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Hablar de déficit fiscal puede sonar a noticia vieja. De hecho, mirándolo desde una punta no es ni siquiera noticia: prácticamente todos los Estados viven al debe, haciendo un equilibrio entre deuda, inversión e ingresos.
Pero el punto es que cuando esas tres variables dejan de existir en una cierta armonía, especialmente la deuda y los ingresos, comienzan a gestarse una larga cadena de problemas tan silenciosos, como de gran envergadura.
Esto es como ver un portaaviones moverse en la distancia: fuera de la superficie todo parece normal e imponente, pero por debajo del agua hay toda una dinámica, no ausente de cierta violencia, tratando de impulsar y de mantener a flote toda la estructura. Si hay problemas allí, puede que no se vean prontamente por encima de las olas, pero por ahí comienza a jugarse la supervivencia de todos.
Colombia lleva un par de años navegando los peores déficits fiscales de su historia reciente (con excepción de los años de pandemia, por razones obvias). La crudeza del indicador ha venido acompañada de caídas en recaudo tributario, presupuestos desfinanciados y recortes presupuestales. El escenario ha estado salpimentado con rebajas en sus calificaciones crediticias, subidas en los intereses que gobiernan la deuda externa y una inflación que no logra llegar a la meta del Banco de la República y que, actualmente, se está acelerando.
A la vez, el país ha logrado tener un mejor ritmo de crecimiento económico (particularmente en el PIB), tener un desempleo en niveles históricamente bajos, además de registrar disminuciones en aspectos como pobreza (monetaria y multidimensional).
Viendo el panorama general, con todos los matices de gris, ¿qué se puede hacer para recuperar el terreno perdido en el escenario fiscal?: ¿cómo recuperar la senda que conduzca a unas finanzas nacionales con una salud más robusta y duradera?
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El Gobierno tiene un plan, con proyecciones para regresar en 2028 a los límites que recomienda la regla fiscal (suspendida en 2025 por todo el desbarajuste hecho en casa).
Pero alrededor de los cálculos hay dudas sobre si es posible materializar esas proyecciones en una realidad tangible en apenas un par de años. Más aún teniendo en cuenta las turbulencias propias de una elección presidencial, pero que para el presente ciclo vienen con más polarización que en muchos otros momentos.
Sí, los candidatos reconocen que el fantasma del panorama fiscal es tan presente, como aterrador, así no forme parte de la conversación de los hogares colombianos. Pero sus propuestas y soluciones son tan contrarias y divergentes, que terminan sumando más incertidumbre a la posibilidad de que salgamos del hueco que se viene cavando desde la pandemia.
Las cuentas del Gobierno
Bajo los análisis del Ministerio de Hacienda, el país cerraría 2026 con un déficit fiscal de 5,3 % del PIB, una proyección mayor a la del Plan Financiero, que a principios de año estimaba esta variable en 5,1 % del PIB. Para 2027, el déficit debería corregirse hasta 4,5 % del PIB, en 2028 debería disminuir a 3,6 % y hacia el largo plazo, 2037, debería tocar un mínimo de 2,7 % del PIB.
La proyección suena bien, pero su materialización está condicionada por una serie de acciones y metas que no son sencillas.
La primera de estas es la implementación de una reforma tributaria estructural para encontrar nuevas fuentes de ingresos, vía impuestos, que mantengan una entrada constante de recursos y que, de fondo, se vuelvan la piedra angular sobre la que se sustentan los presupuestos nacionales.
El término clave aquí es estructural porque el país tiene una larga tradición de pasar reformas tributarias que financian al Gobierno de turno, pero no mucho más que eso. De hecho, se calcula que Colombia aprueba modificaciones a su ecosistema de impuestos cada año y medio. Y aún así, nada cambia de fondo, sostenidamente en el tiempo. Esta práctica ha permitido que el estatuto tributario se parezca más a un colador de pasta que a cualquier otra cosa.
Los cálculos del Minhacienda sostienen que la senda de regreso hacia la regla fiscal, con la consecuente disminución en el déficit, requiere que el recaudo tributario crezca 1,4 % del PIB desde 2027 y, no sólo se mantenga en este ritmo con la precisión de un reloj suizo, sino que debe llegar a 1,6 % del PIB en el mediano plazo.
La cifra se ve como una suerte de Everest tributario si miramos lo que ha pasado en años recientes con el crecimiento de los ingresos por impuestos en el país. Según datos de la Red de Trabajo Fiscal, a pesar de haber implementado tres reformas, entre 2019 y 2025, el recaudo creció apenas 0,4 % del PIB. Un analista lo puso de esta forma: “Hay una desconexión absoluta entre el deseo y la realidad, es como querer cambiar de vida apostando a que me voy a ganar la lotería”.
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Bajo las cifras del Ministerio, para el próximo año se requiere un ajuste fiscal de unos COP 30 billones para comenzar a enderezar el rumbo. Esto, aclararon funcionarios de esta cartera, se puede dar mediante la incorporación de nuevos ingresos, pero también el recorte de gastos.
Para Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence y exdirector de Fedesarrollo, “este es un ajuste necesario, pero insuficiente”. Los cálculos de Mejía apuntan más hacia un recorte del orden de COP 67 billones.
¿Qué tan viable es pensar en ajustes de esta magnitud? La tarea es de todo menos fácil, como reconoce el propio Mejía. “El camino correcto es ampliar las bases gravables: en renta de personas naturales recaudamos 1,6 % del PIB frente a cerca de 8 % en la OCDE. También se debe racionalizar exenciones y atacar la evasión, que cuesta cerca de 5 % del PIB al año, unos COP 95 billones. Recuperar una fracción bastaría para cubrir los COP 30 billones sin un solo impuesto nuevo”.
La casa en el aire
Además de reformular sus ingresos y gastos (de esto último hablaremos más adelante), la administración Petro ve una senda de crecimiento económico, que nos llevaría de 2,2 % en 2027 a 2,9 % sostenido durante la próxima década (este año cerraríamos en 2,6 %, para tener un punto de referencia más actual).
Esto estaría sustentado en varios pilares, incluyendo inversión, empleo y productividad.
Por ejemplo, el plan establece que habría una recuperación de la inversión, atada a los proyectos de infraestructura, algo que no es una apuesta muy distinta de lo que el país ha visto desde que comenzó a generar proyectos concesionados, como vías y aeropuertos.
Si bien es una estrategia que ya ha sido probada, el escenario actual presenta algunas incógnitas, si se quiere: enfrentamientos de la administración nacional con el modelo de concesiones y un crecimiento leve en los últimos cuatro años en los grandes proyectos de infraestructura.
Las obras 5G (que ya no sólo serían vías, sino proyectos fluviales y férreos) aún están en una cierta infancia, si se quiere: cuatro en construcción (con un avance, para abril, que rondaba 30 %) y 11 en etapa de preconstrucción. El sector, como un todo, está 36 % por debajo de sus niveles prepandemia.
La idea del Gobierno es continuar con el crecimiento de las exportaciones no minero-energéticas, pasando de 32,3 % del total en este año a 43,1 % en 2027.
Actualmente, este impulso viene primordialmente de los productos del agro (recién venimos de una bonanza de precios internacionales del café, por ejemplo). Y si bien es una apuesta sensata, a ojos de analistas, la duración de este motor podría verse limitada si la próxima administración nacional pone toda la carne en el asador de las industrias extractivas, algo que puede retrasar los procesos de internacionalización del agro.
En el papel, los ingresos del turismo deberían superar la participación de las ventas de petróleo nacionales. Y, si bien este sector ha sido identificado como uno de los trampolines de crecimiento para el país, aún hay varios obstáculos para materializar su expansión sostenida: malas vías rurales, falta de infraestructura de servicios afuera de los grandes destinos y, claro, el hueco grande de la seguridad en varias regiones del país.
El agujero negro del gasto
Por último, la cristalización de un crecimiento sostenible, y de un saneamiento de las finanzas, pasa por una reducción en el gasto del Estado.
Como en otros puntos, esto es más fácil decirlo que ejecutarlo, más aún si se tiene en cuentas el amplio margen de inflexibilidad del Presupuesto General (hablamos de temas como pensiones, nóminas, gasto en salud…).
Reducir el gasto es fundamental. Mejía lo pone de esta forma: “La mayor parte del ajuste tiene que venir del gasto: la nómina estatal creció 30 % real entre 2022 y 2025, y los subsidios como el de combustibles siguen mal focalizados”.
Para Sebastián Correa, experto en derecho tributario y socio de la firma Serrano Martínez, “Colombia cerró 2025 con un hueco en sus finanzas equivalente al 6,4 % del tamaño de toda su economía, apenas una leve mejoría frente al 6,7 % del año anterior. La cuenta de intereses de la deuda bajó gracias a operaciones financieras del Ministerio de Hacienda, pero ese alivio fue casi neutralizado porque el Estado siguió gastando más de lo que recauda. El gasto operativo (sin contar intereses) creció en más de un punto del PIB. Fuera de la pandemia, el país no registraba un desbalance operativo tan grande en tres décadas”.
Por su parte, César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, lo resume así: “Las operaciones de manejo de deuda y la estrategia de financiamiento han comprado tiempo, pero no sustituyen un ajuste fiscal. El riesgo es que el alivio de caja y de intereses de corto plazo oculte una carga más rígida hacia adelante. El próximo Gobierno recibirá una situación fiscal estrecha: regla fiscal suspendida, déficit alto, deuda cercana al límite, intereses crecientes y una necesidad urgente de recuperar credibilidad”.
El plan es regresar a los límites que establece la regla fiscal en 2028, pero este objetivo se ve complicado de alcanzar bajo los supuestos que ha trazado la administración Petro. La meta, más allá del discurso o el color político del próximo Gobierno, requerirá una mirada estructural y sensata, tanto del Ejecutivo, como del Congreso.
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