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La radicación de la reforma tributaria, con la que el gobierno de Gustavo Petro busca recaudar $26,3 billones el próximo año para financiar el presupuesto (por $556,9 billones), abre una serie de preguntas sobre lo que viene para los consumidores. En este momento, expertos y centros de investigación están analizando las propuestas y sus potenciales impactos en la economía. Sin duda, el IVA es uno de los temas más sensibles.
Germán Ávila, ministro de Hacienda, aclaró que el gobierno tuvo en cuenta dos principios: no tocar artículos de la canasta familiar y la progresividad en las medidas para evitar tocar a estratos bajos y medios. Desde la radicación de la reforma, que el gobierno prefiere llamar “ley de financiamiento” (en la práctica es una tributaria, pero para financiar el presupuesto), han reinado las críticas y también la confusión sobre el alcance de las medidas. De hecho, la cartera ha salido al paso para hacer aclaraciones.
La tributaria tiene un camino cuesta arriba en el Legislativo, considerando que este es un año preelectoral (no parece el mejor momento político para aprobar impuestos) y que la relación entre el gobierno y el Congreso es compleja. En 2024 se hundió una ley de financiamiento que buscaba recaudar menos de la mitad que la de este año ($12 billones) y el presupuesto 2025 se aprobó por decreto ante la negativa del Congreso. Por ahora, tampoco ha habido muchos avances en el debate del Presupuesto General de la Nación 2026, que sin la nueva reforma quedaría con un hueco de $26 billones.
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Los cambios en el IVA que propone el gobierno
Ávila explicó que el gasto tributario por exenciones al IVA representó $88 billones en 2023, de ahí que el primer capítulo de la tributaria contiene un paquete de medidas en ese sentido.
En la lista, está el IVA de 19 % para vehículos híbridos, licores, juegos de suerte y azar operados por internet, hospedaje para turistas extranjeros y servicios de software y procesamiento en la nube. El gobierno también busca gravar las cirugías estéticas, el arrendamiento de espacios para exposiciones y el transporte de valores. Estas medidas generarían ingresos por $1,3 billones en 2026, y para 2030 serían $4,8 billones.
Por el lado de los combustibles, para los productores de gasolina y diésel el IVA llegaría a 19 %, pero el impuesto aumentará gradualmente. Ávila reconoció que las medidas afectarán el precio del galón, en $466 para el caso de la gasolina, y en $256 en el diésel. También aumentará el impuesto para el alcohol carburante, decisión que afectaría en $304 el valor del galón de gasolina, y para el biodiésel (en este último caso el gobierno no explicó cuál sería el impacto para los consumidores). Para el Estado, estos impuestos implicarían ingresos por $2,6 billones en 2026, $5,8 billones en 2027 y $7,2 billones en 2028.
La tributaria también contiene algunos ajustes para el impuesto al consumo. Por ejemplo, incrementa la tarifa a 19 % para bienes de lujo (como vehículos de más de US$30.000, yates y motos de alto cilindraje) y servicios de esparcimiento, culturales y deportivos que tienen precios de entrada mayores a $500.000. En la lista de medidas también están los vapeadores o cigarrillos electrónicos que tendrían, entre otras cosas, un impuesto ad valorem de 30 %.
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El IVA necesita ajustes
Los analistas han advertido que el IVA, que aplica sobre los bienes y servicios que compramos en el país, necesita modificaciones.
Para César Camilo Cermeño, director de la maestría en Tributación de la Universidad de los Andes, el principal problema del IVA en Colombia es que no recauda lo que debería. Aunque el impuesto está pensado para gravar el consumo de manera general, en la práctica “está lleno de exclusiones y tratamientos especiales que reducen su alcance”. El experto cita cálculos de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios que indican que el país obtiene menos del 40 % de los ingresos que podrían recaudarse si todo el consumo final fuese gravado con la tarifa general.
“Cuando nos comparamos con otras economías similares, incluyendo países de la región, vemos que la tarifa general de 19 % está en línea con otros lugares, pero el recaudo por cada punto del IVA sí es muy marginal. Este impuesto es una de las decisiones políticamente más complejas, pero técnicamente más necesarias. Y esto es algo que han dicho varias misiones y comisiones: lo que estamos perdiendo en recaudo es muy alto por la cantidad de excepciones y huecos que tiene el tributo”, explica César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana.
Al mismo tiempo, dice Cermeño, los beneficios no favorecen realmente a los hogares de menos recursos, sino que terminan siendo aprovechados en mayor medida por los hogares de ingresos altos. En esa misma línea, Liliana Heredia, directora de tributación del Observatorio Fiscal de la Javeriana y profesora de la Javeriana Cali, afirma que el IVA es regresivo, es decir, “suele afectar proporcionalmente más a los contribuyentes con menos capacidad económica”. Para la experta, una modificación de fondo debería plantear opciones para que quienes tienen menor capacidad adquisitiva puedan recibir una compensación o exoneración.
Para entender la “encrucijada del IVA”, la directora Heredia pone como ejemplo que si se pusiera este impuesto a la carne (que por ahora no es el caso), sería todavía más difícil que una persona con bajos ingresos pueda adquirir el producto, pero al mismo tiempo, no cobrar IVA implica un enorme beneficio para personas con elevados ingresos y un efecto negativo sobre el recaudo estatal.
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Cermeño considera necesario ampliar la base (reducir bienes y servicios exentos y excluidos), pero al mismo tiempo fortalecer los mecanismos de compensación para los hogares más vulnerables, con esquemas como el que estableció la Ley 2010 de 2019. “No se trata de subir la tarifa general del 19 %, sino de simplificar el impuesto y hacerlo más transparente, de modo que el Estado pueda recaudar más sin golpear a quienes menos capacidad de pago tienen”, dijo.
Los posibles impactos en el consumo
Por ahora, los analistas y centros de investigación siguen analizando la reforma y sacando cuentas de cuáles son los posibles impactos, de ahí que los cálculos que están sobre la mesa son los del gobierno.
En esta conversación hay una pieza clave: el gasto de los hogares ha sido protagonista del crecimiento económico. En el segundo trimestre de este año (último dato disponible), el consumo de los hogares creció un 3,7 % anual. En ese mismo periodo, el gasto en recreación y cultura, según un análisis de Investigaciones Económicas de Bancolombia, se consolidó como uno de los rubros más dinámicos, con un crecimiento de 7,2 %.
El director de la maestría enTributación de la Universidad de los Andes señala que cualquier ampliación del IVA genera un efecto inmediato: suben los precios de los bienes y servicios y se afecta el consumo de los hogares. En general, su recomendación es hacer una transición ordenada, fortalecer los programas de devolución del impuesto y garantizar que el mayor recaudo se traduzca en más inversión social.
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Frente a las preocupaciones por los efectos económicos de los impuestos, Ávila dijo que en la medida en la que se consolide un equilibrio fiscal del Estado y que se pueda mantener el ritmo de inversión para atender las necesidades sociales en el país, habrá un “efecto reactivador, porque los recursos que se recaudan se transfieren a la dinámica productiva de la sociedad”.
Por ejemplo, el ministro de Hacienda reconoció que el sector de entretenimiento está impulsando la economía, pero aclaró que el gobierno solo propone gravar con 19 % la boletería para eventos por encima de un valor de $500.000, por lo que, asegura, el grueso del sector de entretenimiento se mantiene con las exenciones que existen. Ávila reconoció que hubo un amplio debate con el presidente Gustavo Petro, pues el mandatario quería proteger a los consumidores de este tipo de eventos, pero la cartera defendió que es necesario hacer un esfuerzo en ese sentido.
Aunque Hacienda defiende que no se está gravando la canasta familiar, analistas y gremios advierten que de todas formas puede haber efectos generalizados para los hogares, principalmente por los combustibles. “Ponerle un impuesto a los combustibles significa ponerle un impuesto a toda la canasta familiar, aumentar el costo del transporte de colegios, trabajadores, de todos los productos de la economía. Significa que los negocios pequeños y medianos van a tener que asumir ese mayor costo y que los negocios grandes que logran exportar van a tener que asumir un costo adicional en términos de su logística”, aseguró Bruce Mac Master, presidente de la Andi.
¿Y la inflación?
En la exposición de motivos de la tributaria, Minhacienda reconoce que las medidas del proyecto pueden generar presiones al alza sobre la inflación por un canal directo (aumento en los precios de los bienes y servicios finales que hacen parte de la canasta de consumo de los hogares) y por un canal indirecto (incremento en los costos de ciertos insumos de las empresas, que podría transmitirse a los precios finales al consumidor).
Las estimaciones de Minhacienda indican que las medidas relacionadas con la revisión del gasto tributario en IVA tendrían un efecto agregado de hasta 0,44 puntos porcentuales sobre la inflación de 2026, 0,35 puntos por un canal directo y 0,09 puntos a través del canal indirecto.
Este sería el impacto máximo, asumiendo que los precios de producción se trasladen por completo a los consumidores y que las empresas no sustituyan insumos. “No obstante, la literatura sugiere que aumentos en el IVA solo se traspasan entre un 32 % y un 40 % a la inflación del consumidor, por lo que los efectos inflacionarios de las modificaciones podrían ser significativamente inferiores a los estimados”, dijo la cartera.
Sin embargo, para Pabón, los efectos de la reforma en la inflación son innegables y, por esta vía, sí termina generando un impacto en los hogares: más inflación, o una ralentización en su disminución, cuando menos, implica demorar el ciclo de baja en tasas de interés y esto le termina pegando a todo tipo de consumidores.
Minhacienda defiende que los impactos serían de menor magnitud para los hogares pobres. En el caso de los combustibles y vehículos, por ejemplo, la cartera señala que tienen una participación de 1,3 % y 2,6 %, respectivamente, dentro de la canasta de consumo de los hogares pobres y vulnerables, mientras que para los hogares de ingreso medio y alto es de 5,2 % y 8,6 %.
Sin duda, las modificaciones que necesita el IVA, los caminos para implementarlas y las consecuencias de llevar varios productos y servicios a pagar la tarifa del 19 % son algunos de los muchos debates (aunque quizá el menos popular) que se abren con la nueva reforma tributaria que tiene en sus manos el Congreso.
Algunos de estos puede que se den en un año antes de elecciones o que simplemente sean dejados de lado, bajo la sombra de los $26 billones que pide el Gobierno para un presupuesto cuyos cálculos resultan dudosos para muchos, y en medio de una crisis fiscal en donde parece que todos deben poner, excepto la Casa de Nariño.
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