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El Gobierno, vía decreto, ordenó a los fondos de pensiones transferir a Colpensiones más de COP 27 billones en las próximas semanas. La medida, según analistas consultados por este diario, contradice la reforma pensional, un proyecto de la administración de Gustavo Petro, y afecta la sostenibilidad del sistema. A cambio, liberaría recursos del presupuesto en un momento de estrechez fiscal.
¿De qué estamos hablando?
La plata que ordenó trasladar el Gobierno es la que ahorraron los afiliados que usaron la oportunidad de traslado de la reforma pensional para pasarse de los fondos privados a Colpensiones. El artículo 76 de esa ley establece que por dos años (hasta julio de 2026) las personas a las que no les aplica la reforma pueden cambiarse de régimen incluso si están a menos de 10 años de la edad de pensión o si ya la cumplieron. Esta es una oportunidad única, pues la Ley 100 de 1993 solo permite que se trasladen quienes están a más de 10 años, es decir, mujeres hasta los 47 años y hombres hasta los 52 años.
En este momento, en el que la Corte Constitucional todavía no ha tomado una decisión de fondo sobre la reforma, solo hay dos artículos de la iniciativa que siguen en pie: el que creó las Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI) y el 76, que creó la oportunidad de traslado. ¿Por qué? Porque en junio de 2025, cuando el alto tribunal decidió suspender la entrada en vigencia de la iniciativa, hizo esas dos excepciones.
Con corte al 5 de febrero, 119.632 personas habían pasado de los fondos privados a Colpensiones. Su ahorro, según cálculos de Asofondos, suma más de COP 27 billones. Entre este grupo hay personas que siguen cotizando y usuarios que se pensionaron después de cambiarse (22.472 específicamente).
El decreto que publicó este jueves el Gobierno dice que, como su reforma pensional está suspendida, las reglas de juego son las de la Ley 100 de 1993. Y esa ley establece, en palabras simples, que si una persona se traslada, también lo debe hacer la plata que tenía ahorrada.
El Gobierno estableció dos plazos distintos para que los fondos de pensiones giren los billonarios recursos. El 50 % del dinero ahorrado por los afiliados que no se han pensionado, más rendimientos e incluso los aportes hechos al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, debe girarse en un término no superior a 20 días desde la entrada en vigencia del decreto y el 50 % restante en los 10 días siguientes. En cambio, la plata de los que se trasladaron y se pensionaron se girará en 15 días.
Suena lógico: si me paso a Colpensiones, pasa la plata que ahorré porque es esa entidad la que en el futuro me pagará la pensión. El problema es que la ley establece otra cosa. El artículo que le dio vida a la oportunidad de traslado dice que la plata de quienes usaron este instrumento excepcional debe seguir en los fondos hasta que se cumplan los requisitos de pensión.
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En palabras de Kevin Hartmann, abogado y fundador de Hartmann Asociados, el nuevo decreto del Gobierno contradice la reforma pensional. “Un decreto, que es norma legal de rango inferior, está contradiciendo una ley, norma legal de rango superior. Esa es la ilegalidad”.
Andrés Felipe Izquierdo, abogado experto en el tema y gerente general de Integral Soluciones Pensionales (ISP), coincide en que el decreto es “absolutamente ilegal” porque va en contravía del artículo 76. “Si el afiliado no se ha pensionado es imposible el traslado de ese ahorro, y cualquier intención de hacerlo previamente a la pensión no solo es ilegal, sino que afecta la sostenibilidad financiera de Colpensiones a mediano plazo”, sostiene.
Ahora bien, la reforma dice que cuando los afiliados que se trasladaron se pensionen, los recursos pasarán al fondo de ahorro que administrará el Banco de la República. Sin embargo, el artículo que establece esta segunda parte (el 24) sí está suspendido. Entonces, hay una especie de “vacío legal” sobre los recursos de quienes se pensionaron después de usar la ventana de traslado.
La medida tomó por sorpresa a los fondos de pensiones. Los representantes de las cuatro administradoras (Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia) recibieron la noticia en Cartagena, donde se adelanta el congreso anual de Asofondos. Por más de dos horas estuvieron reunidos con sus asesores legales para determinar los alcances del decreto.
Este diario conoció que este viernes Asofondos presentará una acción de tutela para solicitar la protección de derechos fundamentales de sus afiliados y una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, solicitando como medida cautelar que se suspendan los efectos del decreto para evitar un daño irreparable.
El gremio, anticipándose a la oficialización del decreto, envió esta semana una solicitud a la Corte Constitucional pidiendo un “complemento” al auto con el que el alto tribunal suspendió la reforma pensional. Básicamente, los fondos privados buscan una medida de protección para no aplicar el decreto del Gobierno.
Otros ángulos del debate
Esta decisión tiene una serie de efectos, algunos difíciles de dimensionar o todavía inexplorados.
Por un lado, la plata que deben girar las AFP está invertida; por lo tanto, los fondos tendrían que liquidar activos en poco tiempo. El decreto, a diferencia del borrador que se conoció en febrero pasado, permite que algunos títulos de deuda, mientras sean compatibles con el régimen de inversión de Colpensiones, se puedan trasladar.
“El decreto dice que si no tienen los dineros, aceptamos TES, es decir, los papeles. Vamos a hacer una mesa técnica el próximo lunes a las 3:30 p.m., con el superintendente financiero, para clarificar las responsabilidades que tiene en este momento el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad con los afiliados”, aseguró Jaime Dussán, presidente de Colpensiones.
Frente a la pregunta de cómo funcionará la transferencia, Dussán aseguró que el giro se podría hacer a la Fiduprevisora.
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La medida también tendría efectos en el mercado de capitales. “La liquidación o el traslado a Colpensiones de las inversiones en TES, implica que habrá una desvalorización generalizada en toda la curva de rendimientos de los bonos de deuda pública”, explicó a El Espectador Hernán Alzate, presidente de Autorregulador del Mercado de Valores. De hecho, aseguró que en la jornada el mercado empezó a asimilar un potencial incremento en la oferta de títulos de deuda, lo que se traduciría en tipos de interés más altos.
El Gobierno argumenta que el régimen público no solo reconoce la pensión de vejez, sino que también asume el aseguramiento de los afiliados contra riesgos, como el de invalidez. Este es un tema que hasta ahora estaba en el limbo.
Además, dice el decreto, los recursos por concepto de traslados son importantes para la entidad. En un comunicado, Colpensiones aseguró que la medida fortalece “los principios de sostenibilidad financiera, equidad y solidaridad del sistema pensional, al tiempo que brinda mayor seguridad jurídica a los afiliados que han tomado la decisión de trasladarse”.
Este año, la Nación le debe transferir a Colpensiones COP 33 billones para el pago de pensiones. Si la entidad recibe esos COP 27 billones de los traslados, necesitaría menos dinero del Presupuesto General de la Nación y, por lo tanto, se liberarían recursos en un momento de estrechez fiscal.
Pero los beneficios de corto plazo pueden salir caros en el largo: si la plata se gasta hoy para pagar pensiones, el hueco será mayor en el futuro, cuando llegue la hora de pagar las mesadas. Justamente, pensando en la sostenibilidad fiscal del sistema, el Congreso apostó por un fondo de ahorro y fijó que a ese irían los recursos de los traslados.
Los limbos en la reforma pensional, que iba a entrar en vigencia el 1.° de julio de 2025, pero antes de ver la luz fue suspendida, ya están pasando factura. El debate sobre el traslado de los recursos pasa ahora al terreno judicial.
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