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Para este punto de la historia, es posible que se haya cruzado con las palabras déficit fiscal, recorte presupuestal o recaudo tributario un par de veces el año pasado, algunas más este.
Y, aún cuando estas expresiones conllevan un peso grande, la vida sigue siendo un poco la misma: el sol sale por el Oriente y lo que suele desvelar por la noche a los colombianos no es tanto la solidez de la estructura macroeconómica del país, sino preguntas sobre cuánto va a subir el arriendo, qué pasará con la factura de la luz o si la comida se pondrá más cara.
En esa distancia entre una cosa y otra, esa especie de ignorancia bienhechora, hay una cierta magia: el espacio suficiente para que de las palabras reactor nuclear no tengamos que pasar a Chernobyl. Pero llega un día en el que ese salto se da o, más bien, resbalamos hacia el precipicio. En esta historia, el abismo es el déficit fiscal.
De forma simple, el término se entiende como la diferencia entre los ingresos y los gastos.
Administrar un Estado es, casi por naturaleza, un asunto deficitario. Los países se construyen al debe para hacer aquella carretera, ampliar un puerto, abrir más hospitales, colegios y así. En cierto sentido, es normal que en esta ecuación 1+1 no sea igual a 2. El problema es cuando 1+1 suma un valor negativo con varios ceros.
Cuando las cuentas no cuadran
Para este año, el Gobierno proyecta un déficit fiscal de 7,1 % del PIB. Esta es la segunda cifra de su tipo más mala en 120 años, explica Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. La primera en la lista fue 2020, año en el que pegó la pandemia. Que la comparación que haya a la mano sea una de las peores crisis sociales, económicas y sanitarias es, de entrada, un síntoma preocupante. A la larga, los días con 300 muertos diarios, los tapabocas obligatorios y el aislamiento hacen parte de un escenario que no tiene nada que ver con nuestro panorama actual.
Esta disociación entre el multiverso de la macroeconomía y el transcurrir de la vida diaria representa una grieta por donde se cuelan buena parte de las tensiones de esta historia.
La economía está creciendo a un ritmo más saludable que en años recientes, con una meta para el PIB de fin de año que puede estar por encima de 2,6 % y que, para 2026, rondaría 3 %. A la vez, el desempleo lleva varios meses registrando cifras notablemente bajas. La inflación, aunque no da su brazo a torcer (y lleva cuatro meses consecutivos de repunte), retomaría su senda de bajada el próximo año.
“No diría que estamos en una crisis fiscal. Pero tenemos el riesgo de acercarnos a una”, dice Mejía. En buena parte la economía está creciendo a partir de la demanda y el consumo privado: en otras palabras, vamos para adelante, pero a punta de gasto. El director de Fedesarrollo agrega que mientras entre 2000 y 2019 el promedio del déficit en Colombia fue de 3,6 % del PIB, después de la pandemia el promedio del indicador ha sido 6,5 %.
Los expertos señalan que el pedal de gasto va a fondo y, por ahora, no parece que el Gobierno lo vaya a soltar. Aquí hay que sumar otros elementos, algo más técnicos, para entender por qué, aunque con la espada del déficit colgando, todo pareciera seguir bien.
Varias proyecciones que antes indicaban que el déficit de este año sería mucho mayor al proyectado por el Gobierno se han ajustado a la baja, pero no porque la administración esté gastando menos. César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, dice que es necesario diferenciar entre balance primario del Gobierno Nacional Central, en el que solo se analizan ingresos y gastos, y el del Gobierno Central, en el que se incluyen ingresos, gastos y deuda.
Pabón señala que, justamente, lo que ha permitido un mejor panorama en materia de déficit (que de todas formas sigue siendo muy alto, recordemos que para este punto ya se suspendió la regla fiscal) son las operaciones de manejo de deuda pública del Ministerio de Hacienda, con las que se han logrado ahorros en el pago de intereses, de entre 0,5 o 1 puntos del PIB en el corto plazo. A esta se suma una tasa de cambio favorable: con un dólar más bajo se necesitan menos pesos para pagar la deuda. Pero si se analiza solo el balance entre ingresos y gastos, el panorama es preocupante: “El Gobierno está gastando más de lo que se había previsto en el Marco Fiscal. Al final, las sorpresas positivas en el pago de intereses han permitido mitigar el peor manejo de las finanzas públicas”.
Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, coincide con Pabón en que parece que el Gobierno está aprovechando la reducción en intereses para gastar mucho más. El punto es que, como lo dijo un funcionario del Ministerio de Hacienda, “hay que hacer una corrección porque usted no puede seguir gastando eternamente, necesita más ingresos sí o sí: al final o pone más o la fiesta se acaba”.
¿Cómo financiar la fiesta?
Para tener recursos suficientes para atender los gastos que plantea el Presupuesto General de la Nación 2026, todavía se necesita una ley de financiamiento (en la práctica una reforma tributaria). Aún no se conoce la versión final del proyecto, teniendo en cuenta que, tras el acuerdo Congreso-Gobierno para aprobar el presupuesto (que quedó en COP 546,9 billones), el Ministerio de Hacienda prometió que el recaudo de la tributaria se recortaría en COP 10 millones, quedando en COP 16,3 billones.
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La cartera anunció que la propuesta ya no modificará el IVA a la gasolina y el diésel y tampoco aumentará los impuestos para la cerveza. En cambio, el Gobierno quiere mantener en la versión final los aumentos en la tarifa de impuesto de renta, que afectarían a personas que ganan desde COP 10,2 millones mensuales; los cambios en el impuesto sobre el patrimonio, la sobretasa al sector financiero y los tributos ambientales. Fuentes del Congreso dijeron a este diario que este martes se conocerá la ponencia definitiva para el primer debate en las comisiones económicas de Cámara y Senado.
Desde aquí, el mayor gasto del Gobierno empieza a acariciar el bolsillo de los colombianos. Pero, más allá de la tributaria que se va a debatir, hay una serie de medidas que esta administración ya ha puesto en marcha o ha anunciado para buscar más recursos.
El “paquetazo” tributario
Sebastián Correa, socio de Serrano Martínez CMA y experto en derecho tributario, advierte que en medio del “desespero fiscal, derivado de la falta de cumplimiento en las metas de la DIAN, el Gobierno ha intentado una serie de medidas administrativas de carácter regulatorio y hasta contables para aliviar la presión fiscal y tratar de tener mayor disponibilidad de recursos”. La premisa es clara: se necesita más plata. La pertinencia de algunas de las decisiones que se están tomando para conseguirla está en duda.
Una de las medidas más sonadas, tiene que ver con la controversia legal por la tarifa de IVA que deben pagar los combustibles que importa Ecopetrol y que salen de Reficar, considerando que la refinería está ubicada en una zona franca. En un concepto de diciembre de 2024, la DIAN aseguró que están sujetos a un IVA del 19 % (antes se entendía que estaban exentos) y que el cobro es retroactivo, es decir, que la empresa debe pagar toda la “deuda” desde 2022. Este año, y mientras avanzan los procesos legales, Ecopetrol le ha pagado a la DIAN el 19 %, pero están en disputa los cobros de años anteriores.
En el reporte financiero del tercer trimestre de este año, Ecopetrol informó que por el IVA a la importación de combustibles entre 2022 y 2024, la DIAN ha notificado a la Refinería seis liquidaciones oficiales por COP 1,89 billones. En dos casos la entidad ya respondió al recurso de reconsideración, sosteniendo que el pago debe hacerse, los otros cuatro están en curso. A Ecopetrol se le han notificado dos liquidaciones que suman COP 9,39 billones, la empresa interpuso los recursos pertinentes. La cifra suena escandalosa, pero hay más: la petrolera reconoció que los valores totales podrían ser superiores “en la medida que se reciban requerimientos adicionales por parte de la DIAN”.
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La semana pasada, se especuló que la entidad podría emitir orden de embargo contra las cuentas de Reficar, una decisión que pondría en riesgo la producción de la refinería e incluso la estabilidad financiera del Grupo Ecopetrol. Por ahora, la DIAN informó que no ha decretado medidas cautelares ni procesos de cobros coactivos contra ninguna empresa importadora de combustibles, pero los expertos sostienen que podría hacerlo. De ahí que Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera (USO) han interpuesto tutelas para evitar los posibles embargos.
Lisandro Junco, exdirector de la DIAN, explicó a este diario que la entidad en varias ocasiones ha dicho que los bienes que Reficar vende desde esa zona franca a otros usuarios industriales están exentos de IVA, pero que al parecer ahora está “legislando porque cambia los conceptos y las leyes”.
Junco cita otro ejemplo que, probablemente, le suene más cercano: el alquiler de zonas comunes de conjuntos residenciales. La entidad sostiene que el alquiler de estos espacios es un servicio como cualquier otro y está gravado con IVA.
En la lista de medidas para tener más plata este año está un decreto de mayo con el que el Minhacienda modificó los límites para la retención en la fuente para algunos sectores y las tarifas de autorretención. La medida, básicamente, permitió anticipar más impuestos del año siguiente. Analistas han advertido dos efectos negativos: el primero, menos caja para las empresas en el corto plazo y el segundo, que aunque es una solución para este año (el Ministerio de Hacienda estimó que el recaudo de 2025 aumentaría en COP 6 billones), puede abrir un hueco para 2026.
En 2024, por ejemplo, la caída del recaudo que tanto afectó a las finanzas públicas tuvo que ver, en buena parte, con los mayores anticipos que se habían hecho en 2023 (por la reforma tributaria). Además, sectores como el minero-energético han advertido que seguramente la DIAN tendrá que devolver parte del anticipo porque no están teniendo el buen comportamiento económico que estimó la entidad.
Camilo Sánchez, presidente del Consejo Gremial Nacional y de Andesco, afirma que estas medidas vía decreto le “meten la mano al bolsillo a los mismos de siempre”, clase media, clase alta y empresarios. Sánchez cita el caso de Afinia, que presta el servicio de energía en Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 11 municipios del Magdalena: “Tiene que entregar recursos por COP 200.000 millones, aproximadamente, quedando sin flujo de caja para inversión. No se podrá hacer cruce de cuentas el otro año porque las empresas no darán utilidades, pero es difícil recuperar los recursos. Se convierte en un préstamo forzoso al Gobierno, sin intereses y que pone en riesgo la prestación del servicio”.
Hay otras que, hasta ahora, se han quedado en anuncios o borradores, como la de eliminar vía decreto la exención de la sobretasa de energía de 20 % para sectores como el agropecuario, construcción y minas y canteras. Esta medida le permitiría al gobierno ahorrar unos COP 1,2 billones que actualmente se destinan al pago de subsidios de usuarios de estratos 1, 2 y 3, pero que se podría traducir en productos más caros (porque los industriales trasladarían el sobrecosto a los consumidores), y en menos competitividad para el país.
También estaba la propuesta de aplicar retefuente de 1,5 % a pagos electrónicos, como los que se hacen por el nuevo sistema de pagos Bre-B, que al final el Gobierno decidió no implementar. Después de recibir cientos de comentarios que advertían que el proyecto podría impulsar el uso del efectivo, la DIAN y Hacienda decidieron cambiar la propuesta e incluso eliminar la retención en la fuente que actualmente existe para los pagos con tarjeta débito y crédito.
Otras de estas ideas están incluidas en proyectos de ley. Sánchez destaca que en la ley de tarifas se traslada la deuda de opción tarifaria de estratos 1, 2 y 3, que inicialmente el Gobierno había prometido asumir, a usuarios de estratos 5, 6, no residenciales y no regulados. En ese mismo proyecto el Gobierno propone modificar la asignación de subsidios de energía para estratos 1, 2 y 3, que actualmente le salen caros a la Nación. El proyecto abre la puerta a “disminuirlos condicionalmente” si el usuario excede el umbral de consumo mensual que defina la cartera a partir de estudios técnicos.
Desde el Congreso también han advertido sobre varias iniciativas que tendrían “mini reformas tributarias”. Entre ellos, un proyecto de ley radicado por el Ministerio de las TIC que incluye un “subsidio a la solidaridad digital” para hogares pobres y vulnerables, pero que se financiaría con un aporte de 30 % adicional sobre el plan de internet fijo para usuarios de estratos 5, 6, industriales y comerciales que no sean micro o pequeñas empresas.
Por otro lado, hay un proyecto de origen legislativo que tiene la firma de varios representantes a la Cámara, incluyendo a Álvaro Henry Monedero (Partido Liberal) y Olga Lucía Velásquez (Alianza Verde), que busca aumentar el recaudo con una serie de beneficios para que los deudores de la DIAN se pongan al día, pero también incluye nuevos impuestos, incluyendo los vapeadores, y facultades para la entidad. Fuentes del Congreso dijeron a este diario que desde hace un mes que se logró acuerdo con el Gobierno para pasar el presupuesto, se está considerando que esta podría ser una opción, aunque menos ambiciosa, para conseguir recursos si la tributaria del Gobierno se hunde.
Aunque faltan varios puntos en la lista, vale recordar que hasta el 31 de diciembre de este año están vigentes los impuestos que decretó el gobierno a principios de este año para atender la crisis en el Catatumbo, incluyendo IVA a los juegos de azar y a las apuestas en línea (que quedarían permanentes con la tributaria), impuesto de 1 % a las ventas de petróleo y carbón y un impuesto de timbre de 1 % para trámites notariales. El recaudo por estos tributos, según las estimaciones iniciales de Hacienda, suma casi COP 3 billones.
No se ha resuelto el problema de fondo
Aunque el Gobierno está buscando distintas opciones para poder mantener el ritmo de gasto, la fiesta, en palabras del funcionario cercano a Hacienda, no es sostenible tal como va.
“Son pañitos de agua tibia para un problema estructural. No resuelven nada y están lejos de ser lo que el país requiere”, sostiene Pabón.
¿En dónde estaría la solución estructural? En un recorte de gasto que, hasta ahora, el Gobierno no ha mostrado intenciones de hacer, más allá del ajuste en COP 10 billones del presupuesto que acordó con el Congreso. En este punto es clave recordar que el futuro de la tributaria (por COP 16,3 billones) no está asegurado, la iniciativa podría hundirse en el Congreso, como lo han advertido varios parlamentarios, dejando un hueco en las cuentas de 2026.
Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia, afirma que se requieren múltiples esfuerzos para enderezar el camino de las finanzas públicas. Para empezar es clave que las proyecciones de recaudo, que en los últimos años no se han cumplido, se ajusten a la realidad.
Pese al buen comportamiento del consumo en el país, el gran motor del recaudo son sectores que en este momento están golpeados, como el minero energético. Desde el punto de vista del gasto, Clavijo reconoce que cerca del 80 % es inflexible, pero asegura que sí hay renglones en donde se pueden hacer recortes, “desde COP 11 billones hasta COP 31 billones”.
Varias de las medidas que ha propuesto el Gobierno no solo no resuelven el problema estructural, sino que a la larga son costosas para el país. Por ejemplo, la retefuente golpea a las empresas y puede afectar el recaudo del otro año, o los cobros a Ecopetrol y Reficar, con posibles embargos a bordo, pueden dañar a la empresa más grande del país, que es fuente de dividendos, impuestos y regalías.
Entonces, el enfoque no solo debería estar en acabar la fiesta, sino en dimensionar la resaca y el desorden de mañana.
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