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El presidente Gustavo Petro anunció que tras la renuncia de Ricardo Bonilla (que él mismo pidió por medio de X) las riendas del Ministerio de Hacienda quedarán en manos de Diego Guevara, quien hasta ahora era viceministro general de Hacienda y Crédito Público.
La salida de Bonilla se da en medio de las acusaciones por su presunta vinculación con la supuesta compra de votos de congresistas a través de los contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). “Espero su renuncia, no porque crea que es culpable, sino porque lo quieren despedazar por ser leal al programa de gobierno”, dijo Petro en su cuenta de X.
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Guevara es doctor en Economía, magíster en Ciencias Económicas e ingeniero de la Universidad Nacional. El presidente Petro dijo que el nuevo ministro “conoce todo el proceso que hemos tenido luchando porque no nos ahoguen los fondos de capital de la deuda pública interna o externa, luchando contra las altas tasas de interés y luchando por disminuir el déficit que dejó el Gobierno pasado de Duque”.
Lo cierto es que el cambio en el jefe de la cartera de Hacienda se da en un momento delicado para las finanzas de la Nación.
El recaudo de impuestos se encuentra en cerca de $17 billones por debajo de la meta esperada, según cifras de la DIAN con corte a octubre: en los primeros 10 meses de este año llegaron a las arcas del Estado $223,86 billones por el lado de impuestos, frente a los $240,3 alcanzados en el mismo periodo de 2023.
Por cuenta del bajo recaudo tributario, este año el Gobierno ha efectuado dos recortes presupuestales: el primero con una congelación de gasto por orden de $20 billones y, recientemente, una de $8 billones adicionales. Pese a los dos recortes, con los que el Gobierno busca mantener las cuentas nacionales en línea con los límites de la regla fiscal, los cálculos de algunos analistas indican que se necesitan intervenciones más drásticas en el Presupuesto General de la Nación.
De acuerdo con Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, se necesitarían unos $30 billones adicionales para cuadrar caja de verdad al finalizar este año. O sea, llegar a un total de $50 billones en reajustes presupuestales. Según las cuentas del Observatorio, el recaudo tributario cumpliría la meta entre 90 y 96 % para este año. El faltante es, justamente, lo que duele en estos momentos.
La situación del 2025 también preocupa. El Presupuesto General de la Nación, según los analistas, está desfinanciado y lo estará aún más si no se aprueba la Ley de Financiamiento, una reforma tributaria para financiar el presupuesto.
El proyecto le aportaría $12 billones al presupuesto mediante una combinación de impuestos (unos $6 billones) y cupo de deuda (una maniobra para adelantar el cumplimiento de las metas de la regla fiscal, que aportaría los otros $6 billones, aproximadamente). Sin embargo, la ley de financiamiento está en “cuidados intensivos” como lo han descrito algunos congresistas. Además de que las modificaciones de impuestos son impopulares, las tensiones políticas han impedido que la iniciativa avance.
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En su momento, Bonilla explicó que el Gobierno tendría que decretar el presupuesto tal como se radicó en el Congreso, es decir, incluyendo los recursos que deberían obtenerse con la Ley de Financiamiento (porque no fue aprobado por el Congreso). Si ese proyecto no llega a buen puerto (que por ahora así están las cosas), el 2 de enero el Gobierno informará si el presupuesto está o no financiado y declarará una suspensión por la parte no financiada. Más recortes implican que, probablemente, el Gobierno tendrá que acotar sus planes de inversión, un tema especialmente sensible en un año preelectoral.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió el mes pasado que “percibe que han aumentado los riesgos de incumplimiento de la regla fiscal en 2024″ y que el plan financiero de 2025 deberá ser más realistas para garantizar el cumplimiento de la regla fiscal y mejorar la posición de caja. Hacia adelante, el país requiere identificar y tomar medidas estructurales que permitan consolidar un ajuste fiscal sostenido”.
Como explicó Marc Hofstetter, profesor de la Universidad de los Andes y exmiembro del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, no cumplir con esta medida que nos impusimos para mantener cierta disciplina en el frente fiscal (la regla fiscal) tiene costos en cómo nos ven los mercados: “Dada la situación fiscal, pues vamos a seguir pidiendo financiación. Eso lo pagamos con más impuestos, que se van para pagar más tasas de interés a futuro. Eso no le conviene a nadie”.
A todo este panorama se han sumado otros temores, por ejemplo, por la reforma que aumenta las transferencias al Sistema General de Participaciones (SGP). Varios expertos han advertido que esta iniciativa tendrá importantes consecuencias fiscales. Si bien el aumento arrancará en 2027 (y terminará de ajustarse en 12 años, cuando llegue a 39,5 % de los ingresos corrientes de la Nación), el balance de los inversionistas podría generar consecuencias en el corto plazo.
La aplicación está atada a una ley de competencias, pieza clave para la transformación. El Gobierno tendrá que presentarla al Congreso en un año, un reto que asumirán, principalmente, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el minhacienda.
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El nuevo jefe de la cartera de Hacienda participará, entre otras cosas, en la puesta en marcha de la reforma pensional que entrará en vigencia el 1° de julio de 2025. La reglamentación del nuevo sistema es vital para asegurar el futuro de las pensiones y la tranquilidad de los afiliados.
Por otro lado, aunque el Ministerio ha negado que exista algún problema para financiar el pilar solidario de la iniciativa, políticos y expertos advierten que en el presupuesto de 2025 (el mismo que estaría desfinanciado) no están claramente definidos los recursos para entregar la renta solidaria a las personas mayores que no tienen pensión y que cumplen con los requisitos. La puesta en marcha del nuevo sistema también requiere de la articulación del Estado, teniendo en cuenta los importantes cambios que supone, como el traslado masivo de afiliados.
Otro de los retos de la cartera es seguir impulsando la reactivación de la economía colombiana. En el tercer trimestre de 2024 la economía creció 2 % anual (en el mismo trimestre de 2023 hubo una caída de 0,6 %), pero se registraron importantes retos en sectores como la industria y la explotación de minas y canteras.
Estas son solo algunas de las espinas en el camino del Ministerio de Hacienda que ahora, según dijo el presidente Petro, estará en manos de Diego Guevara.
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