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El “pacto por el crédito’, como lo ha denominado el Gobierno, cierra meses de intenso debate y negociaciones entre la administración del presidente Gustavo Petro y el sector financiero del país.
Con el acuerdo que se anunció este lunes se muere el prospecto de las llamadas inversiones forzosas y se da vía a una salida negociada que busca satisfacer a todas las partes: el Gobierno le mete un mayor impulso a la reactivación económica y los bancos conservan autonomía en la forma como administran e invierten los recursos a su cargo.
En general, los expertos consultados destacan que el Gobierno y los bancos hayan hecho un acuerdo que permita dejar atrás la idea de ampliar las inversiones forzosas en el país, una medida en la que había insistido el presidente Gustavo Petro desde mayo.
Para José Ignacio López, presidente del Centro de Estudios Económicos de la ANIF, el “pacto por el crédito” es una buena noticia, porque evita la discusión de una política que en el resto del mundo está en desuso por sus efectos negativos. Aunque este instrumento ya se ha usado en Colombia, actualmente solo sobrevive en la agricultura, con los llamados Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA).
De fondo, la idea detrás del proyecto es inyectarle $55 billones (vía créditos con algunas facilidades) a la economía vía sectores como agro, industria (con especial énfasis en manufactura y transición energética), construcción (particularmente en vivienda), economía popular y turismo.
Si bien el acuerdo implica mayores desembolsos de créditos para los sectores mencionados, las condiciones bajo las cuales se entregarán esos recursos están por verse. Según comentó Jonathan Malagón, presidente de la Asobancaria, en las próximas tres semanas tendrán lugar diferentes conversaciones con gremios y empresarios para definir estos términos.
El dirigente gremial hizo énfasis en que se usará todo el “arsenal regulatorio, público y privado” para que el crédito llegue de la forma más fácil, rápida, efectiva y barata a los beneficiarios, sin afectar al resto de la economía. Puntualmente, dijo que con el Ministerio de Hacienda identificaron 20 instrumentos que se pueden combinar. En la rueda de prensa se mencionaron, entre otros, las garantías crediticias.
Desde la ANIF han insistido en la importancia de ampliar el uso de esa herramienta, teniendo en cuenta que no requiere recursos públicos de inmediato, y “en muchos casos logran impulsar proyectos rentables, que no ocurren por alguna fricción financiera, que al final no requieren que se ejecute la garantía y, por ende, no generan presión fiscal”. El año pasado el Fondo Nacional de Garantías movilizó $15,5 billones para apoyar 457.000 créditos en garantías, la mayoría del sector de comercio. Para López, es importante que se amplíe la conversación sobre este mecanismo más allá del acuerdo reciente.
Por ahora Asobancaria aclaró que los créditos se entregarán con criterios de mercado, considerando el riesgo y cumpliendo la regulación, es decir, las entidades financieras no van a perder dinero. De hecho, para el presidente de Asobancaria, esta es una oportunidad para hacer crecer la cartera de crédito, que se ha venido contrayendo. “Nadie va a perder en esto, todos van a salir ganando”, dijo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, durante una rueda de prensa.
Y si bien el programa promete beneficios a varias bandas, de acuerdo con una fuente cercana al sector (quien pidió la reserva de su nombre), en un primer momento podrían verse afectados otro tipo de créditos (por fuera de los incluidos en el acuerdo) si existe la demanda por ellos. Pero que, en general, los bancos esperan que se cree un círculo virtuoso: reactivar la economía con los créditos y crear más demanda y oferta para todo tipo de créditos. De esa relación positiva dependerá que en el largo plazo estrategias como esta sigan existiendo.
La fuente dijo que para que llegue a buen puerto el pacto por el crédito es necesario involucrar a los sectores priorizados, no solo en la construcción de los mecanismos, tal como ya lo anunció el Gobierno y Asobancaria, sino también hacer pedagogía para que los posibles beneficiarios se animen a acudir a un banco a solicitar la información. “Muchos microempresarios le tienen pavor al sistema financiero, por eso es clave saber llegarles para que accedan a este crédito formal”.
Los focos de inversión fueron escogidos, en parte, porque algunos de estos renglones no pasan por su mejor momento económico, pero también por el peso que tienen en la economía en general. Como lo explicó Malagón, “son sectores que logran convertir inversiones en crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y, por lo tanto, en empleo”.
Por ejemplo, la construcción (con la vivienda a bordo) y la industria (incluyendo la manufactura) son dos de los principales motores en la creación de empleo en el país. De acuerdo con cálculos de Fedesarrollo, estos dos grandes sectores, en conjunto con el comercio, representan 45 % de la demanda de trabajo en Colombia. Y, al mismo tiempo, estos tres renglones pesan casi 33 % del PIB total en el país.
El “pacto” implicaría pasar de $194 billones en créditos, que actualmente se dirigen a estos renglones, a $249 billones en el siguiente año y medio.
Ahora bien, más allá del monto general (y de los instrumentos para conducir los recursos), ¿para qué debería usarse este dinero? Cada sector tiene necesidades y posibilidades distintas. Miramos el escenario de la vivienda, el agro y la industria para esbozar cuáles podrían ser algunas prioridades para estas inversiones.
El sector agro
La financiación para este rubro durante los últimos 18 meses fue de $26,1 billones y para los siguientes 18 debería llegar hasta los $32,1 billones por cuenta del acuerdo, lo que representa un incremento de $6 billones, según cifras del Ministerio de Hacienda.
La expectativa es que dicha iniciativa se sume a los programas que ya tiene el Grupo Bicentenario para el agro, especialmente desde el Banco Agrario y el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro).
Carlos Duarte, miembro del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, considera que hay tres campos importantes que el acuerdo puede ayudar a reforzar.
El primero está alineado con la reforma agraria, por ejemplo, con créditos económicos para adquirir tierras por parte de pequeños productores y cooperativas. El segundo es el de aumentar las capacidades tecnológicas en la producción agropecuaria, con maquinaria que sea para la agricultura campesina familiar y mejorar la educación del campesinado para que tenga más capacidades productivas.
Y el tercero es el de aumentar las competencias de los circuitos cortos de comercialización de alimentos. En este aspecto coincide con Jaime Alberto Rendón, director del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales de la Universidad de La Salle, pues detalla que se necesita generar alternativas de acopio de productos para que tengan una mayor capacidad de negociación en el mercado, especialmente para los créditos colectivos.
Según Rendón, las asociaciones deben tener un papel protagónico para que los productores sumen esfuerzos. Además de la comercialización, opina que este tipo de inversiones deben enfocarse en la producción, para que sea mejor y de mayor eficiencia.
Además, los “dineros deberían ir para sectores que han mostrado un importante dinamismo, como el café y el aguacate. Y se debe complementar con productos importantes para la sustitución del cultivo, como lo ha sido el cacao, porque ha representado una mejor fuente de ingresos para las familias campesinas”, añade Rendón.
A dichos sectores también se le suma la importancia de apostarles a frutales, como los arándanos y el mango. Álvaro Palacio, gerente de la Asociación Hortifrutícola de Colombia (Asohofrucol), explica que los arándanos tienen una buena proyección en el mercado nacional y hay demanda internacional. Mientras que con el mango hay apertura de exportaciones hacia Estados Unidos, por lo que es necesario ampliar las áreas y tecnificar los cultivos.
Más allá de los productos específicos, todos necesitan recursos para mejorar la productividad, aumentar producción y fortalecer la comercialización. Por eso, la duda de Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), es por el costo de los créditos, la tasa de interés, los plazos, los períodos de gracia y las garantías.
Desde la SAC esperan que haya importantes subsidios a las tasas de interés para pequeños y medianos productores, y buenas condiciones para los grandes, que son los que generan más empleos. Puesto que si hay créditos a bajos montos, los productores pueden pagarlos y después sacar otros.
Finalmente, Bedoya dice que para que se dinamice el agro no se necesita reactivación como tal en el campo: se necesita tener mercado para vender y personas que compren. Por eso preocupa que la demanda de productos como las carnes de cerdo, pollo y lácteos haya disminuido. “Sin consumidores los productos se pierden, como pasó en la pandemia con las papas. Si les va bien a los sectores que compran la comida, les va bien a los productores”, concluye.
La industria
El sector industrial nacional pasó por un 2023 que es calificado por analistas como “terrible”, con caídas consecutivas. Y aunque pareciera que este renglón ya tocó fondo, lo cierto es que sigue a la baja, con una contracción del 3,9 % para el acumulado del primer semestre, según los datos del PIB. El segundo trimestre mostró algunos mejores resultados, pero lo cierto es que el panorama sigue teniendo contracciones, justo después de las malas cifras del año pasado.
Para hacerse una idea, a junio de este año, 30 de los 39 renglones de la producción industrial siguieron en terreno negativo.
“El acuerdo sin duda es una buena noticia, pues sectores como la industria han sido los más golpeados. Los niveles de producción industrial son los que se mantienen más rezagados frente a lo que había antes de la pandemia”, comenta César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana.
Sin embargo, el analista lanza una advertencia: lo más importante es que los proyectos surjan y se realicen, pues el solo financiamiento no garantiza que esto suceda, necesariamente, pues hay temas coyunturales y estructurales.
En los coyunturales se cuentan aspectos como las tasas de interés (que encarecen el financiamiento para la industria), el tipo de cambio y el comportamiento de la demanda. “El consumo está mejorando, pero este reacciona mucho más rápido que la producción en la industria, que es un renglón en donde las decisiones se demoran más. De fondo, en los problemas estructurales, siguen existiendo muchos cuellos de botella en asuntos como autorizaciones y trámites con el Invima, el ICA y, en general, burocracia para exportaciones. También hay un asunto de confianza, que es un terreno en donde no hemos visto un cambio de chip”, explica Pabón. Y agrega que “es importante que en las mesas que están realizando entre empresas y Gobierno se priorice la agenda sobre estos sectores”.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, mencionó que hay una meta de 500.000 créditos para microempresas industriales y que, en muchos casos, se podría acceder a estos con tasa compensada.
“La tasa compensada hoy es un instrumento que se desarrolla a partir de la banca de segundo piso, que vamos a fortalecer con Bancóldex para desarrollar un objetivo que nos ha planteado el sector bancario: una meta de 500.000 créditos para la microempresa industrial, que serían canalizados con mecanismos conjuntos entre la banca pública y la banca privada. Tasa compensada y garantías del Fondo Nacional de Garantías: ese tipo de acercamientos están”, dijo Bonilla.
La vivienda
De fondo, el acuerdo entre Gobierno y sector financiero confirmó aquello en lo que los gremios de la construcción insistieron en tantísimas ocasiones: a la vivienda le hace falta inversión y esta llegará -a partir de septiembre- en forma de crédito. Algo que se aplaude, teniendo en cuenta que pocos en Colombia pueden darse el lujo de adquirir una vivienda “de un totazo”.
Tras dos años para el olvido, la segunda mitad de 2024 podría leerse como un punto de inflexión para un sector que padeció especialmente el trago amargo de una pandemia, una inflación galopante e incrementos históricos en las tasas de interés.
Si bien los actores del sector mantienen el retrovisor en un exitoso 2022 (el sector ha perdido más del 40 % del mercado desde entonces), los constructores agremiados en Camacol (la Cámara Colombiana de la Construcción) prevén mejoras en indicadores como ventas de unidades, desistimientos y cancelaciones de proyectos en lo que resta del año.
Al respecto, Guillermo Herrera, presidente de Camacol, dijo recientemente que las ventas netas de vivienda presentaron un comportamiento positivo con corte a julio de este año y que hoy hay un mejor panorama en materia de inflación, costos de la construcción y tasas de interés.
A la fecha, las tasas de créditos hipotecarios rondan el 10 % y, como lo resaltó Malagón, ya hay bancos prestando con intereses por debajo de la tasa de intervención del Banrep (10,75 %).
En las previsiones del Gobierno y la banca privada la vivienda recibirá $8,8 de los $55 billones adicionales en créditos anunciados en el acuerdo, y el Gobierno aclaró que la colocación se centraría en proyectos de mejoramiento de vivienda (remodelación de baños, cocinas o fachadas, por poner ejemplos) y no tanto en la compra de vivienda nueva.
En un país donde más de siete millones de predios requieren algún tipo de intervención, como lo indicó Bonilla, ministro de Hacienda, apostarles a los mejoramientos es también una forma de lograr una amplia dispersión de los créditos prometidos. “Seis mejoramientos de vivienda hacen el tamaño de una vivienda nueva”, dijo el funcionario.
Para la exministra de Vivienda Catalina Velasco, aunque es positivo que el “pacto por el crédito” les apueste a la vivienda nueva y al mejoramiento, hace falta un tercer componente: crédito para la vivienda usada. “Hay familias que también están interesadas en este producto. Ojalá se incluya”, afirmó la exfuncionaria.
Por su parte, desde los constructores se insiste en que también se fortalezcan las líneas de crédito constructor.
“Sí, los créditos deberían ir en crédito hipotecario de largo plazo, para que las personas tengan mayor capacidad de compra, pero también en crédito constructor, para que los constructores puedan permitirse tener precios más competitivos y trasladarles ese ahorro financiero a los compradores en una unidad de vivienda más barata”, explica Luis Aurelio Díaz, presidente del grupo empresarial Oikos.
Por último, es importante que en las mesas que se siguen realizando entre el sector privado y el Gobierno, para el caso de vivienda en particular, “se agilice y se facilite toda una agenda de trámites porque, hoy en día, los permisos para construir un edificio pueden tomar cerca de tres años, según cálculos de Camacol Bogotá. Si el panorama sigue siendo así, es muy difícil reactivar el sector”, argumenta Pabón.
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