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La falta de quórum terminó hundiendo la reforma laboral. Muchos congresistas de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes se negaron a debatir la propuesta que busca actualizar el Código Sustantivo del Trabajo, regular las labores de los repartidores y retornar a derechos relacionados con la jornada laboral (entre otros temas).
De allí que sectores como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) califique de “triquiñuelas” las jugadas empleadas por los congresistas de la oposición para impedir la aprobación de la reforma laboral.
Sin embargo, otra mirada de lo sucedido también podría decir que desde su radicación la ponencia no generó interés (sin que con esto se justifique el ausentismo en el Congreso), pues desde un comienzo la oposición manifestó que no apoyaría una reforma que no genera empleo ni mitiga el problema de la informalidad.
De hecho, gran parte de los analistas consultados por El Espectador coinciden en que la gran debilidad de esta reforma fue la falta de consensos, incluso hay quienes se atreven a calificarla de “imposición”.
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Esto, a la verdad, tiene una parte que es falsa y otra que es cierta. Es falsa porque la reforma sí fue ampliamente divulgada antes de su radicación. La construcción de la misma contó con la participación de la ciudadanía y actores del mercado laboral; pero a la vez es cierta, porque no fue concertada. Resulta que en aras de propiciar ese debate, la misma se llevó a la mesa de la Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales, en donde tienen asiento empresarios, Gobierno y trabajadores (los mismos que acuerdan el incremento del salario mínimo a fin de año). El documento final no contó con la luz verde de los empleadores, lo que a la larga terminó por sembrar temores en torno a la propuesta.
Desde un comienzo estos últimos dijeron que todos los refuerzos a la calidad del trabajo que plantea la reforma (como lo es el cambio de las jornadas nocturnas, el recargo del 100 % para dominicales y festivos, así como los nuevos componentes para la estabilidad laboral) se traducían en aumentos para los costos de contratación, lo que convertiría a la formalidad en algo insostenible (especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas) y, con el paso del tiempo, en despidos. En suma, no les hacía justicia respaldar una reforma que, en sus cuentas, iba a generar más desempleo e informalidad.
Dicha premisa fue reforzada por un informe que publicó el Grupo de Análisis del Mercado Laboral de la Subgerencia de Política Monetaria e Información Económica del Banco de la República, en donde se estimaba que la entrada en vigencia de la reforma laboral podría implicar la destrucción de 454.000 empleos formales en el país.
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Fue así como desde la oposición (y desde algunos observatorios laborales) se concluyó que la reforma laboral debería atacar principalmente al monstruo de dos cabezas del desempleo y a informalidad, antes de pretender solventar cualquier otro problema que tenga el mercado laboral (y más en el complejo momento macroeconómico por el que atraviesa el país, argumentarían otros).
No obstante, no deja de ser cierto que desde el partido de Gobierno hubo voluntad para modificar todos esos reparos que le hicieron a la reforma, y de hecho, en el documento que se radicó para su primera ponencia se evidenciaron ajustes en la entrada en vigencia de los cambios a las jornadas laborales. Sin embargo, la falta de debate no permitió que la iniciativa avanzara, por lo que terminó en el archivo.
Habría una reforma laboral 2.0
Como lo manifestaron los defensores de la reforma, tan pronto se conoció la noticia de su hundimiento, la iniciativa no ha muerto. Aún le queda el próximo periodo legislativo (que se inicia el 20 de julio) para buscar una nueva oportunidad en el Congreso. La pregunta del millón frente a esto es si se presenta la misma, o tendremos una nueva versión, es decir, una reforma laboral 2.0.
Ya el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, confirmó que la reforma laboral volverá a presentarse. En El Espectador consultamos a algunos expertos sobre cuáles deberían esos eventuales cambios que se le pudieran hacer a la laboral para que pueda ser aprobada, o cuanto menos debatida.
Para el director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, Andrés García Suaza, es evidente que el mercado laboral colombiano necesita una reforma, y muestra de ello es la alta tasa de informalidad y desempleo. Al ver la reforma, él coincide en que faltaron componentes estructurales que permitieran la dinamización de la creación del empleo, así como mecanismos que impulsen hacia una economía más formal.
“Uno de los problemas claros que demuestra la falta de capacidad que tiene la economía en la generación de empleo, es la alta incidencia de los trabajadores por cuenta propia en la economía. Creo que una reforma debería ir orientada a estos aspectos sin olvidar una mirada a largo plazo incluyendo temas como la digitalización, y la transición hacia economías verdes y sostenibles”, detalla.
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Por su parte, Jeisson Andrés Balaguera, quien es financiero y CEO de la Banca de Inversión Values AAA, considera que sí o sí la reforma debe ser concertada, tanto por el Gobierno, como por los trabajadores y empresarios.
“Acá la idea es llegar a un equilibrio en donde todos se vean beneficiados. En ese orden de ideas por supuesto que sí, debe revisarse nuevamente la reforma e identificar los puntos de acuerdo, en pro de mejorar el país, las condiciones laborales, y también las de los empresarios”, señala.
“En nuestro banco de inversión hablamos día tras día sobre el proceso, y no hay uno solo empresario que no quiera construir país. Todos quieren que al país le vaya bien. Desde que el costo de producción sea sostenible para el empresario, estoy seguro que no habrá problemas para ceder en la mejora de las condiciones laborales”, explica.
La directora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, Juliana Morad, también coincide en que a esta reforma le hizo falta más concertación, así como el involucramiento de diversos actores.
“Una reforma es necesaria en Colombia, sobre todo por lo antiguo que es el Código Sustantivo del Trabajo, así como las transformaciones tan importantes que ha tenido el mercado laboral. Además, tenemos un gobierno que ha hablado de la intención de cambios sociales profundos y transformadores. Eso es algo importante y valioso”, señala la directora, quien cree que aún puede haber una laboral en Colombia, siempre y cuando se lleguen a puntos medios y ponga como pilar la lucha contra el desempleo e informalidad.
Al análisis también se sumó el director del Observatorio Laboral de la Universidad Externado, Stefano Farné, para quien el Gobierno pudiera aprovechar esta oportunidad para introducir un verdadero subsidio de desempleo, amén de permitir el salario por horas para determinados grupos poblacionales (como los jóvenes que trabajan y estudian, o los pensionados).
Es más, cree que hay varios puntos que podrían negociarse con los empresarios, como que se aumenten este tipo de subsidios, a la par de que se mantengan los costos de contratación asociados a los cambios que propone la reforma en jornadas laborales.
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Finalmente está la posición de las centrales obreras. Para Francisco Maltés, presidente de la CUT, no hace justicia el hecho de que la reforma deba ser cambiada, si se tiene en cuenta que sus argumentos no fueron refutados en el Congreso, dado que no hubo un debate serio.
Dice que los trabajadores no han perdido del todo, pues hay una serie de puntos que están en la reforma que podrían pasar vía decreto presidencial en el país (ninguno de estos modificaría el Código Sustantivo del Trabajo, pero sí atenderían parte de las recomendaciones que ha hecho la Organización Internacional del Trabajo -OIT-).
“El camino en este momento es que se presente en las sesiones ordinarias que comienzan en julio y por supuesto que haremos el mayor esfuerzo de convencer a los parlamentarios para que se apruebe esa reforma”, propone el líder sindical, quien asegura que contrario a lo que muchos han dicho, esta propuesta sí mitiga la informalidad, pues su aplicación llevaría a la formalización de 4 millones de empleos, partiendo de la premisa de que el principal causante de la informalidad en el país es el empresariado que no cumple con las normas laborales.
Frente al argumento de que la reforma no genera empleo, Maltés recuerda que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que ya le aprobaron al presidente Petro incluye una serie de medidas que permite el dinamismo y formalización laboral, especialmente en las zonas rurales del país.
En el eventual caso en que se abra la posibilidad de renegociar la reforma laboral, Maltés asegura que hay unos pilares por los que lucharán para que no desaparezcan, estos son: el contrato de trabajo a término indefinido para quienes cumplan funciones permanentes en el sector privado; los recargos nocturnos; los contratos sindicales y pactos colectivos; la negociación por multinivel y los derechos relacionados a la huelga.
Muchos también coinciden en que la reforma tiene bastantes puntos positivos, los cuales valdría la pena conservar para la eventual reforma que se presentaría en la nueva legislatura. Sin embargo, todos esos desacuerdos habría que conciliarlos, para que la reforma sea concertada y así se facilite su paso por el Congreso.
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