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Después de la caída del Presupuesto General de la Nación en el Congreso, que no logró llegar a un punto de concertación en el Congreso, la siguiente gran discusión del Gobierno para equilibrar las finanzas en 2025 es la discusión de la Ley de Financiamiento.
Aquí vale recordar que, para ajustar caja en 2025, el Gobierno presentó el Presupuesto con recursos garantizados por $511 billones y, vía la Ley de Financiamiento, busca sumar $12 billones más para llegar al famoso total de $523 billones.
La Ley de Financiamiento, aunque busca reformar impuestos, lo hará en el marco de la financiación del presupuesto de 2025, por lo que no es una reforma tributaria en propiedad, aunque para efectos prácticos sí opere como una.
De acuerdo con Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, “la Ley de Financiamiento tiene una expectativa de un recaudo un poco mayor que los $6 billones en materia de nuevos impuestos. Traer la implementación de la regla fiscal de 2026 a 2025 nos entrega un escenario de $5,6 billones. Tenemos una combinación de las dos cosas”.
En términos generales, según el funcionario, “en la práctica, (la Ley de Financiamiento) identifica actividades no gravadas, y que deberían estarlo. Nivelamos el IVA a plataformas de juego y azar, nivelamos el IVA para vehículos no eléctricos, ampliamos el impuesto al carbón y recuperamos la gobernabilidad de este impuesto en Colombia. Se mantiene la propuesta de la DIAN: entregar estímulos para quien delate a evasores”.
A pesar de ser vital para asegurar recursos para el próximo año, el proyecto cuenta con un camino turbulento en el Congreso, especialmente en el Senado.
En los debates del Presupuesto, de hace apenas unas semanas, todas las proposiciones que fueron presentadas por los congresistas incluían no solo bajar el monto del Presupuesto (de entrada), sino retirar o enmendar severamente la Ley de Financiamiento.
En otras palabras, a nadie pareciera convencerle el proyecto del Gobierno (que tiene un trámite y tiempos de aprobación distintos a los del Presupuesto).
¿En qué va la Ley de Financiamiento?
Para este punto, en el Congreso apenas están seleccionando ponentes para el proyecto, el paso inicial antes de construir las ponencias con las cuales la iniciativa será discutida en las comisiones tercera y cuarta de Cámara, en donde está radicada.
De entrada, lo que ha trascendido es que varios legisladores están buscando que el proyecto incluya nuevas medidas para los deudores tributarios, algo que comúnmente se conoce como mecanismos de amnistía.
Estos elementos han sido populares en otras reformas tributarias, pero, a la vez, son ampliamente criticados por analistas y estudiosos del sistema tributario (tanto locales, como internacionales), pues terminan siendo un mecanismo que estimula la evasión y elusión en el pago de impuestos.
Este sería un propósito contrario a parte del espíritu de la propia Ley de Financiamiento, cuya meta de recaudo descansa, en parte, en darle más dientes a la DIAN y volver más efectiva y eficiente su gestión no sólo en recaudar, sino en perseguir a morosos y evasores.
Sin embargo, esta suerte de propuesta por parte de algunos congresistas (que no está formalizada ni hace parte de ningún documento hasta el momento) fue bien recibida por el propio ministro Bonilla, quien dijo que eso demuestra (al menos) que el Congreso está dispuesto a darle trámite al proyecto.
“Nosotros esperamos que el Congreso tramite la Ley de Financiamiento y no pase como con el Presupuesto”, dijo Bonilla durante la rueda de prensa tras la reunión de la junta directiva del Banco de la República sobre tasas de interés.
¿Qué pasa si se cae la Ley de Financiamiento?
A pesar del optimismo de Bonilla, las discusiones en el Congreso bien podrían no llegar a buen término, especialmente en el Senado, en donde la oposición al proyecto es mayor. Esta fue la corporación que impidió la aprobación del Presupuesto, vale aclarar.
De hecho, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien integra la Comisión Tercera, aseguró que “mientras yo presida, el Senado no será notario de las iniciativas gubernamentales si no son concertadas. Por eso, hundimos el presupuesto completo por primera vez en la historia reciente”.
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“Si el Congreso no aprueba la Ley de Financiamiento por los rubros que mandó el Gobierno el 1° de enero, empezamos con un decreto de aplazamiento de gasto, como el que se ejecutó este año”, explica Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la U. Javeriana.
Este procedimiento fue confirmado por Bonilla durante sus intervenciones luego de la reunión de tasas del Banco.
Ahora bien, en dónde se darían exactamente los recortes es un asunto que, en este momento, no se conoce, pues es potestad del Gobierno enteramente. Pero se sabe, de entrada, que el gran sacrificio se daría en el rubro de inversiones, pues los gastos de funcionamiento el servicio de la deuda (los otros dos grandes componentes del Presupuesto) son montos inamovibles, inflexibles (como se les denomina normalmente en estas discusiones).
Bonilla habló un poco de cuáles serían los rubros que el Gobierno no estaría dispuesto a recortar si la Ley de Financiamiento no llega a buen término en el Congreso.
“Vamos a fortalecer los programas de compra de tierras y organización de proyectos productivos en el agro. La reforma agraria sigue siendo prioridad”, aseguró el funcionario.
Y agregó: “Vamos a fortalecer el proceso de desarrollo de acueductos locales en municipios en los que hay agua, pero no potable, que son la mayoría de municipios abandonados de Colombia. Vamos a fortalecer las vías terciarias y el mejoramiento de vivienda, la integración digital, el proceso de comunidades energéticas y el desarrollo de energías renovables”.
De acuerdo con cálculos del Departamento Nacional de Planeación, si el proyecto se cae en el Congreso, esto implicaría reducir la inversión a menos de 4 % del PIB, cuando se encuentra actualmente en 4,6 %.
Al final del día, lo que suceda en el Congreso con este proyecto tendrá un amplio efecto tanto en las cuentas nacionales, como en las ambiciones y alcances de los planes del Gobierno.
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