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Tenemos que hablar de la situación fiscal del país: el panorama no pinta bien

En entrevista con El Espectador, Juan Carlos Ramírez, presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), afirmó que la administración de Gustavo Petro debe hacer un recorte de COP 30 billones; se refirió a la herencia fiscal que pasará al próximo Gobierno y a por qué la deuda preocupa.

04 de marzo de 2026 - 06:00 p. m.
Juan Carlos Ramírez, presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF).
Foto: Cortesía
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Es posible que para este punto de la historia se haya topado con términos como déficit fiscal en uno que otro titular.

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Lo que también resultará probable es que, de cara a las elecciones presidenciales, el término comience a rondar más fuertemente, si se tiene en cuenta que es uno de los indicadores que, de fondo, dicen algo nada bueno sobre la salud de la economía colombiana.

Hablamos con Juan Carlos Ramírez, presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), quien hace un análisis del escenario actual, a la vez que explica cómo es que le pega al ciudadano de a pie, que poco o nada tiene que ver con macroeconomía.

¿Cómo está la situación fiscal del país, a partir de la información que ha analizado el CARF?

Al cierre del año anterior, la situación financiera tuvo un lado positivo: disminuyó el déficit fiscal consolidado frente a lo previsto. De todas maneras, está en un nivel muy alto, en 6,4 % del PIB. Ahora, ese resultado no tiene una composición interna favorable porque disminuyó debido a la reducción en el pago de intereses por las renegociaciones y operaciones de deuda que hizo el Ministerio de Hacienda, mientras el gasto siguió aumentando.

Eso se traduce en lo que llamamos un balance primario negativo, de gran magnitud y peor al previsto, de -3,5 % del PIB. Prácticamente el más alto de la historia colombiana, exceptuando momentos de crisis demasiado fuertes.

En la perspectiva para 2026, tenemos una programación financiera del Gobierno en la que establece una disminución de ese déficit primario a 2,1 % del PIB, lo cual es positivo y ojalá se pueda cumplir. Pero, para lograr ese objetivo, se necesitaría un recorte que estimamos en COP 30 billones. Todavía no hay ningún pronunciamiento efectivo del Gobierno.

El CARF estima que se necesita un recorte de COP 30 billones, pero la ley de financiamiento que se cayó en el Congreso buscaba solo COP 16…

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Veníamos con un problema en la programación financiera con sobreestimación de los ingresos. Eso se ha ido corrigiendo, pero todavía queda un bache entre los gastos totales y los ingresos totales de alrededor de COP 30 billones.

Es decir, ¿los COP 14 billones serían estimaciones de ingresos que no se van a cumplir?

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Sí.

El CARF ha advertido en los últimos años una sobreestimación de los ingresos y subestimación de los gastos. ¿Cuál ha sido la consecuencia?

En la programación que se hizo en 2023, con implicaciones para 2024, la brecha fue de alrededor de 6 puntos del PIB. Ese bache no se ha podido remediar porque esos datos han servido de base para el cálculo de los ingresos y gastos en los años siguientes.

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Se siguen sobreestimando los ingresos y subestimando los gastos: se gasta más de lo previsto y se recauda menos de lo programado. Para este año, la brecha estaría alrededor de COP 30 billones, que son 1,6 puntos del PIB, aproximadamente.

¿Cómo impacta el deterioro fiscal a las personas?

Dos puntos sencillos. Primero, una situación fiscal que no es sostenible hace que en cierto plazo, que no sabemos cuál es, pueda haber una crisis en la actividad pública, en la eficiencia de los procedimientos públicos, de la administración pública, en la capacidad de brindar seguridad, protección social, infraestructura.

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El segundo es que cuando el Gobierno se endeuda en exceso y a tasas altas, ejerce presión sobre los mercados. El mercado financiero tiene menos recursos para entregar créditos a hogares y empresas, se encarecen los préstamos y se ve afectado el empleo y la inversión.

¿Cuándo empezó el deterioro de la situación fiscal? Usted habla de 2023, pero el gobierno Petro ha argumentado que los problemas vienen de atrás, por ejemplo, con el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

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Colombia viene operando con déficit fiscal desde los años 50 o 60. Ha habido momentos críticos: la crisis de la deuda a comienzos de los 80; la crisis fiscal y económica de finales de los 90; la crisis financiera internacional de 2008; la pandemia, y ahora estamos en otro momento crítico que no obedece a una causa estructural.

Este es un país de ingreso medio con tradición de manejo macroeconómico ordenado y crecimiento sostenido, lo que le permite mantener niveles de endeudamiento y déficit razonables. El problema actual es que el déficit no está siendo financiable. Cada año nos tenemos que endeudar más para pagarlo, lo que genera una tendencia explosiva de la deuda fiscal.

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Los problemas fiscales vienen de tiempo atrás: excesos de gasto como los de la pandemia y luego una situación crítica de ingresos y gastos que no se ha solucionado en este último gobierno. Todas las administraciones deben, de alguna manera, resolver los problemas que vienen de atrás. Aquí no ha habido una decisión contundente para mejorar el déficit. No quiere decir que todas las responsabilidades del exceso de gasto nacieron en este gobierno, de hecho, el crecimiento del gasto público ha sido permanente en los últimos 30 años. El problema es que cuando no hay suficientes recursos, no se puede gastar tanto.

Algunos analistas han advertido que con la suspensión de la regla fiscal se hace más “flexible” el gasto. ¿Considera que podremos volver a la senda de la regla fiscal en tres años?

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No es que sea más flexible, sino que genera un margen de corto plazo para tener más espacio fiscal, pero cuando se usa la cláusula de escape, según la ley, al cabo de tres años debe recuperarse la senda fiscal.

Nuestra advertencia es que ese esfuerzo debió comenzar desde el año anterior, cuando se activó la cláusula de escape. Hasta inicios de este año no se ha hecho, entonces el ajuste que debía hacerse en tres años va a estar muy concentrado en el próximo año y medio, en la práctica a partir del nuevo gobierno. En estas condiciones un ajuste de esa magnitud se hace más difícil, sobre todo con un crecimiento económico modesto y en un contexto de cambio de gobierno. Ya veremos las políticas del nuevo Gobierno.

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¿Qué tan endeudada está Colombia frente a años anteriores?

Colombia tiene, prácticamente, los niveles de deuda más altos de la historia. La discusión es qué tan razonable es ese nivel. La regla fiscal estimaba un nivel de deuda razonable alrededor del 55 % del PIB, con un nivel superior, donde ya podría ser crítico, de 71 %. Hoy estamos un poco por debajo del 60 %, que luce todavía manejable, no estamos al borde de un default. Pero se perciben señales de riesgo que hacen que el crédito esté saliendo mucho más costoso que en el pasado.

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Ese es el punto más crítico: el costo del endeudamiento, con un nivel bajo de crecimiento económico, no resulta sostenible. Porque si uno se endeuda, y el ingreso no crece, se complica el panorama.

¿Qué debería tener en cuenta el nuevo Gobierno sobre la herencia fiscal que recibe y cuáles serían las recomendaciones para estabilizar las cuentas?

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Hay cinco elementos fundamentales: racionalizar el gasto; aumentar los ingresos; disminuir la deuda o al menos la tasa de interés que estamos pagando; impulsar el crecimiento económico, y la racionalización y complementariedad del conjunto de los ingresos públicos, más allá del gobierno central, como regalías y recursos locales.

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