Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Como cualquier otro país, Colombia vive atravesado por necesidades, problemas, retos y varias crisis. Desde cosas básicas, como saneamiento y acueductos, pasando por vías terciarias y electricidad, hasta discusiones algo más elevadas, como el acceso y la calidad de la salud y la educación, o el desempleo en la era de la inteligencia artificial.
Y, aunque no se trata de subyugar todos los problemas a uno solo ni de buscar una raíz común para una larga lista de carencias y deudas históricas, hay un factor que atraviesa todas estas realidades: la situación fiscal del país, la chequera con la que se pueden implementar políticas y cambios, estructurales o paliativos, para intentar solucionar cosas.
La cuestión fiscal es tan grande y abarca tantos aspectos que, justamente por su tamaño, termina pasando casi desapercibida en una conversación nacional enfocada en cientos de ítems más de la lista de problemas del país. Pero, como lo dijo un funcionario del Ministerio de Hacienda, es la gran crisis, el tema silencioso que atraviesa a todos los demás.
El problema es que el panorama fiscal no luce halagador. Para 2026, el Gobierno espera cerrar con un déficit fiscal de 5,1 % del PIB; en 2025, esa cifra se ubicó en 6,4 %. Y, aunque son números mejores a los que se esperaban antes, los resultados siguen mostrando problemas de fondo: el país continúa gastando más de lo que recibe, especialmente en impuestos.
En 2026, el recaudo tributario alcanzaría los COP 291,3 billones, lo que representaría un crecimiento de COP 19,4 billones frente a la cifra final de 2025. Aun así, sería un aumento menor al observado entre 2024 y 2025.
A lo anterior hay que sumarle que Colombia ha hecho 21 reformas tributarias entre 1990 y 2022, pero su recaudo sigue rondando 22 % del PIB, por debajo del promedio de la OCDE, de 34 %.
De acuerdo con el Plan Financiero del Ministerio de Hacienda, el gasto total del Gobierno terminó siendo menor al proyectado inicialmente, en unos COP 18,3 billones. Pero, a la vez, ese rubro creció en 2025 frente a 2024 en COP 24,6 billones. Para comparar, el primer esbozo de ley de financiamiento del año pasado buscaba un recaudo de COP 26 billones.
El mayor ajuste positivo en materia de gasto estuvo en la disminución de los intereses de la deuda, gracias a una serie de operaciones que adelantó a lo largo de 2025 el Ministerio de Hacienda. Eso permitió recortar COP 22,1 billones frente a los resultados de 2024.
Visto así, se trata de una buena noticia. Pero lo que han advertido analistas es que la mejoría se explicó por esas operaciones de deuda que ayudaron a reducir el pago de intereses, y no por un avance significativo en los ingresos ni por un recorte estructural del gasto. En otras palabras, la estructura del sistema sigue mostrando los mismos desbalances de fondo que, para este punto, es claro que deberá asumir el próximo Gobierno.
En su momento, el Observatorio Fiscal de la U. Javeriana lo resumió así: “Destacamos que, aunque en 2025 el déficit fiscal total fue mejor de lo esperado, el déficit primario sí se amplió de manera importante. Esto se explica en buena medida porque los ingresos tributarios estuvieron por debajo de lo proyectado en el presupuesto”.
Es por eso que lo que pase en materia fiscal y tributaria en el próximo Gobierno es de vital importancia, no solo para la viabilidad del proyecto político que llegue a la Casa de Nariño, sino también para empezar a corregir un camino que, bajo la mirada de muchos analistas y académicos, sigue mostrando desbalances profundos.
Esto dijeron los candidatos en materia fiscal y económica en el debate de El Espectador, que se realizó este martes 24 de marzo en la Universidad de los Andes, con el apoyo de esta institución y de Dejusticia, entre otros aliados.
¿Bajar impuestos o tributar más?
En el debate de El Espectador sobre desigualdad y pobreza participaron Roy Barreras, Claudia López, Luis Gilberto Murillo y Paloma Valencia, esta última de forma virtual y con respuestas enviadas previamente.
Aunque en el espacio se tocaron temas como empleo, brechas regionales y movilidad social, una de las discusiones más de fondo terminó concentrándose en la tributación: si Colombia necesita bajar cargas para incentivar inversión y empleo; o si, por el contrario, debe recaudar más y mejor para financiar al Estado y corregir desigualdades.
A grandes rasgos, todos los candidatos coincidieron en señalar la regresividad, la obsolescencia y las inequidades del sistema tributario colombiano, y en la necesidad de una reforma. Las diferencias aparecieron en el contenido de esa reforma y en la manera de corregir esos problemas.
Paloma Valencia planteó una propuesta centrada en bajar y simplificar impuestos. Habló de crear un “mini régimen simple” para pequeños negocios, bajar el impuesto de renta, eliminar el impuesto al patrimonio y revisar cargas junto a entidades territoriales como el impuesto predial y el Impuesto de Industria y Comercio (ICA).
Respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Valencia propuso mantener la devolución a los hogares pobres y retomar dos días sin IVA (mecanismo implementado por el expresidente Iván Duque en su administración; desmontada luego por el Gobierno de Gustavo Petro) para productos fabricados en Colombia.
Claudia López, por su parte, dijo que en Colombia se les cobra impuestos a muy pocos y que la carga termina cayendo sobre la clase media y las microempresas. Su propuesta fue bajar gradualmente dos puntos del impuesto de renta si el país crece 4 % y la inversión privada se mantiene en 20 %, y otros dos puntos si la economía crece 5 %.
Pero, al mismo tiempo, habló de bajar el IVA del 19 % al 15 % y extender esa tarifa a todos los bienes, junto con una devolución anticipada completa para las personas pobres. También propuso actualizar el catastro para cobrar más impuestos sobre la tierra y menos sobre ingresos medios.
Luis Gilberto Murillo enfocó su propuesta en el recaudo. Dijo que el sistema tributario actual “no sirve para nada para disminuir la desigualdad” y planteó aumentar el recaudo entre 2 y 3 puntos del PIB en los próximos dos años mediante una reducción de la evasión del 30 %. A eso sumó la eliminación de beneficios y exenciones que, en su criterio, ya no se justifican, y abrió la puerta a una reforma tributaria territorial. También propuso revisar la regla fiscal para incorporar criterios territoriales y ambientales, con un sistema de compensaciones entre regiones ricas y pobres.
Roy Barreras no detalló un paquete tributario tan específico como los demás, pero sí dejó clara su posición: se opuso a bajar puntos del IVA o desmontar el 4×1.000 en el contexto de déficit fiscal actual y dijo que el país necesita una reforma tributaria estructural.
En su intervención sostuvo que sí hay que aliviar a las mipymes, pero sin renunciar a ingresos en un momento de estrechez fiscal. En una de las preguntas cerradas del debate, a la que sólo se podía responder con “sí” o “no”, Barreras se mostró a favor de subirles los impuestos a las personas con mayores ingresos en el país.
Cómo mejorar el empleo y los salarios
La discusión sobre desigualdad también pasó por el mercado laboral, porque allí se cruzan varias de las brechas más persistentes del país.
En enero de 2026, la tasa de desocupación nacional fue de 10,9 % (una de las cifras más bajas en la serie histórica del DANE desde 2001), pero detrás de este promedio general se halla una brecha de género persistente: mientras el desempleo de los hombres fue de 8,7 %, el de las mujeres alcanzó 13,8 % en dicho mes.
Las desigualdades también aparecen del lado de los ingresos. De los 23,7 millones de ocupados con ingreso en Colombia, 11,3 millones ganaban menos de un salario mínimo en 2025 y 2,4 millones exactamente uno. Es decir, al menos 13,8 millones estaban en un salario mínimo o por debajo.
Claudia López dijo que no habrá más empleo formal sin educación de calidad y planteó reforzar el sistema de cuidado para las mujeres, con becas e ingresos, al considerar que la distribución desigual de esas tareas es uno de los principales factores de inequidad. También habló de más inversión social sin corrupción y, en el frente rural, de asistencia técnica, crédito barato y precios de compra garantizados a campesinos para impulsar la formalización.
Luis Gilberto Murillo puso el foco en la discriminación contra mujeres, grupos étnicos y campesinos en el acceso al mercado laboral. Su propuesta fue llevar más inversión a los territorios rezagados para crear empleo y emprendimiento, y reducir la informalidad entre 10 y 15 puntos con una estrategia centrada en inversión en las regiones y en reducción del centralismo.
A su turno, Paloma Valencia hizo hincapié en su propuesta de facilitar la entrada de los negocios al sistema tributario, incluidos los más pequeños, a través de una ruta centrada en la formalización. En ese sentido, habló de eliminar el costo de trámites, volver gratuitas las afiliaciones a las cámaras de comercio, ampliar el acceso al crédito y aprovechar herramientas como las finanzas abiertas, a través de sistemas como Bre-B, para que los pequeños negocios puedan construir historial crediticio. También reiteró su idea de un “mini régimen simple” que permita registrar empresas, cubrir aportes como pensión y reducir cargas administrativas.
Roy Barreras, por su parte, sostuvo que la equidad no puede reducirse a la entrega de subsidios y defendió la necesidad de dar confianza para la inversión.
En otro momento del debate, los candidatos también respondieron una pregunta cerrada sobre el incremento del salario mínimo en 2027; se les preguntó a los candidatos si apoyarían que en 2027 subiera el doble de la inflación. Roy Barreras, Claudia López y Luis Gilberto Murillo respondieron que sí. Paloma Valencia, en cambio, respondió que no.
Fuera de las propuestas puntuales de los candidatos a la Presidencia, el debate de este lunes permitió dimensionar la magnitud de la desigualdad que tendrá que enfrentar el próximo Gobierno.
El coeficiente de Gini, que mide el grado de concentración de la riqueza o la propiedad (entre más se acerca a 1, menor equidad refleja), da una idea de la magnitud de la problemática: en Colombia, el Gini de la tierra es de 0,86. A eso se suma que el 10 % más rico concentra 60 % de la riqueza, mientras el 50 % más pobre apenas posee 6 %. Por eso, la discusión sobre impuestos, empleo y movilidad social seguirá en el centro de la campaña.
💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.
Conoce más