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El año 2023 pinta particularmente retador en materia económica. A los retos estructurales que el Gobierno prometió encarar en las pasadas elecciones se suma una coyuntura difícil, que limita seriamente las herramientas con las que contará para ejecutar su mandato.
Empiezo por la coyuntura. En ella se destacan agudos riesgos macroeconómicos que mal haría el Gobierno en desatender, pues de consolidarse en realidades tirarían por la borda las buenas intenciones de cambio. La situación recuerda parte de la coyuntura que precedió a la crisis de 1998-2001. Como entonces, los colombianos y nuestro Gobierno venimos gastando de manera muy dinámica (como se refleja en un crecimiento del PIB bastante acelerado en 2021 y 2022), pero lo hacemos a crédito, es decir, financiados por inversionistas extranjeros. Esto, ni más ni menos, es lo que significa que tengamos un déficit externo cercano al 6 % del PIB: esa es la parte de lo que gastamos, que año tras año acabamos pagando con recursos que no generamos en el país.
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Tal dependencia nos deja en una situación frágil. Si el crédito se nos pone muy costoso o simplemente no nos llega más, o si por alguna razón se nos caen los ingresos, estaremos en problemas para financiar el ritmo de gasto en el que venimos montados.
Una mala noticia es que la financiación externa efectivamente se hace cada día más costosa, tanto por la dinámica mundial de las tasas de interés como por la intranquilidad con que muchos inversionistas -extranjeros y nacionales- miran a Colombia por estos días. Otra es que, a diferencia de finales de los 90, estamos en esta situación a pesar de que los precios de nuestras exportaciones están altísimos, lo cual quiere decir también que nuestro gasto es aún más elevado y que esos precios podrían caer, dejándonos con una necesidad de financiación todavía mayor.
Todo esto configura un panorama preocupante que debería obligar al Gobierno a un manejo extremadamente cuidadoso del gasto público y de los instrumentos de política que afectan el gasto privado. El riesgo fundamental es precipitarnos a una crisis de financiación, como la muy costosa que efectivamente vivimos a finales de los 90, que podría borrar con el codo los esfuerzos que el Gobierno haga con la mano en la lucha contra la desigualdad y la pobreza.
Evitar una crisis de este tipo requiere mantener el gasto privado y público en niveles razonables para las capacidades productivas del país y mantener los ingresos del Gobierno fluyendo de forma acorde con sus necesidades.
No es el momento de estimular la demanda (bajar tasas de interés, hacer gasto público expansivo) ni de comprometer los recursos de la reforma tributaria -algunos de ellos de carácter temporal- en nuevos gastos que no generen crecimiento, menos si esos gastos son de índole permanente. Tampoco el de generar dudas sobre la renta proveniente de energéticos. Solo con mucha disciplina de gasto se controlan las necesidades de financiación externa, al tiempo que se da tranquilidad a los financiadores sobre las capacidades de pago de los colombianos, tanto de los privados como del renglón público. La tranquilidad de los financiadores también requiere unas señales de responsabilidad macroeconómica muy claras y coordinadas desde los diferentes niveles del Gobierno, un frente en el que ha habido dificultades serias en los primeros meses del período presidencial.
Esas son las limitaciones con las que el Gobierno tiene que lidiar a la hora de implementar sus otras prioridades de política económica, entre las que se destaca la lucha contra la desigualdad económica. Una administración nacional cuenta con tres tipos de herramientas para lidiar con esta problemática y con sus efectos sobre el bienestar de las personas.
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Uno es cobrar impuestos altos a las personas de más ingresos y hacer transferencias a aquellas con situaciones más precarias; el segundo es asegurar una mejor provisión de los bienes públicos de primer orden (salud, educación, seguridad y transporte), para que las necesidades básicas de los ciudadanos dependan menos de su propia capacidad de gasto, y el último es proveer un ambiente económico tal que las personas pueden generar niveles de ingreso razonables a través de sus propios proyectos de desarrollo personal.
Las dos últimas rutas son, de lejos, las más poderosas, pero también las más difíciles de ejecutar y de visibilizar en el corto plazo. Probablemente por ello el Gobierno se ha concentrado por ahora en la primera, elevando los impuestos a las personas de más ingresos en la reforma tributaria y enfatizando programas de transferencias a los más vulnerables.
Pero es limitado lo que esta estrategia puede hacer para reducir la peor expresión de desigualdad de ingresos en el país: un nivel de pobreza monetaria (hogares de cuatro personas que sobreviven con ingresos menores a $1 millón al mes) que ronda el 40 % de la población. Los hogares en esta condición dependen económicamente de personas que trabajan en la informalidad, casi siempre por cuenta propia o en microempresas.
El reto es sembrar las semillas de cambios extremos en el mercado laboral y en la formación de talento humano, que permitan al país transformar su capacidad de empleos formales. Ello requiere también condiciones que permitan a los negocios crecer, de manera que la producción y la generación de empleo transiten de la microempresarialidad y el trabajo por cuenta propia a las pymes y grandes empresas, como sucede en los países con bajos niveles de pobreza. Los trabajadores colombianos en pymes formales y en grandes empresas tienen, en abrumadora mayoría, niveles de ingresos superiores al salario mínimo, que los ubican en el 50 % superior de los ingresos en el país y ponen a sus familias por fuera de esa condición de pobreza.
Este es un reto enorme para un gobierno progresista, que tiene que hacer un esfuerzo mayor que otros para mostrar que el ambiente es efectivamente amigable con la generación de riqueza a través de la consolidación de las empresas. Sin ello será imposible convencer a los emprendedores e inversionistas para que apuesten por esa formación de empresa y generación de empleo.
Infortunadamente, en este campo las señales son, por ahora, más bien negativas. Mientras que la prioridad debe ser la lucha contra la informalidad, es decir, la generación de empleos formales, los anuncios sobre reforma laboral se han concentrado en cambios que mejorarían las condiciones de los trabajadores formales, sin foco efectivo en la lucha contra la informalidad. De concretarse, esos cambios aumentarían el costo de generación de empleo formal y con ello empeorarían el ya difícil acceso a este tipo de trabajos.
Esto tras dos años seguidos de fuertes incrementos del salario mínimo, que solo devengan los trabajadores formales, y luego de una reforma tributaria que agravó el ya fuerte sesgo antiempresa del sistema tributario colombiano (aunque tuvo otras conquistas en la lucha contra la desigualdad y la salud de las finanzas públicas).
La batalla contra la pobreza y la desigualdad requiere un giro extremo a una estrategia de lucha contra la informalidad masiva, basada en el conocimiento acumulado por años sobre los males que atacan al mercado laboral colombiano. Los diagnósticos y las recomendaciones de política están sobre la mesa, los expertos coinciden en ellos. Lo que falta es una verdadera decisión política para poner esta problemática en el centro de la política pública.
* Profesora y decana de economía, Universidad de los Andes.
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