que el proceso culmine con éxito el 20 de marzo”.
Otra carga que pesa sobre Electricaribe, que debe asumir el Estado, es la demanda interpuesta por la española Naturgy, que pretende una indemnización de US$1.626 millones. Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ha dicho que el proceso va adelantado: “En diciembre tuvimos la audiencia en Washington (…), después de esto sólo está pendiente el laudo. Calculo que será después de julio”.
Conoce más