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Durante años, el cruce de mercancías por el puente de Rumichaca hacia Ecuador hizo parte de una normalidad económica que en Ipiales, Nariño, casi nadie necesitaba explicar. El vecino país estaba ahí; a pocos kilómetros de distancia, dispuesto a comprar y vender, incorporado a la vida comercial de la frontera.
Pero esa relación empezó a tensionarse el pasado 21 de enero, con la llamada “tasa de seguridad” (un arancel, en términos simples) impuesta por el gobierno de Daniel Noboa, y con las sucesivas medidas recíprocas que anunció después el gobierno de Gustavo Petro.
Fue entonces cuando las tensiones entre ambos gobiernos salieron del terreno diplomático y empezaron a afectar una relación comercial que, durante años, había funcionado sin mayores interrupciones entre empresarios, agencias de aduana, comerciantes y transportadores.
El paro en Rumichaca que completa 16 días es la señal más evidente de hasta dónde llegó ya esta tensión. A ambos lados de la frontera, quienes viven del movimiento diario de mercancías han salido a protestar por los aranceles y restricciones comerciales.
Sobre este puente, el principal paso fronterizo entre ambos países, hoy no está pasando carga. Y esa quietud, acompañada de una multitud que sacude banderas tricolores y pronuncia arengas contra las recientes decisiones de política comercial de Gustavo Petro y Daniel Noboa, ya empezó a sentirse en la actividad económica de Ipiales, de Nariño y de toda la cadena que depende del intercambio con Ecuador.
“Con esta medida (los aranceles) prácticamente nos han bloqueado a todos. Va a afectar a toda la sociedad económica, tanto en Nariño como en el Carchi (provincia ecuatoriana fronteriza con Colombia)”, dice Óscar Obando, presidente del Comité Gremial de Trabajadores de la Frontera y uno de los líderes del paro.
La frontera empieza a pasar la cuenta
En este punto de la historia, se ha regado mucha tinta sobre el carácter superavitario de la relación comercial de Colombia con Ecuador y sobre el hecho de que el vecino país no tiene un gran peso dentro del total de la canasta importadora colombiana. Pero la historia es otra si se mira solo a Nariño.
Como recuerda Alfredo José Bucheli, director ejecutivo de Fenalco Nariño, mientras Colombia le vende a Ecuador mercancías por un valor anual cercano a los US$1.700 millones y le compra unos US$800 millones, el año pasado Nariño le compró al vecino país cerca de US$90 millones y le vendió apenas unos US$6 millones.
Por eso, en este territorio la crisis no inquieta solo a los exportadores: también golpea a comerciantes, importadores y negocios que dependen del flujo diario con Ecuador.
Las primeras señales del golpe arancelario ya aparecen en los comercios de frontera. Bucheli afirma que en Ipiales negocios de lubricantes reportan pérdidas cercanas al 55 % frente a estas mismas épocas pero del año pasado; mientras tanto, en almacenes de ropa y calzado deportivo (cuyo mercado son los turistas ecuatorianos) las ventas han caído cerca de 60 %. En Pasto, agrega Bucheli, el impacto en ese mismo tipo de comercio ronda el 20 %.
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Lo anterior es especialmente sensible en un departamento con poca vocación industrial y que gravita en torno al comercio. En Nariño, además, el 97 % del tejido empresarial está compuesto por micro y pequeñas empresas; el 3 % restante corresponde a medianas y grandes empresas. Dentro de ese grupo, las grandes pesan apenas 0,4 %.
Esa composición, advierte el director ejecutivo de Fenalco Nariño, hace más sensible el impacto de una crisis que se siente en actividades muy distintas entre sí, pero conectadas por el intercambio con Ecuador.
Cómo escaló la tensión comercial
El 21 de enero de este año, el gobierno de Daniel Noboa anunció la llamada “tasa de seguridad”, equivalente a un arancel del 30 % sobre importaciones provenientes de Colombia.
Un mes después, Colombia fijó un arancel recíproco del 30 % sobre 73 productos originarios de Ecuador y, además, restringió por Ipiales y Puerto Asís el ingreso terrestre de varias mercancías. Entre ellas figuran arroz, papa, cebolla, tomate, arveja, varios tipos de fríjol, banano y aguacate, además de ciertos pescados y camarones.
La tensión escaló de nuevo desde el 1 de marzo, cuando Ecuador elevó del 30 % al 50 % el arancel aplicable a productos colombianos. En respuesta, el Ministerio de Comercio de Colombia dejó listo un borrador de decreto para subir también al 50 % el gravamen sobre productos ecuatorianos, aunque esa medida todavía no entra en vigor.
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Dicho borrador advierte que, si se consolida un escenario de arancel al 50 %, las importaciones colombianas desde Ecuador podrían caer 75 % (unos US$640 millones menos, con base en datos de 2025) y las exportaciones colombianas hacia ese país 79 %, equivalentes a US$1.452 millones menos.
El termómetro está en la aduana
Si las ventas de los comercios ya ofrecen una primera señal del daño de los aranceles, las agencias de aduana son un termómetro diario de esta crisis, a diferencia del rezago de las cifras gruesas de comercio exterior que reportan las entidades nacionales mes vencido.
Juan de la Cruz Suárez, gerente regional de la agencia Aduamar de Colombia, ubicada en Ipiales, dice que su operación cayó casi al 10 % antes de que se instalara el paro en Rumichaca. Antes movían unas 80 operaciones mensuales de exportación, pero en febrero apenas hicieron cuatro. En importaciones, agrega, están trabajando a un 5 % o 6 % de su capacidad.
Al comienzo, algunos importadores y exportadores intentaron repartirse la carga arancelaria para no detener del todo el comercio. Según Suárez, hubo casos en los que el vendedor asumía 15 % y el comprador el otro 15 %, una fórmula que permitió sostener algunas operaciones mientras el arancel ecuatoriano se mantuvo en 30 %. Pero ese margen duró poco: el salto al 50 % terminó por echar por tierra esos arreglos.
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A eso se suma otro problema: el arancel no es la única carga. Suárez explica que, en Ecuador, ese 50 % no solo encarece la mercancía, sino que también eleva la base sobre la cual se liquida el IVA. En otras palabras, el importador no paga solo el arancel: también termina asumiendo un IVA sobre una mercancía que ya llega más cara, por lo que la carga total puede acercarse al 75 %. Del lado colombiano, añade, el arancel del 30 % también encarece la operación y presiona el flujo de caja de los importadores, que deben salir a cubrir un costo más alto antes de vender la mercancía.
Hasta antes del paro, algunas mercancías siguieron entrando a Colombia por necesidad de consumo o por compromisos ya adquiridos. El gerente regional de Aduamar menciona, entre otras, preformas para botellas PET, bentonita usada como arena para gato y aceite de palma para embotellamiento. Pero la combinación de aranceles y restricciones terminó afectando también a importadores de arroz, camarón, cebolla, fríjol e insumos para la construcción (como tubería metálica o perfilería).
La onda expansiva
En el transporte, la situación ya se mide en tractomulas quietas. Edison Mena, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) seccional Ipiales, dice que la parálisis ya compromete cerca de 2.500 empleos directos ligados al movimiento de carga del lado de Ipiales y entre 1.000 y 1.200 empleos del lado ecuatoriano. Ahí incluye transportadores, cargueros, estibadores, almacenadoras y otros oficios vinculados a la logística de mercancías.
El dirigente gremial y mulero de profesión también pone una cifra sobre la mesa para medir el tamaño de esa cadena: un tractocamión mueve entre COP 80 y 90 millones de pesos mensuales en ingresos brutos por fletes de transporte entre la frontera y el centro del país. Por eso, cuando esa operación se frena, la cuenta no se queda solo en el camionero o en la empresa de carga, sino que se riega por buena parte de la economía local.
De acuerdo con Mena, la reducción de ingresos en sectores indirectos ya supera el 70 %. Ahí mete a restaurantes, taxistas, hoteles, casas de cambio e incluso a quienes venden tinto, cigarrillos o chicle en los alrededores del puente Rumichaca.
“Lastimosamente, decisiones políticas están acabando con la economía de sus propios nacionales, de sus propios pueblos, afectando en su totalidad el desarrollo económico”, dice Mena.
El comercio es más que cifras
Para varias de las empresas colombianas consultadas para este artículo, la crisis con Ecuador es un trago amargo que, tarde o temprano, tendrá que ceder ante el sentido común y la necesidad de que las mercancías entre países vecinos vuelvan a circular. La duda es qué tan fácil será para estos empresarios volver a entrar a un mercado que costó años construir.
Y es que varios exportadores ya empezaron a ver cómo sus clientes ecuatorianos habituales salen a buscar nuevas opciones.
Germán Darío Rodríguez, gerente general de Arneses y Gomas S.A., empresa dedicada a la fabricación de autopartes en caucho y metal y productos para el sector eléctrico, dice que para su compañía el impacto no es devastador, pero sí relevante. Ecuador representaba entre 4 % y 5 % de sus ventas, y lo veían como un mercado “con espacio para crecer”.
“En Colombia hay mucha competencia y una demanda que ya se está atendiendo, y allá era todo nuevo. Es un baldado de agua fría”, resume Rodríguez.
Según cuenta el empresario, el arancel del 30 % ya los había obligado a renegociar con sus clientes ecuatorianos. La solución, mientras duró, fue bajar un poco el precio final del producto y seguir haciendo despachos pequeños.
“Cuando le subieron (el arancel) al 50 % ya no hubo nada que hacer. El precio no les sirve a los ecuatorianos”, afirma.
Desde entonces, añade Rodríguez, varios pedidos quedaron quietos y clientes ecuatorianos empezaron a buscar ese producto en otro lado, incluso en mercados como China, pese a que esto implicaría tiempos logísticos mucho más largos.
El gerente general de Arneses y Gomas S.A. reconoce que su empresa no va a quebrar por perder ese destino, pero lamenta que se frene una apuesta comercial construida a largo plazo.
“Era un punto de crecimiento muy importante, por una labor que se venía haciendo por varios años; era una relación cercana, todos hablamos español, podíamos enviarles productos en par semanas, pero se perdieron esos clientes”, sentencia.
Precisamente, el director ejecutivo de Fenalco Nariño advierte que, si esta tensión se prolonga, no solo se frenará el comercio de hoy: también puede empezar a consolidarse una sustitución de proveedores y destinos a ambos lados de la frontera.
En otras palabras, el riesgo no es solo la caída coyuntural de las ventas, sino que Colombia y Ecuador empiecen a acostumbrarse a reemplazarse.
¿Un impulso al contrabando?
Si la situación ya aprieta al comercio formal, también está empujando una vieja distorsión de la frontera: que la mercancía siga entrando, pero por donde no debería.
Alfredo José Bucheli, de Fenalco Nariño, advierte que, al cerrarse de facto el comercio bilateral con aranceles que muchos empresarios no pueden asumir, los más de 54 pasos ilegales existentes en la zona quedan habilitados para el contrabando.
Bucheli cita una percepción recogida por la Cámara de Comercio de Ipiales según la cual esas actividades ilegales habrían aumentado hasta 70 %, justamente en medio del frenazo del comercio regular y de las trabas impuestas al paso formal de mercancías.
Por su parte, Edison Mena, de la ACC seccional Ipiales, dice que a lo largo de más de 40 kilómetros de cordón fronterizo hay cerca de 70 trochas o caminos vecinales por donde el contrabando encuentra espacio cuando el comercio formal se encarece o se bloquea.
Para él, esa es una de las mayores paradojas de esta crisis: medidas adoptadas en nombre de la seguridad y de la lucha contra el narcotráfico terminaron castigando el empleo lícito y abriendo más espacio a la informalidad.
Las esperanzas están puestas en Lima
En la capital peruana, este 25 y 26 de marzo, está prevista una cita entre los gobiernos de Colombia y Ecuador con la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), el organismo regional llamado a mediar en controversias entre sus países miembros.
Óscar Obando, presidente del Comité Gremial de Trabajadores de la Frontera, dice que la expectativa es que los manifestantes del paro tengan asiento en esta mesa de negociación porque tienen una sola petición: que se deroguen los decretos de arancel y sobretasa adoptados por ambos gobiernos.
Sobre la mesa también han aparecido otras salidas. Este diario conoció que, en las reuniones que han sostenido en los últimos días gremios, cámaras de comercio, transportadores y autoridades locales y departamentales se ha hablado de pedir al Gobierno Nacional una declaratoria de emergencia económica para el departamento de Nariño, aunque todavía no está claro qué tan viable sería.
Para Bucheli, el camino más realista sigue siendo insistir en el desmonte de las medidas que hoy tienen prácticamente paralizado el comercio formal entre ambos países.
En la frontera, varios de los que viven del comercio resumen la crisis con menos diplomacia que los gobiernos: dicen que aquí se está pagando una disputa de egos.
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Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón
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