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Desde Cartagena, en el Congreso Nacional de Minería, Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía, y Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, propusieron un acuerdo nacional para el sector, poniendo como ejemplo el pacto que logró esta semana el Gobierno con los bancos para ampliar el cupo de crédito en $55 billones para sectores estratégicos a cambio de descartar las inversiones forzosas, en las que tantas veces insistió el presidente Gustavo Petro.
Aunque las declaraciones públicas de buenas intenciones son bien recibidas, este acuerdo parte de la desconfianza mutua. No es un secreto que, en general, las relaciones entre el Gobierno y los sectores económicos están llenas de tensiones, pero la situación es particularmente crónica con los mineros.
El presidente Petro ha sido claro en que Colombia debe avanzar, tan rápido como le sea posible, en la transición energética e incluso ser ejemplo para el mundo en esta materia. En esa visión de país el carbón térmico, entre otras cosas, no encaja de a mucho. Mientras tanto, las empresas y los gremios defienden su negocio y la relevancia que este tiene para el empleo, las finanzas públicas y, en general, la economía.
Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), dijo a El Espectador que con un paquete regulatorio tan ambicioso como el que tiene este Gobierno, es natural que se genere incertidumbre entre empresarios e inversionistas. Esos miedos son atizados por el contenido de los proyectos que, para el gremio, ponen en riesgo el futuro de la minería y están espantando la inversión, mientras que otros países de la región la atraen.
Álvaro Pardo, presidente de la Agencia Nacional de Minería, aseguró en conversación con este diario que hay una narrativa apocalíptica en el sector de minería que se aleja de la realidad. Sostiene que el Gobierno no odia la minería ni busca marchitarla, sino que, por el contrario, está invitando a los empresarios a “subirse al bus de los vencedores” con la transición energética. Mientras tanto, Carlos Andrés Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón y exviceministro de Minas y Energía, afirmó que los empresarios de esta industria se sienten “perseguidos, atacados y satanizados”, y que el problema de subirse a ese bus es que no saben para dónde va.
Aunque un acuerdo siempre es posible, en este caso los retos para lograrlo son mayúsculos, porque el Gobierno no va a ceder en su intención de proteger el medio ambiente y los gremios tampoco van a abandonar, por lo menos no sin dar la pelea, un modelo de negocio que ampara la ley. El camino lógico en la conversación, por lo menos para el sector, es que los diálogos se traduzcan en cambios en las regulaciones que ya están sobre la mesa.
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Dos proyectos claves
El Gobierno propone la creación de la Empresa Colombiana de Minerales (Ecominerales). Al proyecto, que fue aprobado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, le quedan tres debates para convertirse en ley. Pardo explicó que la compañía, que sería como un Ecopetrol, pero del sector minero, permitirá que el país avance en la comercialización, exploración y explotación de minerales estratégicos que le aporten a la industria local y a la transición energética.
De acuerdo con Pardo, la empresa arrancaría con los bienes de reversión de Prodeco y con aportes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y de la Agencia Nacional de Minería. Justo este viernes, el Gobierno firmó un memorando de entendimiento con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para analizar la viabilidad de obtener apoyo en la estructuración e implementación de la empresa.
Además de las dudas que genera este proyecto sobre el papel que podrán tener los privados en el desarrollo minero, Nariño dice que hay interrogantes respecto a que el Estado tenga que poner recursos para la exploración, teniendo en cuenta que de cada 100 proyectos, uno termina convirtiéndose en una mina, es decir, solo uno da recursos. “No sé si en Colombia realmente tengamos la disponibilidad de poner esos flujos de capital a un riesgo muy alto, tampoco si la plata pública la debamos usar para minería, en lugar de para salud, educación y vías terciarias”.
Cante ve la empresa, al menos con lo que hasta ahora está en el papel, como un “gran aparato burocrático” que podrá intervenir en todos los eslabones de la cadena minera, imponiendo restricciones al desarrollo de la actividad. Le preocupa, entre otras cosas, que el Estado “pretende ser juez y parte”, porque podrá decidir sobre los títulos mineros y, al mismo tiempo, quedará al frente de una empresa cuyo principal recurso son los bienes mineros revertidos a la nación.
Por otro lado, mientras la reforma al Código Minero es para el ministro Camacho la herramienta que impulsará al sector vía modernizar las reglas del juego, equilibrar la cancha para los pequeños mineros y aclarar el papel que tendrá el Estado, para los gremios representa un riesgo para la participación privada y, por ende, para la economía.
El proyecto socializado (todavía no ha llegado al Congreso) genera incertidumbre, según Nariño, porque la autoridad minera determinaría en dónde se puede hacer minería y, de ser aprobado tal como está, los minerales estratégicos, que para el Gobierno son el futuro por su importancia para la transición energética, podrán ser explorados y producidos por empresas estatales, de economía mixta o asociaciones público-populares; en este caso, entraría el sector privado cuando se demuestre que el Estado no lo puede hacer. En el terreno del carbón, Cante sostiene que el espíritu de la ley es, básicamente, marchitar la industria.
El Gobierno ha dicho que quiere impulsar los minerales estratégicos para generar desarrollo, empleo, valor agregado y cadenas productivas, por su importancia económica y porque son necesarios para la transición energética, pero frente al carbón térmico, por el impacto que genera en el medio ambiente, la respuesta es tajante: se debe acabar.
Cante sostiene que hay temas de mercado, como el comportamiento del precio en carbón térmico y las dificultades para competir con China en el carbón metalúrgico (con el que se puede producir coque), pero que lo más preocupante para el gremio en este momento es la “narrativa” del Gobierno, que genera incertidumbre y afecta las inversiones.
En medio del proceso de reactivación económica que se vio en los datos del PIB para el segundo trimestre de este año (2,1 %), los resultados del sector minero fueron la sorpresa negativa, en medio de un panorama con mayores luces de optimismo de las esperadas inicialmente. El renglón de explotación de minas y canteras fue apenas uno de los dos que registraron contracciones para este período y, además, fue el que mostró los peores resultados (de lejos) con -3,3 %, cifra que contrasta poderosamente con la expansión del 2,9 % que se vio para el segundo trimestre del año pasado.
De acuerdo con Piedad Urdinola, directora del DANE (entidad a cargo de compilar y presentar los datos del PIB), los malos resultados del sector se explican principalmente por el desempeño de las explotaciones carboneras. Cuando se miran los datos de la minería desde sus ingresos en el PIB, se puede ver que el segundo trimestre de este año presenta uno de los peores registros desde 2019, con la notable excepción de dos trimestres en 2020 y 2021, que coinciden con el peor momento de la pandemia y con la reactivación económica después del letargo inducido por el covid-19.
Si el espectro de análisis se abre un poco más, hacia los resultados de hace una década (2014), se tiene que la actividad minera está, en promedio, más de $2 billones por debajo de los registros trimestrales de ese momento, y los carboneros, en particular, se han rebajado casi a la mitad, según los datos de PIB.
En general, la minería responde por unos dos puntos del PIB, además de ser uno de los sectores más fuertes (junto con las ventas de hidrocarburos) en las exportaciones del país, con una participación del 36 %, de acuerdo con cifras de la Asociación Colombiana de Minería.
En un contexto ya complejo, con tensiones y caídas en resultados, llegó la decisión de frenar las exportaciones de carbón a Israel. “Independientemente de las razones de carácter humanitario, que no las cuestiono, las decisiones de Colombia en esa materia son inocuas y solo afectan a nuestro país, porque para Israel hay otras fuentes de abastecimiento. Hoy se ponen en riesgo divisas por más de US$440 millones e impuestos por $650.000 millones, pero a largo plazo se pone en riesgo la credibilidad del país”.
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En la antesala del “acuerdo nacional”
La reforma al Código Minero y Ecominerales no son los únicos cambios que están sobre la mesa, también la creación de distritos mineros, el Decreto 044 del Ministerio de Ambiente (que le permite a la cartera crear reservas naturales temporales) e incluso la ley de financiamiento, que en la práctica es una reforma tributaria para buscar recursos para el presupuesto, son parte de la conversación.
Sobre esta última, Nariño dijo que la minería no puede financiarla, especialmente después de la derrota que tuvo el Gobierno ante la Corte Constitucional por la no deducibilidad de las regalías que incluyó en la primera tributaria: “La reforma tributaria no puede seguir restándole competitividad a la industria”. Para Cante, el Gobierno podría hacer inviables los yacimientos y anticipar el cierre de operaciones mineras si se materializan los rumores de que la ley de financiamiento incluirá nuevos impuestos para el sector del carbón.
Esta es la antesala, poco alentadora, del acuerdo que buscará el Gobierno con los mineros. Desde el Ministerio y la Agencia le piden a los privados apoyar la transición energética y estar abiertos al cambio. Los empresarios del sector, incluidas pequeñas mineras que fueron consultadas por este diario y pidieron no ser citadas por seguridad, sostienen que no basta con que la administración Petro escuche, que es necesario que esas conversaciones se traduzcan en cambios en los proyectos de ley.
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