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Para este punto resulta altamente probable que haya leído las palabras déficit fiscal más de una vez en los últimos meses. Para algunos, incluso, esta sea la ocasión número 30 apenas esta semana.
Para ser un tema tan técnico, y que suele estar enterrado en la política macroeconómica de un país, el término ha ganado una popularidad inusitada, podría ser incluso un calificativo. Otro quizá podría ser infame.
Colombia lleva un par de años navegando los peores déficits fiscales de su historia reciente (con excepción de los años de pandemia, por razones obvias). La crudeza del indicador ha venido acompañada de caídas en recaudo tributario, presupuestos desfinanciados y recortes presupuestales.
Bajo los análisis del Ministerio de Hacienda, el país cerraría 2026 con un déficit fiscal de 5,3 % del PIB, una proyección mayor a la del Plan Financiero, que a principios de año estimaba esta variable en 5,1 % del PIB. Aunque el Comité Autónomo de la Regla iscal (CARF) estima que esta cifra estará por encima de 7 %, una proyección que comparte el nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez.
En pesos, la brecha entre lo que el Estado recibe y lo que gasta este año equivale a cerca de COP 106 billones: los ingresos proyectados rondan los COP 325 billones y el gasto total los COP 432 billones. Para dimensionarlo, ese hueco es cercano a la cuarta parte de todo el recaudo tributario que se espera este año.
Con ese telón de fondo, hay una pregunta clave: si el Estado Gasta más de lo que le entra, ¿significa que está al borde de la quiebra, como pasaría con un hogar o una persona que no puede cubrir sus deudas?
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¿Qué es el déficit fiscal?
En palabras simples, el déficit es la diferencia entre los ingresos y los gastos y cuando estos últimos superan a los primeros, pues ahí hay un déficit.
Ampliado al escenario del Estado, es la diferencia entre lo que un gobierno recauda en un año (impuestos, regalías, dividendos de empresas públicas) y lo que gasta en ese mismo año (funcionamiento, inversión, pago de intereses de deuda). Si gasta más de lo que recauda, tiene déficit; si es al revés, tiene superávit.
Es clave no confundirlo con la deuda pública. La deuda puede contribuir al déficit, mientras que este último es una suerte de balance de caja para un año. Colombia, por ejemplo, cerró 2025 con un déficit de 6,2 % del PIB, mientras que la deuda pública ronda el 57 %-59 % del PIB, según las proyecciones del propio Gobierno. Son dos cifras relacionadas, pero no son lo mismo, y confundirlas es uno de los errores más comunes en la conversación pública sobre el tema.
¿Tener déficit significa estar quebrado?
No necesariamente, y aquí hay que recalcar un punto vital: prácticamente ningún país del mundo logra balancear del todo sus cuentas. El Estado es un asunto que siempre va al debe, casi que por definición.
Los déficits son un tema más o menos regular y común al momento de hablar de un país.
Déficit no es igual a quiebra. En el nivel de un país, esta ocurre cuando un gobierno deja de pagar sus deudas, algo que comúnmente se conoce como entrar en default. Esto puede tener consecuencias muy negativas para una economía, pues le cierra un poco el camino a un país para buscar recursos por fuera, deuda externa. Y, como ya dijimos, operar un Estado es caso siempre un ejercicio que involucra endeudarse.
Lo que sí importa con el déficit es la trayectoria: si se repite año tras año sin ningún plan creíble de corrección, la deuda que lo financia crece más rápido que la economía que debe pagarla. Ese es el escenario que empieza a preocupar a analistas y calificadoras.
En Colombia, la regla fiscal establece un ancla de la deuda (alrededor de 55 % del PIB), justamente para que este tema no se desboque y muestre, de cara a las calificadoras y los inversionistas extranjeros, un manejo responsable de las cuentas.
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¿Cómo se financia el déficit y quién gana con eso?
Los recursos externos de un país pueden venir de una multitud de fuentes, especialmente a través de los llamados TES (bonos de deuda pública). Esto implica que, en la práctica, una porción del déficit se financia con el ahorro de fondos de pensiones, inversionistas locales o extranjeros que compran estos instrumentos, por ejemplo.
Ahí aparece un primer grupo de ganadores: quienes prestan al Estado reciben un rendimiento (entre mayor sea el llamado riesgo país, se exige un rendimiento mayor).
También gana, en el corto plazo, cualquier sector que dependa de gasto público sin que le exijan un ajuste inmediato: programas sociales, contratos de infraestructura, nómina estatal. El déficit permite sostener ese gasto sin necesidad de subir impuestos de inmediato ni de pasar la tijera del recorte presupuestal.
¿Quién termina pagando la cuenta?
El otro lado de la moneda es quién paga esta cuenta porque, al final de cuentas, un déficit creciente es como una fiesta eterna: en algún momento debe parar.
El perdedor más evidente en este tema es el contribuyente del futuro porque la deuda de hoy termina pagándose con ingresos, especialmente los tributarios.
Para la muestra: en este momento hay una reforma tributaria en curso (la que dejó la administración Petro) y el gobierno nuevo de De la Espriella confirmó que va a presentar su propia propuesta para enmendar el camino fiscal.
Hay un segundo grupo de perdedores menos visible pero más inmediato: quienes piden crédito. Cuando el Gobierno sale a competir por el ahorro disponible emitiendo más deuda, puede presionar las tasas de interés de toda la economía al alza, un fenómeno que los economistas llaman desplazamiento del crédito privado.
Y hay un tercer costo, más silencioso: el de la calificación de riesgo. Las calificadoras internacionales han ido degradando sus puntajes sobre Colombia, en buena parte por el deterioro del escenario fiscal. Este mecanismo implica, de fondo, que al país le seguirán prestando recursos en el exterior, pero a tasas de interés superiores que a sus pares. Y deuda más cara puede traducirse en menos presupuesto para invertir o en ajustes de impuestos (en el peor de los casos).
Entonces, ¿el déficit fiscal es igual a la quiebra? No. Pero lo que sí puede señalar esta cifra, especialmente cuando se sale de las manos es una historia más incómoda y potencialmente problemática: un Estado que gasta sistemáticamente más de lo que recauda, que ha tenido que suspender su propia regla fiscal y que empieza a pagar esa indisciplina con un costo de financiamiento más alto.
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