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Hasta el 19 de octubre estará disponible para comentarios el proyecto de decreto cuyo fin es que las entidades públicas vinculen a sus plantas de personal a jóvenes entre 18 y 28 años que no acrediten experiencia.
Esta es una reglamentación de lo dispuesto en el artículo 196 del Plan Nacional de Desarrollo. El objetivo, según el Ministerio de Trabajo y Función Pública es «mitigar las barreras de entrada al mercado laboral» para los jóvenes, población cuya tasa de desempleo es casi el doble del cifra total nacional. Lea: Desempleo en agosto subió al 10,8 % y las mujeres fueron las más afectadas
«En la adopción o modificación de sus plantas de personal permanentes o temporales, en el diez (10%) de los nuevos cargos, no se debe exigir experiencia profesional para el nivel profesional o técnico, respectivamente», está entre las disposiciones del proyecto de decreto.
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Las entidades públicas “deberán adecuar sus manuales de funciones y competencias laborales para permitir el nombramiento de jóvenes entre los 18 y 28 años graduados y que no tengan experiencia, o para determinar las equivalencias que corresponda, siempre y cuando cumplan con los requisitos del cargo”, explicó Función Pública. «Cabe destacar que estas disposiciones se extienden los empleos de carácter temporal», agregó.
Asimismo, el proyecto plantea dar prelación a los jóvenes que “estuvieron bajo custodia y protección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, siempre que reúnan los requisitos para el desempeño de los cargos”.
El borrador aclara que se entiende «por jóvenes entre los 18 y 28 años que estuvieron bajo custodia y protección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar a aquellos que siendo niños, niñas, adolescentes y jóvenes estuvieron bajo medida de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF en las modalidades de internado u hogar sustituto; ingresaron al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y cumplen con los criterios de certificación establecidos por ICBF o quienes hicieron parte de la oferta de atención en prevención con énfasis en la garantía del derecho al trabajo protegido, de acuerdo con las certificación expedida por el ICBF como entidad rectora del Sistema Nacional de Bienestar Familiar».
Consulte el proyecto de decreto en este enlace.
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