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Continúan las reuniones entre los representantes de los trabajadores y empresarios para definir el incremento del salario mínimo. El martes, la mesa de concertación terminó de recibir las cifras que se requieren para calcular el alza del ingreso del que dependen directamente unas tres millones de personas en el país.
Las cifras básicas son la inflación y la productividad, aunque también se tiene en cuenta el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), el desempleo y la informalidad.
Por ejemplo, el Banco de la República proyecta que la carestía cerrará el año en 5,2 %. Este dato es clave, pues suele ser el punto de partida desde el que se calcula el incremento del salario mínimo. Es decir, subirlo en esta cifra se traduce en devolver el poder adquisitivo que perdieron los trabajadores en 2024. Por lo general, se le suman unos puntos porcentuales (lo que se conoce como el aumento real) para, de cierta forma, dar un blindaje ante la inflación de los próximos meses.
En los últimos años el incremento real ha estado ligeramente por debajo del 3 %, por lo que si esa misma fórmula se repite este año se podría decir que el salario mínimo aumentaría entre un 7 % u 8 %. No obstante hay que esperar la concertación que alcance la mesa, pues de momento las propuestas parecieran estar muy distantes.
Según lo anunciado de forma preliminar por quienes tienen asiento en la mesa, las centrales obreras pedirían un incremento de dos dígitos (por lo menos un 10 %), mientras que los empresarios buscarán apegarse a ese 5,2 % de la inflación proyectada. Sectores como la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI) incluso han dicho que un alza razonable sería del 2,5 %.
La aparente brecha es tan grande (porque hasta el 11 de diciembre es que oficialmente conoceremos la cifra que propondrán tanto empresarios como sindicatos), que el presidente de la CUT, Fabio Arias, cree que este año tampoco habrá una concertación, lo que se traduciría en que el 30 de diciembre el presidente Gustavo Petro será quien decida el incremento, materializando su voluntad en un decreto.
Más allá del incremento
El gran objetivo que persigue esta comisión es el de garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores. Esto es importante, pues si el incremento es muy poco, el gasto se frena, lo que a la larga afecta a las empresas, ya que venderían menos. Sin embargo, el alza tampoco puede ser exagerada, pues eso impactaría en la capacidad de contratación, lo que significaría no solo un eventual aumento del desempleo, sino también un incremento de la informalidad. En suma, ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre.
Es por lo anterior que desde hace algunos años la comisión ha explorado otras formas de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, siendo la desindexación del mínimo una de estas.
Aunque ese término puede sonar complejo, lo que implica es desligar la mayor cantidad de cobros posibles del salario mínimo para que, con el cambio de año, estos no crezcan de forma importante. Un ejemplo de esto son las multas de tránsito, que dejaron de calcularse en esta medida para pasar a estimarse en Unidades de Valor Real (UVB, la cual sube cada año con base en la inflación sin contar alimentos).
Son más de 188 los cobros que se han desindexado (desamarrado) del salario mínimo, y este año, según lo explicado por la Ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, la comisión de concertación va por más.
Puntualmente se buscaría tocar el rubro de la vivienda, dejando de calcular con el mínimo el incremento que anualmente tienen los arriendos y demás elementos relacionados con la construcción. En otras palabras, si esto se logra, el aumento de los alquileres sería mucho menor al de años pasados, lo que se traduciría en un ahorro importante para los trabajadores.
Para la ministra de Trabajo también es importante avanzar en ese acuerdo de los $55 billones que logró el Gobierno con el sector financiero para favorecer la otorgación de microcréditos en sectores como la economía popular, la vivienda, las manufacturas, el agro y el turismo. Recordar que con esto lo que se busca es aceitar la reactivación de la economía, lo que implicaría una oportunidad para la creación de nuevas plazas laborales.
El miércoles conoceríamos entonces las cifras que llevarán tanto empresarios como centrales obreras, siendo el domingo el primer plazo que tienen para comunicar si se alcanzó un acuerdo. Si no, se habilitarán reuniones extras para que el diálogo continúe, siendo el último plazo el 30 de diciembre. En ese periodo se pueden dar encuentros bilaterales (empresarios – ministerio; sindicatos – ministerio) y multilaterales (la comisión en pleno), así como largas jornadas de trabajo con la esperanza de que se logre una concertación del incremento.
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