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Este martes se realiza el primer debate del Plan Nacional de Desarrollo en las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara. El proyecto contempla inversiones por $1.154 billones para los cuatro años de este Gobierno.
La discusión llega luego de que se hubiera radicado la ponencia mayoritaria, que venía en construcción desde hace por lo menos tres semanas.
El debate empezó desde esta mañana y en él también se discute una ponencia de archivo del Plan, que se espera sea derrotada sin mayores problemas.
En estas semanas se ha dado un intenso proceso de negociación política entre el gobierno del presidente Gustavo Petro, en cabeza del Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda, con los congresistas encargados de estudiar el PND y elaborar la ponencia.
En este proceso fueron modificados más de 30 artículos, mientras que le fueron añadidos casi 60 nuevos, que en buena parte tienen que ver con facultades extraordinarias que le serían otorgadas al presidente.
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Después del debate en las comisiones, de ser aprobado, el Plan será enviado a las plenarias de Senado y Cámara, que deberán estudiarlo y votarlo por aparte antes del 7 de mayo, fecha máxima para que el articulado surta su trámite en el Legislativo.
Si el texto no es discutido y votado por el Congreso antes de este plazo, el presidente tiene la facultad de promulgarlo por decreto en la misma forma en la que fue radicado para su debate. Pero esto no ha pasado aún desde que instauró la redacción del PND como eje de la política del Gobierno.
Uno de los principales cambios en la ponencia frente al proyecto que le fue presentado al Congreso inicialmente es la desaparición de un artículo (186) que prohibía la minería a cielo abierto.
Principales modificaciones
La primera modificación está en el artículo 4 que establece los pilares del PND. Allí se incluyen elementos en los ejes transversales. El que define la paz total añade los valores de la democracia participativa, los derechos de las víctimas y enfoques de género cultural y territorial en su aplicación. Y en el de los actores diferenciales para el cambio se incluye un mandato para superar la discriminación de tipo religioso, además de la de actores diferenciales como mujeres, comunidad LGBTIQ+, víctimas y minorías étnicas entre otros.
Hubo modificación también en el artículo 52 que propone la creación del programa de renta ciudadana que busca armonizar los programas de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas a cargo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS-. El cambio busca fortalecer la economía popular y comunitaria, contribuyendo a los procesos productivos de la comunidad, al tiempo que se establece que podrá obtenerse ante la vinculación a iniciativas nacionales o territoriales de trabajo social y aporte a la comunidad, como una forma de retribución social.
El artículo 85, que otorga a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- la capacidad de estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público-Privada -APP- , también tuvo una modificación a fin de especificar que la estructuración y ejecución de APP y proyectos de infraestructura social deberá desarrollarse en articulación con las entidades territoriales.
En temas de conectividad digital, el artículo 114 fue modificado para establecer que las medidas que debe implementar el Ministerio de las TIC en materia de despliegue de infraestructura deben contemplar redes propias y neutras, y para asegurar que el Ministerio presente un informe anual a las Comisiones sextas de Senado y Cámara del Congreso de la República respecto del avance en la implementación de las medidas para promover la conectividad.
De igual forma, la reglamentación de un procedimiento único para el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones en el país sólo podrá hacerse por parte del MinTic previa socialización con las entidades territoriales.
En cuanto al precio de los combustibles líquidos, el artículo 198 establece algunos cambios como que la modificación al porcentaje de biocombustibles dentro de la mezcla de combustibles líquidos deberá contar con concepto fiscal favorable del Ministerio de Hacienda y Crédito Público previo a la expedición del respectivo acto administrativo. Dicho concepto considerará las necesidades de abastecimiento de combustibles líquidos y las especificaciones técnicas y ambientales de calidad de la mezcla de combustibles, que defina el Gobierno nacional”.
Artículos eliminados
Fue eliminado el artículo 20 que establecía que “el Ministerio de Ambiente de Desarrollo Sostenible será el encargado de formular, dirigir y coordinar la implementación de las políticas y planes nacionales de protección y bienestar animal”. Se retiró debido a que estaría acabando con las funciones del ICA que es el que tiene la responsabilidad, potestad y autonomía de los asuntos bovinos y agropecuarios.
También se retiró el artículo 36 que buscaba ajustar este año el avalúo catastral de todos los inmuebles del país, con el objetivo de reducir el rezago y avanzar en el desarrollo de la reforma agraria y el fortalecimiento de las finanzas públicas territoriales. De acuerdo con los congresistas, se trata de un rezago en todo el territorio nacional y una carga presupuestal impositiva para los municipios más pobres.
Quedó por fuera, igualmente el artículo 50 que promovía una nueva arquitectura institucional de la Policía Nacional, que incluía la revisión de su traslado a un Ministerio que garantice el fortalecimiento de su carácter civil. La ponencia señala que “el redimensionamiento de la Policía Nacional debe pasar por un amplio debate respecto de su adscripción y carácter de fuerza civil, sin que ello signifique dejar de lado el fortalecimiento de ésta.”
Se eliminó, asimismo, el artículo 186 que prohibía el desarrollo de nuevos proyectos mineros para la extracción de carbón térmico a cielo abierto clasificados como de gran escala, argumentando que no estaba clara la ruta de sustitución de ingresos al cierre de contratos.
La ponencia también eliminó el artículo 76 que establecía una serie de criterios de igualdad y equidad en la contratación estatal, para fomentar la participación de de población sujeto de especial protección constitucional, así como de campesinado, pequeños productores locales, o personas de la economía popular.
Artículos nuevos
Además de modificar los artículos existentes, la ponencia llega con textos nuevos en varios temas, que incluyen principalmente facultades extraordinarias para el presidente (aparte de las que ya contenía el Plan) en una variedad de asuntos.
Entre las facultades extraordinarias destacan varias que le permitirían a la presidencia crear nuevas entidades para encargarse de asuntos tan variados como las vías terciarias o la seguridad digital:
Hospital San Juan de Dios: se le dan poderes al presidente para que adquiera la infraestructura de este hospital para crear “una entidad que tenga como objeto la prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad o la investigación en temas de salud, y determine su estructura orgánica para la entrada en funcionamiento”.
- Caminos vecinales: el presidente podrá crear una entidad que se encargaría de construir, mejorar y mantener los llamados caminos vecinales, más conocidos como vías terciarias. Hasta el momento, el encargado de estas funciones es el Invías.
- Grupo energético: el Plan establece que el presidente podrá formar un grupo empresarial del sector eléctrico, en el que la Nación tendrá una participación mayoritaria, juntando las siguientes compañías: Centrales Eléctricas del Cauca. Centrales Eléctricas de Nariño, Electrificadora del Caqueta, Electrificadora del Huila, Electrificadora del Meta, Empresa de Energía del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Empresa Distribuidora del Pacifico, Empresa Multipropósito Urrá, Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe, Gestión Energética. “En ejercicio de estás facultades el Presidente de la República podrá crear, fusionar, modificar, escindir, suprimir las empresas existentes, así como capitalizar y establecer las condiciones de aporte de capital de la Nación”.
- Política forestal: también se crearía una entidad, de la rama ejecutiva, para implementar el Plan Nacional de Desarrollo Forestal, así como “formular e implementar planes, programas y proyectos de gobernanza, investigación y economía forestal y de la biodiversidad, conservación de la biodiversidad, restauración y control a la deforestación, mitigación y adaptación al cambio climático en territorios continentales y marino costeros”.
- Seguridad digital: se crearía la Agencia de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales, que estaría adscrita a la Presidencia. La primera, como su nombre lo indica, entraría a coordinar la política alrededor de la ciberseguridad en el país, un asunto que hoy está en manos del Colcert. Y la segunda “será responsable de establecer la gobernanza e institucionalidad del sector espacial y propenderá por el desarrollo del país en este ámbito”.
- Ciencia y tecnología: las facultades extraordinarias también permitirían la creación de la Agencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que “será responsable de fortalecer la financiación y ejecutar la política de ciencia, tecnología e innovación a través de mecanismos, programas, proyectos y los demás que apliquen y será la encargada de administrar el patrimonio autónomo Fondo Francisco José de Caldas, el Fondo de Investigación en Salud -FIS- y los demás que determine la ley”.
Además de las facultades extraordinarias, los nuevos artículos que fueron incluidos en la ponencia mayoritaria del PND tratan asuntos como formas para actualizar el valor catastral de todos los predios en el país o la creación de nuevas medidas para dar cuenta de la desigualdad en el país “en torno a la tierra, la propiedad inmueble, la tenencia de activos financieros y la riqueza”; esta tarea quedará en manos del propio DNP y del DANE.
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Así mismo, los proyectos de inversión y contratación deberán contar con, al menos 50 % de mano de obra local. La SAE podrá también enajenar de forma temprano inmuebles rurales se “sociedades en administración para la Reforma Rural Integral”.
También se crearán distritos mineros especiales y se especifica que ahora será el Ministerio de Minas el que tendrá la “labor de delimitar las áreas de los distritos Mineros para las actividades de diversificación productiva”.
El Plan también establece que el mecanismo de obras por impuestos también puede ser usado para financiar vivienda de interés social rural en municipios definidos como Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac) y en los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
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