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Aunque desde el 25 de mayo de 2018 Colombia recibió el visto bueno para entrar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y el 13 de noviembre de 2018 el Senado de la República aprobó el ingreso, todavía queda un paso para que el país entre al llamado club de las buenas prácticas. El Congreso deberá ahora decidir si acepta las inmunidades que el Gobierno se comprometió a darle a la OCDE para que pueda ejercer sus funciones y cumplir su misión en el país, un pacto que quedó consagrado en un documento de 23 artículos.
Los beneficios incluyen exenciones tributarias, protección para las instalaciones de la organización (y sus funcionarios), podrán manejar sus cuentas en cualquier moneda, deberán recibir apoyo logístico para sus misiones y los agentes de la OCDE estarán inmunes de arresto o detención por actos realizados en su capacidad oficial.
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Asimismo, llama la atención que el artículo 4 indica que “la organización (OCDE) tendrá los privilegios, exenciones e inmunidades que se establecen en este acuerdo, y, según lo acordado por las partes, cualquier privilegio, exención e inmunidad más favorable que el Gobierno posteriormente acuerde otorgar a cualquier organización internacional”.
Sin embargo, para el profesor de derecho internacional de la Universidad de la Sabana Giovanny Vega Barbosa, “esta cláusula no es atípica en la práctica de la OCDE en general, ni generadora de inseguridad jurídica o de privilegios indeterminados en el caso particular. Una cláusula similar se incluyó en los acuerdos de privilegios e inmunidades entre la OCDE y países miembros como Polonia, Chile (2009), la República Checa (1995), Estonia (2010) y México (1994)”.
Vega Barbosa agrega que “otro aspecto a destacar es el acuerdo del artículo 19. Allí se consagra la obligación de la OCDE de cooperar con Colombia para facilitar la administración de justicia y evitar que se abuse de los privilegios e inmunidades concedidos. Este artículo es acorde con la práctica internacional y es una garantía contra la impunidad que en Colombia ha permitido judicializar delitos comunes cometidos por funcionarios de organizaciones internacionales”.
El pasado 1° de abril de 2019 el Gobierno realizó una reunión de coordinación institucional para agilizar y concretar el ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En esta reunión, la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, indicó que con el ingreso a esta organización se espera “mejorar las condiciones ambientales, el desarrollo en la industria de la pesca, la salud y la calidad regulatoria del país. Lo que nos ha pedido el presidente de la República es lograr que este ingreso a la OCDE se dé pronto, logrando que el país saque el mejor provecho posible de esta presencia internacional”.
La directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham Colombia), María Claudia Lacouture, también destaca la importancia de este paso: “El ingreso de Colombia a la OCDE representa el acceso al país de mayores oportunidades comerciales, ya que los países que están allí hacen el 84 % del comercio mundial. Es un importante elemento para la transferencia de conocimiento, porque compartirá con los países que desarrollan las mejores prácticas y políticas públicas. Será para Colombia un desafío permanente el cumplimiento de estas buenas prácticas, que a su vez serán señales de confianza para los inversionistas”.
Las inmunidades de la OCDE ya fueron presentadas al Congreso, por lo que ahora queda esperar los debates en torno a estos beneficios que exige la organización para admitir a Colombia, así como para poder ejercer sus funciones y cumplir con su misión en el país.
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