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La economía creció 2,7 % en el primer trimestre de 2025. Este dato cobra relevancia si se compara con el estancamiento de 2023, cuando el crecimiento fue de apenas 0,6 %, y con la leve expansión de 1,6 % en 2024. Se trata de una recuperación modesta, pero recuperación al fin y al cabo, que ha ido acompañada de un aumento del empleo de 3,7 % en lo corrido del año hasta junio, lo que permitió reducir la tasa de desempleo a 9,2 % en ese periodo, frente al 10,2 % promedio de 2024. En un país donde el desempleo de dos dígitos ha sido la norma, este descenso es una buena noticia.
En materia de inflación, el panorama también es favorable. La drástica subida de tasas de interés por parte del Banco de la República en 2021 y 2022, orientada a frenar el exceso de demanda que dejó la pospandemia, sumada a la ausencia de nuevos choques inflacionarios fuertes por el lado de la oferta, ha producido un ajuste importante: del máximo de 13,34 % observado en marzo de 2023 se pasó a una inflación anual de 4,82 % en junio de 2025. La convergencia a la meta de 3 % aún no se ha completado, pero el camino recorrido es notable.
Con todo, este contexto no debe llevar a engaños. La administración Petro enfrenta dos desafíos que, de no abordarse con decisión, pueden marcar negativamente su cierre y condicionar seriamente el futuro del próximo Gobierno.
El primero es el riesgo de una crisis fiscal. Antes de la pandemia, el déficit fiscal promedio del país en lo corrido del siglo era de 3,5 % del PIB. En 2024 cerró en 6,7 % —el tercero más alto en 120 años— y en 2025, según las proyecciones oficiales, será de 7,5 %, solo superado por el déficit extraordinario de 2020, que llegó a 7,8 % del PIB.
Este desbalance no es un asunto menor: significa que el Estado está gastando muy por encima de sus ingresos, financiándose con deuda en un contexto de tasas de interés todavía elevadas, lo que incrementa el peso de los intereses y reduce el margen para invertir en educación, salud o infraestructura.
En este panorama, sorprende que el Ministerio de Hacienda haya presentado un proyecto de presupuesto para 2026 con un aumento de 9 % frente al de 2025, es decir, el doble de la inflación esperada, contradiciendo lo que el propio Gobierno dijo en junio, cuando reconoció la gravedad de la situación y anunció que el presupuesto debería crecer sólo en línea con la inflación. A esto se suma una propuesta de reforma tributaria de $26 billones, que enfrenta una doble dificultad: escasa viabilidad política en un año preelectoral y poca legitimidad social mientras no se evidencie un esfuerzo serio de recorte del gasto.
Es difícil pensar en una estrategia fiscal exitosa si el ajuste recae exclusivamente en más impuestos sin una revisión del gasto público. El Gobierno debería reducir el presupuesto proyectado, al menos en ese mismo monto de $26 billones, y enviar una señal clara de inicio de la consolidación fiscal. Una decisión así podría reducir el riesgo país y abaratar el costo de la deuda, lo que liberaría recursos para la inversión productiva.
Pero igual de importante que recortar es ejecutar bien: a junio de este año, la ejecución presupuestal total fue de 37,7 % y en inversión apenas de 24,2 %, los niveles más bajos de la última década. Antes de pedir más recursos, el Gobierno debería concentrarse en ejecutar de manera rápida y eficiente lo ya aprobado por el Congreso.
El segundo gran reto es la recuperación de la inversión. Durante esta administración, la tasa de inversión ha caído cerca de tres puntos porcentuales del PIB, un retroceso equivalente al que se vivió durante la pandemia. Hoy, la inversión apenas alcanza 16,2 % del PIB, la cifra más baja en 20 años. La consecuencia es directa: menos inversión implica menor capacidad productiva en el futuro y, por ende, menor crecimiento económico sostenible. No sorprende, entonces, que si se cumplen las proyecciones y en 2025 la economía crece 2,7 %, el promedio de crecimiento de los tres primeros años de este gobierno sea de 1,7 %, el más bajo entre las seis administraciones que ha tenido el país en este siglo, cuyo promedio en igual periodo es de 3,6 %.
La caída en la inversión no se explica únicamente por factores externos como la desaceleración global. Hay un componente interno que pesa cada vez más: la incertidumbre en la política económica. El indicador de Fedesarrollo que mide esa incertidumbre se ha mantenido en niveles históricamente altos desde el inicio de esta administración. Cuando las reglas de juego no son claras o parecen cambiantes, los inversionistas optan por aplazar sus proyectos y esperar tiempos más previsibles. Esto es particularmente grave en un país que requiere cerrar brechas en infraestructura, energía y logística para ser competitivo.
Por eso, es preocupante que el Gobierno insista en propuestas como la reprogramación unilateral de las vigencias futuras para proyectos de infraestructura. Una medida así, aunque pueda aliviar temporalmente la caja del Estado, destruye la confianza necesaria para cerrar financieramente las concesiones actuales y futuras. La inversión en este sector es intensiva en capital y depende de contratos de largo plazo que sean estables y respetados. Romper ese principio equivale a enviar la señal de que la palabra del Estado no es garantía suficiente. Esto encarece y, en algunos casos, imposibilita la financiación.
El país vive una situación inédita: por un lado, el crecimiento, el empleo y la inflación muestran avances; por otro, el promedio de crecimiento del cuatrienio será el más bajo del siglo y las finanzas públicas están peligrosamente cerca del límite. No se trata de una contradicción, sino del reflejo de una recuperación frágil y desigual, sustentada más en el consumo que en la inversión y amenazada por un déficit fiscal insostenible.
La responsabilidad histórica del Gobierno en este último año es tomar decisiones necesarias, aunque impopulares, para corregir el rumbo. Ello implica priorizar la estabilidad fiscal, garantizar la seguridad jurídica para la inversión y mejorar la eficiencia del gasto público.
No hacerlo no sólo hipotecará el legado de esta administración, sino que entregará a su sucesor un país con un crecimiento insuficiente y, además, fiscalmente inviable.
* Director Fedesarrollo.
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