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Acaba de terminar la visita a Colombia del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que duró dos semanas y presentó sus conclusiones este viernes. Fernanda Hopenhaym y Pichamon Yeophantong, expertas de la organización internacional, estuvieron en Bogotá, Putumayo, Antioquia y La Guajira, y se reunieron con representantes del Gobierno nacional y autoridades locales, empresarios, organizaciones de víctimas, líderes sociales, comunidades indígenas, campesinos y trabajadores para conocer sus problemas y emitir recomendaciones al Gobierno.
En su declaración, explicaron que “los numerosos problemas de derechos humanos observados en el país tienen su origen en el modelo económico de larga duración, centrado en la explotación de recursos naturales a gran escala, que ha marginado sistemáticamente a grupos como los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y las personas campesinas”.
La visita tuvo como propósito identificar oportunidades y desafíos para implementar los principios rectores de empresas y derechos humanos.
Estos principios son una herramienta que ha ganado fuerza en el derecho internacional y se basan en tres pilares: respetar, proteger y remediar. En síntesis, hablan de la necesidad de que las empresas actúen siempre en concordancia con los múltiples tratados internacionales de derechos humanos y que los Estados tengan herramientas jurídicas para cumplir con sus obligaciones de investigar, juzgar y sancionar cualquier transgresión de dichos acuerdos.
A pesar de que Colombia fue el primer país de la región en desarrollar un Plan Nacional de Acción (PNA) sobre Empresas y Derechos Humanos, que se aprobó en 2015 y se modificó en 2020, las expertas señalaron que la implementación del plan, su eficacia, participación y los mecanismos de seguimiento son insuficientes. “Si bien existen avances regulatorios en política pública y desde la iniciativa privada, junto con un proceso de justicia transicional muy importante, el tamaño del desafío no es proporcional a las medidas tomadas hasta el momento en materia de derechos humanos y empresas, e identificamos grupos poblacionales en una situación de riesgo crítico constante”, dice la declaración.
Sobre la actividad de las empresas, las expertas manifestaron su preocupación por “prácticas empresariales que socavan el respeto por los derechos humanos al utilizar los mecanismos internacionales de resolución de controversias para reclamar indemnizaciones exorbitantes al Estado cuando este intenta ampliar la protección de derechos”, afirmaron. En concreto, se refieren a los tribunales de arbitramento a los que han acudido muchas compañías cuando el Estado ha tratado de ponerlas en cintura frente al cumplimiento de sus obligaciones ambientales. Para las expertas, esta es una manera que han encontrado los privados de evadir sus responsabilidades.
Por otra parte, también señalaron que “es particularmente preocupante la falta de mecanismos adecuados para investigar, juzgar y sancionar a empresas involucradas en el conflicto armado. El grupo de trabajo considera que la inclusión de las empresas en la competencia de la JEP podría contribuir a la rendición de cuentas”.
Sin embargo, para Fabián León, director del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, una de las organizaciones que solicitaron la visita del grupo de expertas, esta recomendación termina siendo un saludo a la bandera, pues ya la Corte Constitucional estableció que la comparecencia de terceros civiles a la jurisdicción de paz es voluntaria. Para León, el grupo de trabajo pudo haber explorado otros caminos para asegurar esa rendición de cuentas, como exhortar a la justicia ordinaria para que avance con las investigaciones sobre las múltiples denuncias que se han presentado tanto en la JEP como en Justicia y Paz.
Las expertas también se reunieron con trabajadores y sindicatos y emitieron recomendaciones para proteger sus derechos. En particular, hablaron sobre la especial situación de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres y los jóvenes migrantes. “Por ejemplo, en la industria minera en Buriticá se recibieron informes preocupantes sobre la presencia de trabajo infantil y trabajo forzoso de migrantes venezolanos”, dijeron en la declaración.
Varios líderes sindicales, especialmente mujeres, hablaron con las expertas sobre la creciente criminalización y persecución violenta por ejercer su derecho a la libertad de asociación. “Resulta urgente que se establezca un estatuto laboral a nivel nacional para la contratación, así como para que se respeten los derechos de libre asociación, de sindicalización y de huelga. Colombia necesita una reforma laboral profunda y concertada con todos los sectores involucrados en la que se incluyan los mecanismos de protección de derechos humanos de los trabajadores”, aseguraron las expertas de la ONU.
En términos de defensa, el grupo de trabajo llamó la atención sobre los convenios de cooperación entre instituciones públicas como el Mindefensa con empresas del sector minero-energético para garantizar seguridad de sus proyectos y proteger la infraestructura. Según las expertas, “la presencia de fuerzas militares y de policía para realizar dichas actividades, en ocasiones con escaso entrenamiento en materia de derechos humanos y seguridad integral, genera desafíos para los líderes y lideresas de comunidades étnicas y campesinas, así como de los sindicatos. Los derechos a la libre movilidad, a la organización social y a la protesta son frecuentemente criminalizados”, dijeron.
Aunque los principios rectores sobre empresas y derechos humanos no son vinculantes, han venido ganando terreno en varios países que han avanzado en mecanismos para volverlos exigibles a las empresas. El gobierno del presidente Petro tendrá que decidir qué hace con las recomendaciones de las expertas de la ONU.
Lee la declaración completa aquí.
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Por David Riaño Valencia
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