Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Después de una convulsa jornada de protestas, reuniones, declaraciones, pedidos, reclamos y advertencias, en la noche del martes se vio una suerte de atisbo en la resolución del paro con un anuncio de María Constanza García, ministra de Transporte, al decir que no habrá más aumentos en el precio del diésel hasta que se logre un acuerdo con los transportadores.
Sin embargo, el incremento que ya se realizó (y que entró en efecto a partir del 31 de agosto) queda en firme. Esta fue un alza de $1.904 en promedio y se proyectaba que fuera el primero de tres ajustes que había indicado el Ministerio de Hacienda para marchitar definitivamente el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
Hasta la publicación de este artículo, en la reunión permanente en el Ministerio de Transporte, en medio de fuertes discusiones, no se había llegado a una resolución acerca de si levantar el paro o no. Algunos delegados han dicho que las movilizaciones continuarán porque la solicitud de los gremios es que el Gobierno derogue el decreto con el que hizo el primer aumento.
Este déficit del FEPC es, de fondo, la raíz de todo este embrollo. Vale recordar aquí que, según Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, el fondo arrastra en 2024 un lastre de unos $12 billones, atribuibles al subsidio del diésel con los dineros públicos.
De acuerdo con las cuentas de Bonilla, el precio del diésel tendría que subir unos $6.000 para igualar los costos internacionales y, así, dejar de ser subsidiado con recursos del Estado. Al desfase entre el precio local y el internacional se llegó luego de 56 meses sin aumentos en el ACPM.
Sin embargo, con el anuncio de la ministra García, el plan de futuros aumentos queda congelado, al menos de forma temporal mientras se logra un acuerdo con el sector de los transportadores.
También: No habrá más incrementos en el ACPM hasta llegar a un acuerdo: Mintransporte
Para este punto, el aumento del diésel es, sin duda, la principal razón de enfrentamiento entre transportadores y el Gobierno, pero también es cierto que este descontento destapó otras tensiones y problemas que hay en el sector.
Estas quejas fueron el centro de la discusión en más de cinco horas de reunión entre transportadores y carteras de Transporte, Hacienda y Minas. Entre los reclamos más comunes se escuchó el problema con los fletes (el polémico SICE-TAC), la inseguridad en las vías y, paradójicamente, los bloqueos en las carreteras.
Además de estos problemas, los transportadores reclaman asuntos como la expedición de un régimen laboral para los trabajadores del sector, la creación del Fondo Nacional del Transporte (que incluya un fondo de reposición para todas las modalidades) y la promulgación de una ley de peajes.
La ministra García se comprometió a continuar con el diálogo en los próximos meses, por modalidad y por regiones para que “podamos sentarnos en estas mesas y encontrar y construir propuestas”.
La decisión del Gobierno se dio luego de una reunión de los ministros con el presidente Gustavo Petro. Al término de ese encuentro, Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, dijo que el Gobierno entiende que los pequeños camioneros vean golpeada su economía y que rechacen una medida que se venía aplazando desde hace cinco años, pero reafirmó que es necesario mantenerla: “Es una decisión inevitable, dolorosa, que este Gobierno no hubiera querido tomar, pero se hace necesaria en la actual situación fiscal”.
“No puede haber bloqueos permanentes en ninguna parte del país. Las autoridades de policía de todas maneras están en alerta para evitar que se cometan actos de vandalismo o de sabotaje en medio de estos bloqueos. Les pedimos que no olviden las razones humanitarias, el paso de ambulancias y de niños”, concluyó Cristo.
Lea: “Subir el diésel es una decisión inevitable”: Mininterior tras reunión con gremios
El panorama fiscal y los impactos
La decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro de ajustar el precio de los combustibles para evitar que el déficit del FEPC siga creciendo es una medida aplaudida por los expertos, pero poco popular. Desde hace tiempo era claro que subir el diésel sería un camino cuesta arriba y el paro camionero de esta semana lo confirmó.
En 2022, el déficit del FEPC fue de $36,7 billones, $20 billones correspondían a diésel; en 2023, fue de $20 billones, $15,2 por el diésel. Este año, si no se hubiera hecho ningún ajuste, se tendrían que destinar $11,6 billones. Según informó la ministra de Transporte, el incremento de $1.904 que se definió el pasado viernes permitirá un ahorro de $1,6 billones este año.
La comparación es el camino más efectivo para dimensionar el impacto. Con los $36,7 billones que se destinaron en 2022 para el FEPC, según datos del Minhacienda, se habrían podido construir más de 25.700 kilómetros de vías terciarias nuevas; ese monto alcanzaría para entregar 851.000 subsidios de vivienda VIP y VIS con aporte a la cuota inicial y con cobertura total en tasa de interés, o para cubrir con una transferencia mensual (equivalente a la línea de pobreza extrema) a 7,7 millones de personas en condición de pobreza. Prácticamente, 100 % de las personas en pobreza extrema podrían haber recibido una transferencia mensual equivalente a la línea de indigencia por dos años con ese dinero.
Del otro lado están los impactos del alza en el diésel para los transportadores. La subida que ya quedó en firme se sentiría también en el incremento de los fletes en algunas de las rutas más importantes para las exportaciones, según Analdex, que proyectó incrementos de 8 % en recorridos como Bogotá-Buenaventura o Medellín Cartagena, entre otros.
Así mismo, el gremio de arroceros también advirtió que el alza en el combustible le pegará a la canasta de costos de estos productores, que en 4 % está constituida por uso de diésel para preparación de terrenos y aplicación de insumos, entre otras actividades.
A pesar de estos impactos, para Javier Díaz, presidente de Analdex, “el ajuste del precio era inevitable, ya que no se podía seguir profundizando el déficit. Lo responsable es efectuar el ajuste y la mejor manera de hacerlo es gradualmente”.
En esa misma línea se ubica Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor general, quien aseguró que igualar los precios del ACPM con los costos internacionales era una tarea pendiente. “Si esto no se resuelve, significa que los contribuyentes tenemos que seguir fondeando el pago del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, que durante 14 años no ha tenido los resultados esperados”, dijo el funcionario a través de un comunicado.
💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.
Conoce más