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Los contrastes entre lo rural y lo urbano en Colombia se hacen evidentes al observar las brechas en indicadores como pobreza multidimensional, informalidad laboral, acceso a servicios públicos o conectividad terrestre. Estas y otras problemáticas más estructurales, que van desde corrupción hasta décadas de una visión centralista del desarrollo, convergen en la alarmante situación que hoy atraviesa la vivienda rural en el país.
Actualmente, las condiciones de vida de muchos de los hogares en el campo distan de considerarse como dignas.
Hogares sin agua o acueducto, la ausencia de un baño (en todo el sentido de la palabra) y una alta presencia de estufas en leña (con sus ya conocidos efectos nocivos en la salud), de pisos en tierra y de exteriores en malas condiciones -que permiten la entrada de vectores de enfermedades como roedores o mosquitos- son algunos de los factores que inciden en un alto déficit habitacional rural que, según el DANE, triplica el de las ciudades.
En 2022, el 30,4 % de los hogares en Colombia ocupaban viviendas en déficit habitacional, de acuerdo con el DANE. De estos, el 20,5 % está en cabeceras y un 65,5 % en centros poblados y rural disperso. La tendencia es clara.
¿Cuáles son las condiciones reales en las que vive nuestra ruralidad? El Espectador presenta un panorama de la vivienda rural en Colombia.
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La vida en el campo colombiano
Hablar de déficit habitacional es, sin rodeos, referirse a una peor calidad de vida.
Lo anterior se entiende mejor a través de historias como la de Cecilia Campos, habitante de la vereda Patanoa, a tres kilómetros del casco urbano del municipio de Zetaquirá, Boyacá.
Por años, Campos tuvo que llamar “casa” a una estructura que construyó con tablas y polisombra verde para ella y su hija Diana, de 10 años y quien padece una enfermedad degenerativa congénita que afecta su movilidad. Cuenta que, cuando llovía, el piso de su hogar se convertía en un barro que causó innumerables y dolorosas caídas, y era el foco de una humedad permanente en la única habitación de la vivienda, donde también tenía instalado un fogón de leña que emanaba un hollín que teñía todo -cama, ropa y enseres- de una negrura tóxica.
Asimismo, el testimonio de Sabina Hurtado, adulta mayor residente de la vereda Capellanía, en el municipio de Chocontá, Cundinamarca, hace eco del déficit habitacional en el campo.
Doña Sabina cuenta que, cansada de los avivatos que robaban su ganado (insiste en que por su edad este es su único sustento, pues ya no tiene la salud para dedicarse a cultivar) debió trasladarse a una casa que ella misma levantó con latas y tejas de zinc. Además de tener que soportar las altas temperaturas cuando el sol resplandece en la loma que habita, el inmueble de doña Sabina no contaba ni con baño.
“Hay mucha gente que deambula de aquí para allá porque no tiene un terreno, nada donde construir una casita. Conseguir trabajo hasta se puede, pero una casa es más difícil. En mi sector ya estamos quedando solo los viejos. La juventud estudia y arranca para Bogotá. Así vivan mal, así no tengan sino lo justo. Viven la ciudad y es hasta mejor; estamos abandonando el campo”, cuenta doña Sabina.
Pese a que las historias de doña Sabina y Campos tuvieron un final feliz -recientemente ambas lograron acceder a viviendas en mejores condiciones-, históricamente la vivienda rural no ha sido una prioridad para la débil institucionalidad de estos territorios.
La problemática en cifras
Según la última Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCV), entregada por el DANE en 2022, el déficit habitacional rural se encontraba en un 65,5 %, lo que equivale a cerca de 2’503.000 hogares rurales con necesidad de vivienda nueva o mejoramiento.
El déficit cuantitativo a nivel nacional se registra en un 21,2 %, lo que significa que 811.000 hogares rurales requieren una solución de vivienda nueva. El déficit cualitativo se registra en 44,3 %, donde un total de 1’692.000 hogares rurales requieren algún tipo de mejoramiento de vivienda.
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Lastres del desarrollo
En este punto es claro que al campo le hace falta inversión. No obstante, los caminos para llevar más y mejor vivienda rural son “pedregosos”.
En Colombia hay 142.284 kilómetros de vías terciarias y, según el Invías, el 10 % está en buen estado. Llevar materiales e insumos de construcción a estas zonas de difícil acceso resulta particularmente costoso. Además, 1,2 millones de hogares en el país (unos seis millones de colombianos) siguen utilizando leña para cocinar, de acuerdo con Naturgás, y solo un 20 % de los municipios tienen un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente.
Entre otros escollos, acueducto, aseo y alcantarillado son los servicios públicos con menor cobertura en poblaciones rurales en el país.
“Hoy el 15 % de los municipios de Colombia tienen una cobertura de acueducto inferior al 30 % y apenas el 20 % tiene cobertura superior al 90 %. En el campo, el 8 % del agua suministrada es inviable sanitariamente y el 20 % tiene alto riesgo de no ser apta para el consumo humano”, señaló recientemente Dagoberto Quiroga, superintendente de Servicios Públicos.
El Ministerio de Vivienda ha identificado otras dificultades, como la exclusión financiera asociada a la ruralidad, “que representa una dificultad para que estos hogares puedan acceder a créditos o productos financieros que les permitan obtener una solución habitacional”, señaló la entidad.
Incluso, el Minvivienda afirma que “las situaciones de orden público, en algunos casos, no permiten la ejecución de las soluciones de vivienda rural en los tiempos previstos”.
Por lo tanto, integral es la palabra que debe guiar cualquier política que pretenda atender el déficit habitacional en el territorio. Intentos ha habido en el pasado, sí. Con mayor o menor éxito.
Como lo explica Clara Inés Pardo, profesora de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, “se requieren políticas integrales y un trabajo desde lo nacional y regional que aporte a una mejor calidad en este sector, con inversiones en mejores dotaciones, equipamientos y fortalecimiento de la institucionalidad, con reglamentaciones y programas que faciliten la inversión”.
Pero cabe preguntarse, ¿estos intentos han partido de esa integralidad, diversidad y heterogeneidad del campo colombiano?
Expertos consultados para este artículo coinciden en que reconocer la ruralidad como algo diverso, justamente, ha sido el gran ausente.
“El reto más grande que tenemos como país es reconocer la ruralidad como algo que es distinto en cada lugar. Las personas que viven en la ribera del río Amazonas tienen unas capacidades y un territorio con potenciales distintos a los habitantes del altiplano cundiboyacense. Ahí está la mayor dificultad: reconocer que la vivienda rural es diversa en cada lugar de nuestro país”, explica Iván Quiñones, director del Programa de Vivienda Rural de la Universidad Javeriana.
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La vivienda que se necesita
Una vivienda diseñada para diferentes contextos, que comprenda las necesidades locales, las características del entorno (clima, topografía, vocaciones, cultura, etc.) y actividades económicas y productivas de la población rural debería ser, por lo menos, el ideal. ¿El país tiene avances en este sentido?
Por ejemplo, el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) -que nació en 2017- ha sido un instrumento que prioriza ese desarrollo y la transformación del campo, especialmente en los municipios más afectados por el conflicto armado, la violencia, la pobreza y las economías ilícitas, donde -como es de esperarse- hay carencias en materia habitacional.
“Con este enfoque no solo ha sido importante la vivienda, sino la transformación del hábitat rural, visto de manera más integral: adecuación de tierras, usos del suelo, salud, educación, saneamiento, reactivación económica, producción agropecuaria, entre otras”, afirman Edilsa Rojas y Mercedes Miglianelli, docentes de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana.
Entretanto, el Gobierno ha dejado entrever que para llevar inversión pública a la ruralidad se debe tocar “puerta por puerta”: el programa de mejoramientos Cambia Mi Casa, por ejemplo, busca atacar el déficit cualitativo de hogares rurales, dirigiendo recursos a organizaciones sociales y comunitarias para que sean ellas las que gestionen las intervenciones en pisos, techos, baños y cocinas, entre otras carencias de infraestructura.
Asimismo, con los cambios a Mi Casa Ya, el subsidio para la compra de vivienda nueva, desde 2022 el Gobierno se ha propuesto priorizar a hogares vulnerables ubicados en zonas rurales y municipios pequeños.
“Se observaba una concentración de los subsidios en un pequeño número de ciudades y los municipios de su área metropolitana. Las cifras de asignaciones de Mi Casa Ya entre 2015 y 2022 mostraban que los 10 municipios con más subsidios concentraban el 52,3 % del total de asignaciones, mientras que a los municipios de categorías 5 y 6 se había dirigido el 10,4 % de los subsidios”, precisa el Minvivienda.
El tercer sector entra al ruedo
A menor escala, pero con una huella muy profunda en quienes impactan, fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro han hallado soluciones innovadoras al déficit de vivienda rural.
Nelson Vargas es director de la iniciativa Vivienda Rural Digna y, en los últimos años, ha construido más de 25 viviendas en guadua, yute y otros materiales sostenibles en veredas y zonas apartadas en Boyacá y Cundinamarca. Su premisa es clara: brindar una solución de bajo costo y sostenible a familias vulnerables.
“Hemos gestionado recursos propios, bazares, rifas y donaciones para llevar vivienda a personas en unas condiciones terribles. Hemos visto viviendas en lata con puerta, pero sin ventanas. Cuando hace frío, es normal que las familias cierren la puerta y se pongan a preparar sus alimentos con leña. Eso es nocivo para la salud, y es lo que llamo un ‘sauna de la muerte’”, cuenta Vargas.
Y hay fundaciones que se han propuesto reducir el déficit cuantitativo en el campo con módulos prefabricados que se arman como piezas de Lego para levantar muros en menos de un día.
Al preguntársele por las posibles causas de la precariedad del renglón rural, el director de Vivienda Rural Digna afirma que “las políticas no están llegando a donde debe ser. Y lo que todos sabemos, la corrupción ha hecho que las pocas casas que se regalan solo sean para personas que ponen votos”, concluye.
Cuando se conversa largo y tendido con alguien del campo, por lo general estas personas no dan queja alguna sobre su situación. Su “optimismo trágico”, sumado a la baja notoriedad que se les da en la esfera pública, quizá sean las causas por las cuales pocos conocen realmente la precariedad en que viven.
Sin desconocer que, por décadas, la ruralidad ha transitado sin una política de vivienda clara, estimular los procesos comunitarios y autónomos de las comunidades puede ser la vía para atender sus necesidades habitacionales de manera más urgente. Por lo menos, mientras la oferta institucional se abre paso por entre las montañas y las vías destapadas para llevar más servicios públicos, inclusión financiera y desarrollo a los territorios.
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Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón
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