La pelea entre la ANI y la concesión Bogotá-Girardot

Resulta que ese día Andrade reveló que, tras el fallo a favor del Estado de dos tribunales de arbitramento, se condenaba a la concesión Bogotá-Girardot a pagarle $79.146 millones por “demoras e ineficiencias”, dijo el funcionario, que resumió así: dejaron la compra de predios para el final. “Por eso hay una condena para compensar por $22.000 millones en daño a la Nación”. Hicieron tarde algunas obras, “el efecto de eso es de $10.000 millones”. Y hubo obras que no se hicieron, como la variante a Boquerón, “que costó $32.000 millones”.

Andrade fue enfático en que “esta decisión es muy importante, porque es un precedente en la relación entre contratista y Estado”. Recordó que unos años atrás, “siempre que había un incumplimiento, demandaban al Estado y ganaban. En este caso no. Ya la regla no es que el Estado pierda. Ahora el Estado gana”.

En términos generales, de nuevo, Andrade recalcó que la concesión debía pagar. El Espectador le preguntó quién conformaba dicha concesión, para ponerle cara al doliente. “El concesionario es liderado por la firma Álvarez y Collins, se llama la concesión Bogotá-Girardot y está obligada a hacer tanto los pagos en especie como a terminar las obras”. Y agregó: “El efecto del pago es inmediato y ya quedó en firme la sentencia. A partir de este momento comienzan a correr intereses si hay demora en el pago. Hasta ahora no hemos recibido dinero”.

Por eso, ayer, el empresario Carlos Collins junto a la representante legal y gerente general de la concesión, Luz Mélida Gamboa Mesa, salieron desde la otra esquina del ring a sentar su posición y defender sus intereses. Collins fue preciso en que la concesión la conforman en un 25% Vergel y Castellanos, un 25% Alejandro Char Chaljub (como persona natural), un 25% Álvarez y Collins S. A., un 24,9% la DIAN y un 0,1% Bapacol (Fuad Char), de tal forma que sí deben asumir por eso cerca de $80.000 millones, como dice la ANI. “Aquí hay mucha gente que responde por toda la deuda”.

Acto seguido, para despejar dudas, apuntó: “Lo quieren poner como si esto fuera una pelea personal con el Gobierno. Lejos de eso”. Hablando de la concesión, una de las más transitadas del país, dijo: “Ahí está a la vista de todos, pueden ir, está en operación, no tiene ningún problema, está en operación el túnel, todo… y ahora resulta que en un fallo absurdo nos dicen que faltan obras”.

Entonces tomó la vocería Gamboa Mesa, para recordarle a la ANI que “estos laudos no son solamente a favor del Estado, sino en contra del Estado, pues al tratarse de la concesión de una sociedad anónima de objeto único, son responsables solidariamente de estos laudos sus accionistas”. Lo que quiere decir que la DIAN también tendrá que responder por esa deuda. Por eso, El Espectador le preguntó a la dirección de impuestos sobre el tema, pues este caso resulta siendo un choque de trenes entre entidades estatales. La DIAN, entonces, respondió que tendrá que esperar el final del proceso para poder sentar una posición definitiva.

Este diario también consultó a Alejandro Char, actual alcalde Barranquilla, quien respondió que “las decisiones de los tribunales de arbitramento las respeto, hace varios años vendí los derechos de usufructo de las acciones de esa sociedad, no participo en las decisiones de la misma y espero que su junta directiva tome las acciones empresariales correctas para cumplir con sus obligaciones contractuales y judiciales”.

Gamboa Mesa explicó, además, que interpondrán los recursos que les otorga la ley y que en este caso se trata de un “recurso de anulación ante el Consejo de Estado, estamos seguros de que finalmente la justicia nos dará la razón, pues esos laudos tienen errores muy graves”. Por ejemplo, citó que no existió demora en la gestión de los predios, pues el 70% del valor está representado en un predio que era propiedad del Ministerio de Defensa en donde se construyó la variante a Melgar. El otro 30% fue a propietarios a los que se les pagó de acuerdo con el avalúo inicial, por lo que “no se presentaron pagos adicionales”. También dijo que en el caso de la variante a Boquerón, tras un acuerdo con la ANI y ante la solicitud de la comunidad, lo que se hizo fue no aislar de la vía nacional a dicha población.

Al final, la representante legal de la concesión concluyó que al tener que pagar, tal como lo establecen los tribunales de arbitramento a la fecha, “esta situación se constituye en un enriquecimiento sin justa causa de una de las entidades del Estado, la ANI, en detrimento de otra, la DIAN, y los demás accionistas”.

Pero ahí no para todo. Tanto Collins como Gamboa Mesa consideran que la reversión de esa concesión aún no se puede dar, como sí lo advirtió el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade. “Hay una controversia con el Estado, por eso está interpuesto el Tribunal de Arbitramento número tres. Está escrito en el otrosí número 15: el ingreso esperado de la concesión es de $1,2 billones y la ANI considera que es otro monto. La concesión sólo termina cuando al concesionario le paguen la totalidad del ingreso esperado”. La pelea, pública, apenas comienza.