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La reforma laboral superó su discusión en el Senado luego de cuatro jornadas, durante dos semanas, en la plenaria de esa corporación.
Antes de convertirse en ley, debe conciliarse el texto aprobado esta semana en el Senado con el que salió de la Cámara. Ayer se anunció que tendrán como base el que fue aprobado por el Senado.
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, explica cuáles son los puntos cruciales para el Gobierno en este proceso, que se realizaría el viernes, en el plazo máximo para que la iniciativa salga con vida del Congreso rumbo a la sanción presidencial.
¿Qué balance hace del paso de la reforma laboral por el Senado?
En estos últimos días, insistimos en que lo que tenía que hacer el Senado era aproximarse a lo que había votado la Cámara de Representantes y eso es lo que felizmente ocurrió ayer, no en virtud de un acuerdo, que lo estuvimos también buscando, sino artículo por artículo, a voto limpio, como se dice también en este argot de la política, y entregamos como resultado un articulado que es muy cercano al de Cámara.
Yo creo que esto va a facilitar la conciliación. Esperemos que no vaya a ocurrir nada extraño en la votación de la conciliación, que no vaya a resultar por ahí ningún creativo, algunas trapisondas o maniobras que eviten que los colombianos tengamos una reforma laboral como la que merecemos. Así que esperemos que este 20 de junio —es decir, el viernes— el país tenga una nueva legislación laboral.
¿En qué puntos de la conciliación se enfocará el Gobiernos?
En principio diría que son tres los asuntos sobre los que el Gobierno querrá insistir para que quede consignado en el texto definitivo. Lo que tiene que ver con las licencias menstruantes incapacitantes. Ya es reconocido, médica y universalmente, que hay mujeres que tienen ciclos menstruales incapacitantes y eso las afecta en su desempeño laboral. Luego entonces ese derecho hay que reconocerlo.
Un segundo asunto es la formalización de los trabajadores del transporte de carga y de pasajeros, que fue un punto de acuerdo en el paro camionero del año pasado. Es un sector que trabaja en unas condiciones absolutamente precarias, digamos en una situación en muchas ocasiones de informalidad, sin protección social, sin protección en sus riesgos laborales: en fin, es la gente que nos trae los alimentos y nos transporta.
Y un tercero, que también es muy sensible para el Gobierno, es el del contrato agropecuario. Los trabajadores agrarios, obreros asalariados, muchos de ellos no tienen contrato laboral ni prestaciones sociales. El contrato es para esa población, que es distinta del trabajador por cuenta propia, que es el pequeño propietario de una parcela, por ejemplo.
Uno de los puntos que quedó por fuera fue la excepción para mipymes de la ampliación de la jornada nocturna…
En Cámara no existía ninguna exención para el pago de recargos. En la Comisión Cuarta se eliminó esa exención. Volvió a aparecer en la plenaria. Nosotros siempre hemos insistido que nadie puede estar por fuera del pago de ese recargo.
Las microempresas en el país, muchas de ellas también son trabajadores a cuenta propia, son personas que individualmente derivan sus ingresos de su actividad laboral, son más o menos unos 1,6 millones de 12 millones de trabajadores formales. Entonces, el ámbito de aplicación de esa excepción es muy estrecho.
Y lo que han dicho organismos internacionales como la OIT es que se requieren acciones afirmativas hacia esas unidades productivas en relación con tasas diferenciales de crédito, fondos de capital semilla, asistencia técnica, exenciones en servicios públicos y tributarias, que no afecten ese derecho del trabajador.
¿El Gobierno tomará ese tipo de acciones hacia las micro y pequeñas empresas?
En el debate anuncié, en nombre del Gobierno, un proyecto de ley que radicaremos el 20 de julio para un plan de alivios a la microempresa, que permita compensar lo que puede significar el aumento de costos laborales para esas pequeñas unidades productivas.
Cambiando de tema hacia la reforma pensional: con el fallo de la Corte Constitucional, ¿cuándo podríamos esperar la entrada en marcha del nuevo sistema?
Nosotros estamos preparados para arrancar el 1.° de julio, que es el plazo que tiene hoy la ley. Estábamos esperando el pronunciamiento de la Corte. Por fortuna, unánimemente, la sala plena de la Corte salvó la reforma desde el punto de vista constitucional. Porque recuerde que había ponencias, principalmente la de Ibáñez, que reclamaba la inconstitucionalidad de la norma. Quedó claro que la norma es constitucional y que hay que resolver un asunto de trámite, y para ello la devuelve a la plenaria de la Cámara de Representantes.
El Gobierno ya está listo para convocar extras, de tal suerte que eso se pueda hacer pronto en esta legislatura: seguramente eso ocurrirá entre hoy y mañana. Y una vez eso ocurra, nosotros esperaríamos que la Cámara discuta el articulado que viene del Senado, vuelva a debatir la proposición de que se acoja el articulado del Senado y se vote esa proposición.
Con la corrección de esto, la reforma vuelve a la Corte para que examine, ojalá muy pronto, si la Cámara subsanó este asunto de trámite de la ley. Ojalá que eso ocurra en muy poco tiempo, de tal suerte que la fecha de inicio de la implementación de la reforma pensional no se demore mucho más allá del 1.° de julio.
¿Qué pasa con los traslados mientras se resuelve la orden de la Corte?
La Corte salvó, entiendo, dos asuntos. Uno es el tema de la oportunidad de traslados, la gente que se está trasladando tiene hasta julio del año entrante para hacerlo. Todavía la gente lo puede hacer y es bueno que lo sepan.
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