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Colombia y la Unión Europea sostienen una disputa por el cumplimiento de una sentencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La sentencia, favorable para el bloque europeo y emitida a finales del año pasado, estaba relacionada con las medidas antidumping que implementó Colombia en la importación de papas fritas de tres países de la Unión Europea (Países Bajos, Alemania y Bélgica), que según la sentencia de la OMC, “son inconsistentes con las leyes comerciales internacionales”.
El pasado 21 de noviembre, Colombia señaló que ya se había cumplido con las recomendaciones del órgano de resolución de disputas de la Organización Internacional del Comercio, considerando que el asunto “se ha resuelto satisfactoriamente”.
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Sin embargo, la Unión Europea se mostró “decepcionada” por el hecho de que Colombia no respetara la fecha límite del 5 de noviembre para cumplir con la sentencia de la OMC ni presentara informes previos sobre el progreso de esta, por lo que subrayó que se reserva el derecho a hacer un seguimiento en el futuro.
La sentencia de la OMC
La sentencia fue resuelta por un mecanismo de arbitraje especial solicitado por Colombia para recurrir la anterior decisión de la OMC. Este tribunal de arbitraje terminó confirmando la sentencia con leves cambios.
La disputa ante la OMC se inició en junio de 2020 y Colombia optó por un mecanismo de arbitraje especial debido a que la instancia máxima en el órgano de resolución de disputas, el Órgano de Apelación, se encuentra paralizado desde finales de 2019 por la negativa de Estados Unidos a permitir la elección de nuevos jueces.
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El mecanismo de arbitraje se había utilizado solo en dos ocasiones con anterioridad: la primera, en 2001, por una disputa entre Estados Unidos y UE por derechos de autor, y en julio de 2022 por otra disputa ente la Unión Europea y Turquía en torno al sector farmacéutico.
Colombia critica las exigencias verdes de la UE
El viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Coy, reprochó este lunes a la Unión Europea para condicionar la importación de productos agroalimentarios.
“Varias de las normativas creadas para implementar el Pacto Verde Europeo pueden tener un efecto negativo sobre el comercio y, por tanto, sobre nuestros productores”, aseveró Coy durante una comparecencia en el Parlamento Europeo.
El viceministro señaló que “Colombia tiene toda la voluntad de avanzar en esta transición, pero no podemos ser verdes con números rojos, por eso debemos asegurar un precio justo para nuestros productores y lograr que los operadores se comprometan a pagarlos, más aún cuando las nuevas exigencias regulatorias imponen mayores costos”.
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