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“Decidieron alargar la agonía rompiendo el quorum”, dijo el senador Efraín Cepeda (Partido Conservador) después de la sesión del miércoles. Durante cuatro horas, las comisiones económicas (Terceras y Cuartas de Cámara y Senado) debatieron las ponencias negativas y de archivo a la ley de financiamiento.
Germán Ávila, ministro de Hacienda, defendió ante las comisiones económicas que el Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación bajo la “conciencia y claridad” de que se necesitaba una ley de financiamiento. El mes pasado, gracias a un acuerdo, se logró que el Legislativo aprobara las cuentas del próximo año, pero con un recorte de COP 10 billones, quedando en COP 546,9 billones. La promesa incluía bajar las ambiciones de la tributaria, que con los ajustes para primer debate pasó de COP 26,3 billones a COP 16,3 billones. La cartera eliminó algunos de los impuestos más polémicos, como el IVA a los combustibles y los cambios en las tarifas de impuesto de renta.
Pese a las declaraciones del Gobierno y los ajustes, las fuerzas políticas, en este momento, indican que es probable que la reforma se termine hundiendo. Algunos pormenores de la sesión pasada ilustran las tensiones en el Congreso.
El miércoles, a la hora votar las tres ponencias que buscaban hundir el proyecto (primero se votaron las dos negativas y luego la de archivo) hubo un debate técnico. Varios parlamentarios, incluyendo a Juan Felipe Lemus (Partido de La U), advirtieron que, según la sentencia C-420 de 2024 de la Corte Constitucional, estas ponencias deben votarse en las cuatro comisiones y que, si alguna vota a favor, se aprueba el archivo. Después de varios argumentos, Wilmer Castellanos (Alianza Verde), presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, dijo que con la negativa de una sola comisión se entiende que el trámite ya se adelantó y se niega el archivo, pero aseguró que permitiría que las cuatro comisiones se expresaran.
La mayoría de los congresistas de la Comisión Tercera de la Cámara votaron no. La votación de la Comisión Cuarta de la Cámara no se completó porque varios parlamentarios se salieron del recinto, entonces se levantó la sesión. Miembros del Congreso tildaron el desarme del quorum de “jugadita”.
“Buscan ganar tiempo y tener los votos para aprobar esta reforma tributaria”, dijo la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde). Se da por hecho que el archivo fue negado, pero, al menos hasta ahora (porque todo puede cambiar), parece que el Gobierno no cuenta con los apoyos necesarios para que las cuatro comisiones económicas apoyen la ponencia positiva y así el proyecto pueda pasar a segundo debate, en las plenarias de Cámara y Senado. De hecho, 10 de los 17 senadores de la Comisión Tercera del Senado firmaron la ponencia de archivo, por lo que se espera un “no” de esa corporación.
La discusión continuará la próxima semana. Una fuente del Congreso, cercana al trámite, explicó a este diario que en el afán de cerrar la sesión, cuando se confirmó que no había quorum, la mesa directiva olvidó anunciar la votación del proyecto, eso quiere decir que sería necesario citar a las comisiones para anunciar. En general, en el Legislativo se espera que el destino de la ley de financiamiento se selle entre martes y miércoles.
Las críticas a la reforma tributaria
Si bien los impuestos son poco populares, además de fútbol, el deporte nacional de Colombia es pasar reformas tributarias: algunos análisis dan cuenta de un promedio de un proyecto de este tipo cada año y medio.
Y, a pesar de que son parte del panorama político-económico del país, las tributarias despiertan todo tipo de rechazos en épocas preelectorales. Esto, de fondo, tiene poco que ver con macroeconomía y responsabilidad fiscal, y está más relacionado con la estabilidad laboral de los legisladores: a fin de cuentas, congresistas y gobiernos se juegan su supervivencia cada cuatro años y es mejor hacerlo bajo las banderas, manidas, de “NO MÁS IMPUESTOS” (así, en mayúsculas, subrayado, letras rojas y luces de neón alrededor de una valla en una zona de alto tránsito).
Pero, más allá de la agenda preelectoral (que no es poca cosa), la actual ley de financiamiento de la administración Petro despierta antipatías y críticas por un asunto esencial: el déficit fiscal del país para 2025 cerraría con la segunda cifra más mala en 120 años, según análisis de Fedesarrollo (-7,1 %), la primera fue en 2020, en plena pandemia.
La cifra indica que hay una diferencia crítica entre ingresos y gastos. Claro, lo lógico es pensar en apuntalar mejor los primeros. Pero el discurso entre los congresistas que critican el proyecto (que comparten analistas de todo tipo) es que la forma de solucionar el déficit no es meter la mano al bolsillo de los contribuyentes, sino controlar el gasto del Gobierno.
Para este punto de la historia, las cifras macro muestran un panorama que deja una cierta sensación de alivio: un crecimiento del PIB de 3,6 % para el tercer trimestre, desempleo que se sostiene alrededor de 8 % y una inflación que, aunque no da del todo su brazo a torcer, está muy lejos de los picos de hace un par de años.
Pero esta mirada rápida puede ocultar algunos factores importantes. Sí, crecemos, pero lo estamos haciendo, en buena parte, a punta de gasto. ¿De quién? De los hogares, por un lado, pero también por parte del Gobierno.
Si se observa por grandes sectores, el principal impulso en el tercer trimestre lo puso el propio Estado: el gasto en administración pública, defensa, educación y salud aumentó un 8 % en estos meses y aportó alrededor de un tercio del crecimiento total del PIB en este periodo.
La influencia del gasto estatal aparece no sólo en los sectores más dinámicos, sino también en los más rezagados, como la construcción, que hace un año avanzaba 4,2 %, pero en este trimestre cayó 1,5 %. Al revisar las cifras con mayor detalle, se observa que todo el sector muestra descensos, salvo las obras civiles, que crecieron 13,1 %. Para ver una cifra más general: en el trimestre, el consumo del Gobierno aumentó 14,2 % en el trimestre.
Es por este lado que llegan las críticas contra la ley de financiamiento en el Congreso (y entre analistas). “No podemos continuar sosteniendo el despilfarro de un gobierno que gasta sin control, mientras la productividad y el empleo no avanzan. Sí hay espacios para ajustarse el cinturón”, dijo la representante Katherine Miranda (Alianza Verde) en la sesión del miércoles.
El senador Juan Pablo Gallo (Partido Liberal) aseguró que la tasa efectiva de tributación ubica a Colombia en el puesto ocho entre los países con más impuestos. Gallo dijo que la iniciativa del Gobierno tiene “impuestos confiscatorios” y que aprobarla “castigaría el ahorro, la inversión y el empleo”.
El panorama sin ley de financiamiento
En varias ocasiones Hacienda ha defendido que se necesita una tributaria porque más del 80 % del gasto del presupuesto es inflexible y porque un recorte en la inversión afectaría el desempeño económico. En la sesión del miércoles, Ávila fue más allá y advirtió que hundir la iniciativa traería graves consecuencias para la economía: “No ser coherentes con la propuesta presentada por el gobierno en el presupuesto y la propuesta de ley de financiamiento, es colocar en riesgo el equilibrio fiscal, el manejo y atención de la deuda pública externa y las finanzas del próximo año del país”.
El presidente Gustavo Petro dijo que la situación fiscal, “hundiendo esta última reforma fiscal”, lleva al país a una emergencia. El mandatario sostuvo que “aún hay tiempo” y que espera que el Congreso “reaccione con responsabilidad”.
Como señala Sebastián Correa, socio de Serrano de Serrano-Martínez CMA y experto en derecho tributario, el posible hundimiento de la ley de financiamiento ubica al país en un panorama fiscal retador. Para empezar, sin los nuevos ingresos, el Ministerio de Hacienda tendría que aplazar gasto a principios de 2026, pues el presupuesto quedaría desfinanciado en COP 16 billones.
Correa sostiene que hay decisiones que pueden ayudar, como terminar la normalización del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles subiendo el precio del diésel y la implementación de un plan integral antievasión para la DIAN. Pero también señala que el Gobierno debe reconocer que varias de las medidas de corto plazo que ha tomado, como el anticipo de impuestos para las empresas vía incrementos en las tarifas de retención, no van a resolver el problema fiscal. “Será necesario implementar medidas de mediano o largo plazo que tengan un impacto real, como pueden ser, por ejemplo, la racionalización del gasto, que en este momento está por las nubes”, dijo el experto.
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