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Pagar la factura de la luz mes a mes es un tormento para muchos colombianos. Mientras, en las arenas políticas y técnicas hay diálogos y debates del Gobierno con los gremios. Este martes, el Ministerio de Minas y Energía cumplió su palabra y radicó en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes el proyecto de ley de tarifas, una iniciativa con la que la administración de Gustavo Petro promete “bajar las tarifas de energía, proteger a los usuarios y modernizar el sistema eléctrico del país”.
Bajo el nombre formal “Regulación justa y democratización del sector energético”, la propuesta contiene los cambios claves que el Gobierno Petro lleva tres años tratando de implementar en las tarifas. El texto radicado cambia quién asume la deuda de opción tarifaria, cómo se redistribuyen los subsidios y la composición de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), entre otras medidas.
La solidaridad forzada
El proyecto busca saldar la deuda de opción tarifaria de los estratos 1, 2 y 3 que, con corte a julio, sumaba COP 2,5 billones. El presidente Petro prometió el año pasado que el Gobierno absorbería ese pasivo, pero el proyecto de ley traslada la deuda a los estratos 5, 6, usuarios no residenciales y no regulados. El texto establece que la CREG, máximo tres meses después de aprobada la ley, definirá los mecanismos para reasignar los saldos, y el Ministerio de Minas y Energía definirá las excepciones para no afectar los negocios de estratos 1, 2 y 3.
Hace dos meses, Asocodis advirtió que el 30 % de los usuarios residenciales ya pagaron la totalidad de su deuda, incluyendo Bogotá, Cali y Cauca, y añadió que los estratos altos ya aportan 20 % adicional para financiar subsidios.
Subsidios con lupa
El segundo eje modifica la asignación de subsidios. El proyecto permite “disminuirlo condicionalmente” si el usuario excede el umbral de consumo de energía mensual que defina la cartera, que se fijará a partir de estudios técnicos. A diferencia del primer borrador, en el proyecto está claro que en ningún caso podrá disminuirse el porcentaje del subsidio cuando el incremento se deba a ”circunstancias de vulnerabilidad, dependencia energética por condiciones de salud, condiciones climáticas extremas o composición numerosa del hogar”.
El ministro Palma justificó el cambio, en entrevista con este diario, en los hallazgos en su paso por Air-e: “Mansiones, industrias, casas y fincas ubicadas en estrato 1 y recibiendo subsidios, siendo de estrato 5”.
Focalizar los subsidios de energía para que lleguen a los colombianos que más lo necesiten y controlar que no se sumen “cargas adicionales a nivel regional y local relacionadas con el consumo de energía” son algunos de los aspectos positivos del proyecto que destaca Julio César Vera, presidente de Xua Energy.
La disputa por el poder técnico
El proyecto también modifica la composición de la CREG. La ley propone pasar de seis a cinco comisionados, bajar la experiencia requerida de seis a cinco años e incluir a tres nuevos representantes de la academia, usuarios y trabajadores. También se crea el Comité Consultivo Ciudadano de Participación, que les permitirá a los usuarios regulados y a las organizaciones sociales presentar observaciones sobre los proyectos regulatorios.
Para el Gobierno, los cambios permiten “democratizar” la entidad. Sin embargo, expertos y gremios han advertido que la Comisión debería ser puramente técnica. Hace unos meses, cuando se conoció el primer borrador de la ley, Alejandro Castañeda, de ANDEG, calificó de “absurdo” considerar que con cinco años de experiencia alguien ya es experto. Añadió que si el Gobierno quiere perfiles académicos o sociales, puede buscarlos dentro de los parámetros actuales.
El proyecto de ley establece “criterios especiales” que deberá tener en cuenta la regulación de tarifas, entre ellos, que en todos los servicios se podrán cobrar cargos “orientados al cumplimiento de fines solidarios y redistributivos”.
Más allá de los tres ejes
La iniciativa introduce reformas en las leyes 142 y 143 de 1994. El texto radicado detalla medidas para que haya mayor claridad en las facturas, impide que en la factura de energía se cobren impuestos u otras contribuciones distintas al valor del servicio y abre la puerta a nuevos mecanismos de estabilización tarifaria. Entre otras cosas, establece que el Minminas creará mecanismos para limitar la exposición de los usuarios a la bolsa de energía.
Uno de los puntos que no estaba en el borrador de la ley de tarifas es la creación de fondos para el cierre de brechas energéticas, con compensaciones hasta del 2 % para territorios impactados por grandes generadoras. El proyecto también plantea “nuevos mecanismos de confiabilidad” que definirá el Ministerio de Minas y Energía. En el articulado no es claro qué ocurrirá con el cargo por confiabilidad, uno de los temas más polémicos del proyecto de ley.
Una transición en tensión
El debate tarifario está atravesado por la cantidad de energía disponible. El ministro Palma insiste en que el país pasó del 2 % al 14 % de energía limpia en este Gobierno, pero gremios han advertido que se necesita garantizar la confiabilidad del sistema. Los privados consideran que no será posible bajar las tarifas sin resolver los cuellos de botella ambientales y sociales.
El debate de estos temas es clave, pero Vera dice que no ve necesaria la ley “más allá de un componente estrictamente político y de conveniencia”. En cambio, sostiene que se debería fortalecer la institucionalidad regulatoria existente y el desarrollo de las propuestas por los mecanismos establecidos.
El consenso entre técnicos es que las modificaciones legales deben traducirse en reglamentaciones, licencias, inversiones y confianza. Ninguno de esos factores se construye de la noche a la mañana.
Fuentes del sector le dijeron a este diario que los gremios están analizando la versión final de la propuesta, que trae varios cambios frente al borrador que publicó la cartera a mitad de año, por lo que se pronunciarán en los próximos días.
La iniciativa tendrá que superar cuatro debates, el primero en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, la discusión apenas comienza. Entre tanto, los usuarios seguirán esperando que el debate político se traduzca en alivios. La promesa está en el Congreso; la factura, debajo de la puerta.
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