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Los ecos de las elecciones presidenciales del domingo se siguen sintiendo: noticias sobre los escrutinios, cruces de declaraciones entre el candidato ganador y el perdedor y un largo listado de cosas que vendrán con el nuevo Gobierno, buenas y malas, dependiendo del espectro político de quien vaya formulando las predicciones.
En medio de este panorama, los principales gremios económicos en el país han ido poniendo sus cartas sobre la mesa en términos de prioridades y agenda de trabajo de cara al Gobierno que empezará a conformar Abelardo de la Espriella, quien quedó adelante en el preconteo electoral.
Algunos de los puntos más gordos en esta suerte de “lista de Papá Noel” son los relacionados con la transición energética y las industrias extractivas. Esto lo reconoció la ANDI, por ejemplo, al decir que uno de los principales desafíos del nuevo Gobierno girará en torno a “garantizar el futuro de la autonomía energética”.
El sector eléctrico
Para este punto, una de las conversaciones más urgentes en el país es la forma como se le plantará cara al fenómeno de El Niño, que podría llegar a desarrollarse en el país con una intensidad pocas veces registrada.
Desde Acolgen (que agrupa a generadores de energía) se habla de tres puntos principales, según Natalia Gutiérrez, cabeza del gremio: primero, la preservación de la estabilidad regulatoria, la seguridad jurídica y el fortalecimiento de la institucionalidad. Segundo, “acelerar la expansión de la generación, transmisión y distribución, así como los procesos de licenciamiento ambiental y consulta previa que hacen viables los proyectos”. Y, por último, “promover las inversiones necesarias para modernizar las redes, fortalecer la resiliencia del sistema y garantizar un suministro de energía cada vez más confiable para los colombianos”.
Para este punto, los embalses que se usan para generar electricidad están apenas por debajo del 75 % de llenado útil. Lo ideal sería llegar a diciembre con este indicador en 82 %, según las cifras de XM, operador del sistema eléctrico en el país.
El problema es que con la entrada de un Niño, las lluvias del segundo semestre, que deben llegar justo después de algunos tiempos secos en junio y julio, pueden no suceder. Si este escenario se configura, los embalses podrían entrar al verano estacional (entre diciembre y febrero, más o menos) demasiado débiles.
En condiciones normales, la generación térmica representa alrededor del 30 % de la matriz eléctrica del país. En el último episodio en que El Niño golpeó con fuerza, en 2024, esa participación llegó al 50 %, equiparándose prácticamente a la hidroeléctrica. De ahí a que el llamado de Acolgen es prender las térmicas desde ya para comenzar a ahorrar agua en los embalses.
El panorama de los hidrocarburos
Si bien la demanda de gas de las plantas térmicas se ha suplido con gas importado desde 2016, a partir de diciembre de 2024 una parte de la demanda nacional se cubre también en los mercados internacionales, debido a la falta de inventarios locales.
En 2025, la producción de gas cayó 17,1 % frente al año anterior, y la de petróleo 3,4 %, generando incrementos en los precios que golpean a hogares e industrias. El consumo energético de Colombia depende en un 65 % de derivados del petróleo y gas.
Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, dijo a El Espectador que “en el mediano y largo plazo hay que resolver una crisis energética. Colombia necesita suficiente oferta para abastecer toda la demanda del país, pero los proyectos no están entrando a tiempo. Eso requerirá, por supuesto, estabilidad regulatoria, articulación y un sistema de gestión y gerenciamiento de las autorizaciones asociadas a esos proyectos”.
La estabilidad jurídica es uno de los principales reclamos de varios gremios (especialmente los de las industrias extractivas y energéticas). Esto está anclado, principalmente, a los cambios tributarios que implementó la administración de Gustavo Petro con miras a recaudar más en este sector. Pero también a otras acciones, como prohibir la venta de carbón térmico a Israel o a la congelación en la firma de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos, estrategia que, en justicia, fue acompañada de una explotación más intensa y juiciosa de los yacimientos que ya habían sido asignados.
Según cifras de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), la inversión en exploración de hidrocarburos ha caído 42 % en Colombia, mientras que a nivel global el indicador registró un crecimiento de 20 %. A la vez, países de la región como Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y Venezuela avanzan en nuevos contratos y apertura a la inversión.
Cómo hacer crecer la economía
El interés por la inversión en el país es un factor que atraviesa a una multitud de agremiaciones, así como de centros de análisis económico. Por ejemplo, como parte de las propuestas para el nuevo Gobierno, ANIF hace un énfasis en la estructura del crecimiento: tras la pandemia, el consumo de los hogares aumentó 25 % frente a niveles prepandemia y el gasto público 16 %, pero la inversión permanece 5 % por debajo del último trimestre de 2019. El riesgo es un modelo sostenido en consumo con bajo ahorro.
Desde la visión de este centro de pensamiento, se debería ampliar el acceso al crédito formal —hoy solo 35,5 % de los adultos tiene un producto crediticio vigente— mediante ajustes al cálculo del interés bancario corriente, impulsar pagos digitales interoperables en un país donde más del 75 % de las transacciones aún se realizan en efectivo y desmontar gradualmente distorsiones como el 4×1000.
Por su parte, el Consejo Privado de Competitividad ha hablado de solucionar cuellos de botella para la producción nacional, especialmente en temas regulatorios. La organización habla de cosas como una reforma al Estatuto Aduanero hacia un modelo de gestión por riesgo, la interoperabilidad obligatoria entre sistemas como MUISCA y VUCE, la automatización de devoluciones de IVA, la modernización de zonas francas y la digitalización de trámites inmobiliarios y notariales, entre otros asuntos.
Otro de los sectores que levanta la mano después de las elecciones es el del turismo, que en 2025 generó más de USD 11.000 millones en ingresos para el país, según las cifras de Anato.
Desde este gremio (que reúne a agencias de viaje) se habla de poner al turismo como una política de Estado “mediante la construcción de un plan integral de seguridad en destinos y corredores turísticos, el fortalecimiento del Registro Nacional de Turismo (RNT) para combatir la informalidad y la reestructuración del Viceministerio de Turismo”.
La lista es larga y los recursos, escasos. El nuevo Gobierno llegará con un déficit fiscal del 5,3 % del PIB, un Congreso cuya composición aún no garantiza mayorías y una agenda económica que exige decisiones estructurales en varios frentes al mismo tiempo. Lo que los gremios piden no es nuevo; muchos de estos puntos llevan años en las mismas listas. La diferencia es que esta vez el margen para aplazarlos es más estrecho que nunca.
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