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Cerca de medio millón de personas en Bogotá se movilizan a diario en buses eléctricos. En la ciudad hay una flota de 1.485 vehículos del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) que fueron incorporados en los últimos años como parte de la renovación a energías más limpias. El resultado es significativo: con este cambio, la ciudad logró disminuir 94.300 toneladas de CO₂ al año, así como dejó de generar cerca de 40 toneladas de material particulado 2,5.
Algo similar ha ocurrido en Santiago de Chile. Con más de 1.700 buses eléctricos en operación, la flota que se comenzó a implementar en 2017 ha recorrido lo equivalente a 167 viajes, ida y vuelta, a la luna, en lo que se han ahorrado 70 millones de litros de diésel y se han dejado de emitir 218 mil toneladas de CO₂. Ahora su meta es insertar 1.100 nuevos vehículos eléctricos y de esta forma consolidarse como el país con más buses eléctricos de transporte público en la región.
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“La incorporación de esta flota de buses eléctricos que partió seis años atrás y hoy día abarca casi el 30% de nuestra flota, 1.910 buses en Santiago, es un caso interesante de ejemplo para el resto del planeta que ve cómo nos hemos aventurado en una tecnología que ha ido mostrando ser muy efectiva en reducir nuestras emisiones, disminuir la contaminación, reducir el ruido”, dijo el ministro de Transporte de Chile, Juan Carlos Muñoz.
Esto ha sido reconocido por Young Tae Kim, secretario del International Transport Forum, quien en medio de la presentación del informe sobre el panorama y las perspectivas del transporte mundial reconoció, de Latinoamérica, el trabajo que se ha hecho en Colombia y Chile por garantizar la transición energética en medios de transportes masivos.
No es para menos. El último informe de perspectivas, que se presenta cada dos años, analiza el impacto de las políticas en la demanda del transporte mundial y cómo podría evolucionar la demanda de transporte y las emisiones en la próximas décadas, qué pasaría si las políticas no cambian, así como da recomendaciones con la meta de cumplir el Acuerdo de París. Este año se tuvieron en cuenta dos variables importantes: las consecuencias que se siguen viendo por la pandemia del covid-19 y la guerra en Ucrania, que “ha estado acompañada de una crisis energética y de perturbaciones generalizadas en la cadena de suministro”.
En ese sentido, Kim deja en claro que las necesidades de movilidad deben enfrentar estos desafíos, pero también responder a las demandas ambientales, para las que se requieren acciones rápidas, adicionales y nada fáciles, necesarias para cumplir con las metas de descarbonización para las próximas tres décadas.
Las responsabilidades son grandes, pues tan solo el sector del transporte es responsable del 23 % de las emisiones mundiales de CO2, mientras que la infraestructura de transporte, fabricación de autos y producción de combustibles generar gases efecto invernadero. A la par, se espera que para el 2050 la demanda de pasajeros aumente 79 %, por lo que las acciones deberán ir encaminadas a cubrir esta necesidad, pero además a responder con compromisos ambientales como la reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en el Acuerdo de París, por lo que dentro de los retos se incluye un despliegue a gran escala de tecnologías bajas y cero emisiones en sistemas como los ferroviarios.
En cuanto a los sectores marítimos y aéreos, el informe resalta la necesidad del desarrollo de combustibles sostenibles, mientras que en el transporte público es fundamental integrar los modos de transporte, promover el uso de vehículos compartidos y mejorar la infraestructura para caminar y montar en bicicleta, dependiendo el tipo de condiciones de las ciudades y regiones. A esto, se sumarían acciones para reducir la movilidad motorizada, que para 2019 representaba el 49 % y que para el 2050 se espera que baje al 36 %.
Frente a los viajes de larga distancia, como la aviación para pasajeros y mercancías, se indica que son difíciles de descarbonizar, por lo que se requerirá hacer estos viajes sostenibles, lo que implica reducir los desplazamientos o la intensidad de carbono por viaje. En el caso de los desplazamientos regionales, de los cuales el 50 % se hacen en coches, se requieren políticas de precios accesibles e incentivos para que puedan hacer el cambio a vehículos con menores emisiones.
Sobre las acciones que se adelantan en Colombia, el ministro de Transporte, William Camargo, señala que “parte de lo que estamos promoviendo es acelerar la transición energética. Eso implica mayores incentivos para que no solamente la flota de camiones, sino también taxis y vehículos de transporte públicos y camiones de mediano tamaño puedan acceder a facilidades de migración de energías limpias o a bajar emisiones”.
En esta misma línea, Camargo asegura que para carga pesada hay un programa de reemplazo del parque automotor de menores emisiones, “pero no es todavía carbono cero. En el caso de los taxis tenemos portafolios con vehículos eléctricos y también la migración a vehículos tipo gas y eso implica ajustar los fondos que históricamente habíamos dejado para transporte pesado y es un ejercicio que tenemos que reglamentar para que sea un portafolio que amplíe la posibilidad a automóviles y a otro tipo de vehículos y transporte público”.
Para lograr estas metas se requiere de una gran inversión. Al respecto, el informe resalta que se deberá comprometer el 1,7 % del PIB mundial anual hasta 2050, para cumplir con las pretenciones ambientales más ambiciosas, así como se deberán priorizar el fortalecimiento de infraestructuras como las vías.
Ante esto, el ITF indica que se necesita combinar políticas para promover opciones sostenibles en diferentes contextos, como lo propone el ministro Camargo, así como resaltan que la aplicación de nuevas políticas no solo aportarán a cumplir con las metas ambientales, sino que además contribuirán a “liberar espacio urbano y mejorar los resultados de políticas de salud al reducir los riesgos de colisión para ciclistas y peatones y limitar los contaminantes atmosféricos procedentes del transporte por carretera”, por lo que las acciones quedan en manos de los países y el compromiso de sus gobernantes en atender las necesidades de movilidad y al mismo tiempo, cumplir con las metas mundiales ambientales.
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Por Mónica Rivera Rueda
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