“Los industriales no tienen el monopolio de la competitividad”

Según el ministro de Minas y Energía, Tomás González, este mes se reglamenta la Ley 1715, que estimula la generación de energías renovables. Cerca de 3.000 megavatios se sumarán a la oferta nacional, que hoy supera los 16.000 megavatios. A propósito del incumplimiento de la meta del millón de barriles que se conoció este fin de semana, González dice que es necesario “un empuje tributario” para que se mantenga la producción. ¿Cuál era la situación del sector de energía hace cuatro años?En 2010 teníamos más o menos 13.500 megavatios. Con eso se puede atender la demanda total, pero era necesario expandirlo y por eso entraron diez proyectos. El 70% son generación con agua. Ahora tenemos 2.900 megavatios más. ¿Cuánto es esto traducido en inversión?Son cerca de US$6.500 millones. Con esa inversión se va a sacar toda la energía de Hidroituango y distribuirla. También se va a hacer todo el refuerzo para la región Caribe, porque uno de los problemas es que no hay cómo transmitir la energía; además de dar los refuerzos para atender la demanda creciente del suroccidente y potenciar una conexión con Ecuador. Si usted lo compara con el gobierno de Uribe, cuando se hicieron 13 proyectos de transmisión por US$450 millones, hemos hecho 27 proyectos por US$1.500 millones. Según el IPSE, el 42,7% de la población que vive en zonas no interconectadas son comunidades indígenas. ¿Qué criterios tienen en cuenta a la hora de adjudicar un proyecto?La pobreza y el costo por usuario. Con el decreto que firmamos estamos diciendo que los recursos no pueden ir a las zonas  donde las empresas puedan desarrollar proyectos con los recursos generados con el cargo por confidencialidad.  ¿Cuándo van a determinar a quién van a beneficiar los proyectos?Hay 470.000 familias sin acceso a la energía; más o menos 2 millones de colombianos. Pedimos más recursos. En el PND también solicitamos hacer esquemas de prestación diferencial. En lo que queda del gobierno vamos a llevar a una de cada tres familias el servicio de energía. ¿Cuál es su balance de las relaciones con las comunidades que se oponen a los proyectos de su cartera?Hay preocupaciones legítimas por saber cómo van a resultar afectados, pero también hay mucho oportunismo. Es fácil hacer política en contra de este sector. El problema no es con el Ejecutivo. Hay que poner la discusión en perspectiva porque es fácil enredarse en los conflictos locales, pero hay temas de interés nacional. ¿Qué pasó con la reglamentación  de la Ley 1715?Es la ley de energías renovables. Esta norma da unos beneficios tributarios a la generación con fuentes no convencionales. Solar, eólica, entre otras. Hay un enorme interés de los operadores. Al sistema van a entrar más de 3.000 megavatios nuevos. Este mes se reglamentará. Los industriales consideran que los precios de la energía les están bajando la competitividad.Hemos hecho estudios para comparar las tarifas y el país está en media tabla. Eso de que tenemos las tarifas más caras del mundo no es cierto. La política industrial no puede ser de competencia a partir de subsidios. Es que la competitividad de un sector no puede ser a costa de la de otro. Los industriales no tienen el monopolio de la competitividad. El sector energético también tiene que ser competitivo y los industriales no pueden pedir que hagamos cosas que no quisieran para sí mismos. Eso lo ha entendido muy bien la Andi. ¿Le preocupa la relación entre producción y exploración de petróleo?El sector está teniendo que ajustarse y le vamos a apostar a mantener la producción en el millón de barriles, pero va a ser difícil porque la exploración se ha caído. Esto no es un tema sólo del Gobierno sino de las autoridades locales y las comunidades. Si entendemos que un millón de barriles es igual a un billón de pesos para inversión social, todos nos beneficiamos. ¿Solamente los atentados perjudicaron la producción?Este año fue un experimento perfecto para demostrar lo que sería el sector sin atentados. Será uno de los más beneficiados con el fin del conflicto. Los ataques en la infraestructura nos afectaron, pero, saliendo de esa coyuntura, la caída de los precios va a obligar a mayores ajustes que se van a hacer a través de proyectos que no se van a hacer. ¿Qué estímulos tendrán los petroleros?La mejor inversión fiscal es darle un empuje tributario al sector para que se mantenga la producción.  Espero que pronto tengamos esa claridad. ¿Se cumplirá la meta de producción de carbón?Hay decisiones judiciales que están afectando la producción de carbón. Las condiciones para la entrega de títulos hacen más difícil la labor, pero el objetivo es que mantengamos la producción en oro y carbón lo más arriba que se pueda. Pareciera qué el interés para que se tome una decisión respecto a Fenoco y las áreas estratégicas mineras no es la misma que ha ejercido el Gobierno en el caso de la enajenación de la participación de Isagén.No creo que haya habido un interés diferente. He participado en los recursos de súplica y se han hecho todos muy rápido para explicar la importancia de esos proyectos. Se lo hemos dicho a la Corte con respeto y con contundencia.