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Se empiezan a ver y a sentir las consecuencias de que la Corte Constitucional haya tumbado la licitación para la recolección, el barrido y la limpieza de las basuras en Bogotá, por considerar que el negocio no tenía en cuenta a los recicladores. Sin proceso licitatorio, el servicio se presta ahora bajo el esquema de la libre competencia. Cualquiera, sin tener que pedir permiso especial, puede entrar a operar en las calles. Los expertos habían advertido que la situación podría terminar generando un caos en la ciudad.
Y el primer escenario del desorden es la central de abastos Corabastos, la segunda plaza de mercado más grande de Latinoamérica (después de la del D.F., en México) que más basura produce a diario: unas 100 toneladas de residuos que la convierten en apetitoso negocio para las empresas de servicios públicos.
Los residuos que dejan los seis mil comerciantes de esta corporación de economía mixta son recogidos y dispuestos por la empresa Ciudad Limpia, que hace ocho años ganó en licitación el área de servicio exclusivo de la ciudad en donde se encuentra Corabastos. Con libre competencia, estas áreas dejan de existir y, al parecer, ahora muchos van tras el negocio.
El Espectador estableció que el pasado 9 de noviembre, casi dos meses después de iniciarse la libre competencia, la empresa Caucasia Medioambiente envió un derecho de petición a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) para pedirle información sobre las condiciones de los nuevos contratos que el Distrito había firmado con los operadores de las basuras —por seis meses, mientras se adelantaba el proceso licitatorio que el alto tribunal tumbó en diciembre—. La firma ofició en calidad de “posible oferente” para la prestación del servicio de recolección y disposición de residuos en Corabastos.
Las directivas de Corabastos decidieron en 2007 contratar a una empresa que hiciera el aprovechamiento orgánico de los residuos antes de entregárselos a Ciudad Limpia, para de esa manera reducir la cantidad de basura y, por ende, el precio que pagan por la prestación del servicio (pasaron de cancelar $480 millones a $355 millones mensuales). En noviembre pasado hicieron públicas sus intenciones de abrir una convocatoria para buscarle reemplazo a la firma que tiene ese negocio, llamada Unión Temporal Residuos Verdes, por considerar que está incumpliendo el contrato.
En la coyuntura actual, empresas como Caucasia Medioambiente quieren no sólo hacer la labor de aprovechamiento orgánico, sino también reemplazar a Ciudad Limpia en la disposición final de la basura.
La misma Unión Temporal Residuos Verdes, en cabeza de una de las empresas que la conforman, pidió el 28 de diciembre pasado permiso a la Uaesp para entrar sus camiones al relleno sanitario Doña Juana.
La gerencia de Corabastos le dijo a este diario que, sea cual sea la empresa que tenga el negocio, la recolección de los residuos está garantizada en la plaza.
Por su parte, el director de la Uaesp, Guillermo Asprilla, dijo que los permisos para entrar a Doña Juana están en estudio jurídico y aseguró que de ninguna manera habrá una emergencia sanitaria en la ciudad por cuenta de la libre competencia.
En medio de una eventual guerra por la basura, la recolección de residuos en las calles podría verse descuidada, pues con muchas empresas operando sería difícil determinar de quién es la responsabilidad. Además, el gran perdedor podría ser el estrato 1, ya que es el que menos paga y, por ende, el menos rentable para las empresas.
La licitación que tumbó la Corte estaría lista en seis meses, mínimo, cuando el alto tribunal la apruebe. Resta esperar a ver qué sucede de aquí a ese momento.