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Cuesta arriba estará el sendero fiscal del Gobierno desde 2020 por las bondades aprobadas en la reforma tributaria, es decir, debido a las medidas que se incorporaron en la Ley de Financiamiento, como las exenciones del IVA sobre los bienes de capital y los impuestos corporativos.
Sin embargo, el Gobierno tiene mecanismos de dónde echar mano en el momento en que se decida y evitar nuevas reformas tributarias con más carga impositiva. Son los costos tributarios por cuenta de las deducciones, las exenciones y los tratamientos tributarios especiales, que ascienden a más de $78,5 billones, según información revelada por el Ministerio de Hacienda.
Con la eliminación de algunos de esos beneficios se podría recaudar un poco más de lo que se espera obtener con la reforma aprobada en 2018, es decir, cerca de $9 billones. (Contexto: Dificultades fiscales abrirían puerta a nueva reforma tributaria).
Esas ayudas presentes en la legislación tributaria implican “una disminución en la obligación tributaria para los contribuyentes, generando menores recursos para el Estado”, señala el informe.
Por su parte, la Anif considera que, en marzo de 2020, la administración Duque debería radicar una nueva reforma tributaria. Y la firma calificadora Moody’s Investors Service ha dicho que el Gobierno tendría que adoptar medidas para compensar lo que, hasta cierto punto, perderá en recaudación del próximo año debido a cómo se adoptó la reforma tributaria de 2018.
El retén tributario tiene más peso en las exenciones, exclusiones y la tarifa diferencial del 5 % del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en el impuesto nacional a la gasolina y al acpm, en el tributo nacional al carbono para los años gravables 2017-2018, en el costo fiscal de las zonas francas, el CREE (impuesto sobre la renta para la equidad) y los contratos de estabilidad jurídica.
“Es el momento de hacer un análisis detallado de cuál es el costo-beneficio de cada una de estas exenciones para ver si se justifican desde el punto de vista económico y social mantenerlas hacia delante”, admite el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía.
Las medidas que ha venido adoptando el Gobierno podrían compensar, en algo, la pérdida que se espera en recaudación debido a las medidas que se incorporaron en la reforma, como las exenciones en el IVA relacionadas con los bienes de capital y los beneficios a las empresas, sostiene Moody’s.
Costo de los beneficios en renta
El costo fiscal por las preferencias en el impuesto de renta para el año pasado fue de $13,3 billones, lo que significa un crecimiento del 10,3 % frente al año gravable 2017, que tuvo un valor de $12,1 billones.
Dentro de los beneficios aprobados en el impuesto de renta se han cuantificado los costos de los contratos de estabilidad jurídica, lo que representó menores impuestos por $1,5 billones por el año gravable 2017 y $1,3 billones por el año 2018.
“En el impuesto de renta se estimó el costo fiscal de la existencia de una tarifa menor a la tarifa general y la no aplicación de la sobretasa en este mismo tributo para los usuarios industriales y los operadores de zona franca”, sostiene el estudio.
El valor de esta ayuda tributaria superó los $753.000 millones en 2017 y para un año después fue de $790.000 millones, con un incremento de $47.000 millones, “debido a que el incremento en la base gravable de este conjunto de declarantes entre 2017 y 2018 no solo compensó la disminución en la tarifa y en la sobretasa del impuesto, sino que hizo más costoso el diferencial de las tarifas”, argumenta el informe.
Asimismo, el Ministerio de Hacienda explica que “en relación con el impuesto sobre la renta, es pertinente mencionar que el proceso de depuración que se realiza en las declaraciones de este impuesto está encaminado a establecer la base gravable del contribuyente. Sobre tal base se aplica la tarifa fijada por la ley obteniendo el impuesto básico que, a su vez, se afecta con descuentos tributarios, para llegar finalmente al impuesto neto a cargo del contribuyente”.
Para el director de Fedesarrollo, es el momento que el país se tome en serio la importancia de estas exenciones y que ojalá hacia delante se pueda discutir la conveniencia de mantenerlas o desmontarlas.
La Anif considera que Colombia requiere incrementar su recaudo tributario en cerca de un 2 % del PIB para siquiera emular el promedio de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), club de las buenas prácticas económicas, en el que Colombia quiere consolidar su presencia.
El Gobierno admite que la legislación tributaria colombiana contempla diversos gastos, con diferentes objetivos económicos, entre los que se encuentran el desarrollo de las regiones, la generación de empleo, la promoción de sectores económicos determinados, el desarrollo tecnológico, la protección, la conservación ambiental y el fomento a la inversión nacional o extranjera.
Sobre este impuesto, la legislación colombiana contempla que no es constitutivo de renta la prima en colocación de acciones o de cuotas sociales, las utilidades provenientes de la enajenación de acciones inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia, el componente inflacionario de rendimientos financieros, las recompensas, la utilidad en la venta de casa o apartamento de habitación, los gananciales, las indemnizaciones, las donaciones para partidos, movimientos y campañas políticas, los aportes de entidades estatales, sobretasas e impuestos para financiamiento de sistemas de servicio público de transporte masivo de pasajeros.
Sostiene el estudio del Ministerio de Hacienda que las deducciones también reducen la base gravable, pero solo un subconjunto de las mismas constituye gasto tributario al estar asociadas con costos que no guardan relación.
Sobre el IVA
La estimación del costo fiscal de mantener la tarifa del IVA del 5 % y preservar la categoría de bienes y servicios excluidos y exentos representa un 6,6 % del PIB en los dos años gravables. Sobre este impuesto, la Anif recuerda que el proyecto que terminó en la reforma tributaria de 2018 contenía una estructura de expansión del IVA a la tasa del 19 % para muchos productos que continúan pagando un 0 o un 5 %. De haberse concretado esa propuesta “se hubiera logrado incrementar el recaudo en cerca de un 0,7 % del PIB”, dice el centro de estudios.
Sostiene el Ministerio de Hacienda en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) que, en cuanto a los impuestos nacionales al carbono, a la gasolina y al acpm, el monto conjunto del costo fiscal es cercano a $480.000 millones en 2018, mostrando una variación cercana al 62 % respecto a 2017. (Para lectura: Aunque se aprobó la ley de financiamiento, Gobierno seguirá buscando recursos).
LA Anif advierte que la relación entre recaudo neto y el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia “se encuentra en una peligrosa senda descendente, del 14 hacia el 13 % durante el horizonte 2019-2022, por cuenta de los excesivos alivios corporativos, que no lograrán compensarse con lo ganado en personas naturales y ante la ausencia de una adecuada expansión del IVA a tasas del 19 %”.
Si bien la Ley de Financiamiento va a generar recursos por 0,5 % del PIB en este 2019, “estimamos que en los próximos tres años la Ley de Financiamiento va a generar una caída en el recaudo de 0,5 % del PIB en el año 2020, un 0,6 % en 2021 y un 0,9 % un año después”, sostiene Luis Fernando Mejía.
En el contexto de una Ley de Financiamiento que tiene unas apuestas importantes desde el punto de vista de crecimiento económico e incentivos a la inversión, pero, por otro lado, una estructura tributaria que tiene una gran cantidad de exenciones, podría ser conveniente, de nuevo, en el corto o mediano plazo, hacer una revisión exhaustiva de ese tipo de exenciones.
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