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Dos proyectos “hermanados”, la reforma laboral y la reforma pensional, marcarán la agenda legislativa del país en las próximas semanas. En este punto, muchas líneas se han escrito sobre las transformaciones que el Gobierno actual quiere impulsar en materia de empleo y ahorro pensional, pero todavía hay una gran distancia entre estas pretensiones y las posturas de gremios y expertos.
Si bien los espacios de socialización de ambas reformas han sido varios, los de debate se han echado en falta. A la fecha, no se tiene certeza sobre cuándo los congresistas deliberarán sobre estos dos proyectos. Se sabe que el Gobierno está buscando acuerdos antes de empezar con el trámite legislativo.
Este martes 20 de febrero se llevó a cabo un debate de control político en el que el Gobierno, gremios, expertos y congresistas de la comisión tercera del Senado se vieron las caras, como pocas veces en el último año, para analizar el impacto de las reformas laboral y pensional en las finanzas públicas, en la generación de empleo y hasta en el mercado de capitales.
Inversión y reformas
Debatir sobre la reforma pensional es, de cierta forma, plantear el futuro del ahorro y la inversión en Colombia, porque las cotizaciones de los trabajadores son un capital que -en últimas- financia a empresas, al sector público y a entes territoriales en proyectos de infraestructura, planes de desarrollo y otras iniciativas a largo plazo. Así las cosas, más personas en la formalidad (cotizando a pensión) se traduce en mayor financiación de proyectos de inversión públicos o privados.
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Por tal motivo, la cita de este martes contó con la participación de Andrés Restrepo, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), quien retomó uno de los tópicos más candentes sobre las reformas del Gobierno: si estas realmente son un impulso para la formalidad o si, por el contrario, la desincentivan.
Restrepo manifestó que la clave de una mayor cobertura pensional, más trabajadores cotizando a pensión, es la formalidad laboral. Esto es lo que, precisamente, articula las reformas económicas del Gobierno.
“La reflexión al Senado es cómo lograr un equilibrio entre una estructura de costos no salariales en Colombia, que es muy pesada en comparación con el contexto regional, y el crecimiento del empleo. No estoy poniendo en duda el valor moral de estos costos salariales, sino cómo los pagamos. ¿Tiene sentido que la carga total recaiga sobre la generación de trabajo, sobre el empleador?”.
Sobre lo anterior hay que decir que, según estudios de Fedesarrollo y otros centros de pensamiento, la reforma laboral del Gobierno aumentaría los costos de contratación en un 20 %. En el otro lado de la balanza, el proyecto amplía la jornada nocturna (que comenzaría a las 7:00 p.m. y no a las 9:00 p.m. como ocurre ahora) e incrementa gradualmente el recargo para domingos y festivos hasta llegar al 100 % en 2026 (actualmente es del 75 %).
El presidente de la Bolsa de Valores de Colombia dijo que si bien la reforma pensional elimina la competencia entre regímenes y limita y focaliza los subsidios pensionales, es fundamental pensar en una reducción del umbral de cotización que propone esta reforma (de tres salarios mínimos en adelante) en el pilar contributivo, donde sería ubicado más del 85 % de los trabajadores en Colombia de ser aprobado el proyecto del Gobierno.
Según el directivo, el sistema de reparto que propone la reforma, es decir, un sistema basado en un fondo común para atender las pensiones, es insostenible por cuestiones demográficas. Precisamente, desde los fondos de pensión se insiste en que en un futuro habrá más adultos mayores y menos trabajadores cotizantes (hace 70 años, por cada adulto mayor había 11 trabajadores; al final de siglo, según Asofondos, la relación será de 1 a 1), por lo que el sistema pensional se quedará tarde o temprano sin los aportes suficientes para pensionar.
“La reforma pensional, al final, lo que tiene que buscar es que el Estado pueda honrar sus compromisos futuros. Es insostenible un sistema de reparto con la transición demográfica. La pirámide poblacional se invertirá y habrá más adultos mayores y menos trabajadores cotizando. Eso es un coctel que generaría una enorme crisis”, insistió Restrepo.
Para Santiago Montenegro, de Asofondos, el umbral de acceso al pilar contributivo debe ser de solo 1 salario mínimo legal vigente, y los recursos que ingresen a Colpensiones se deben ahorrar en su totalidad.
Los señalamientos
Durante la sesión de este martes, gremios como Asofondos y algunos congresistas reiteraron sus críticas a las reformas en lo que tiene que ver con cobertura y formalidad.
El senador Juan Pablo Gallo, autor de la proposición que derivó en el debate de control político, hizo un balance de la reforma pensional y aplaudió avances como pensión anticipada, la eliminación de subsidios a megapensiones y la creación de un pilar solidario que atienda a los cerca de tres millones de adultos mayores en situación de vulnerabilidad.
No obstante, reprochó que la reforma carece de mecanismos que incentiven una mayor cotización a pensión en un país donde solo tres de cada 10 colombianos lo hacen. “¿Qué estímulo tengo para seguir cotizando? Si llego a las 600 semanas y recibo $77.000 de renta vitalicia. Por ejemplo, una mujer que tenga 300 semanas y haya cotizado sobre el salario mínimo recibirá $41.447 de renta vitalicia. Mientras que en el pilar solidario se pueden recibir $223.000. Es un estímulo para la informalidad y desestimula la cotización. Estimula la vulnerabilidad, porque lleva a las personas a pasarse al régimen solidario”, dijo.
Así mismo, los presentes criticaron el incremento del pasivo pensional que ocasionaría la reforma según la gran mayoría de estudios que se han realizado al respecto. Fedesarrollo calcula que el pasivo pensional en un escenario con reforma se incrementaría en un 35 %; el concepto del Ministerio de Hacienda dice que el déficit aumentaría un 50 %, y la Universidad de los Andes habla de un incremento del 41 % en el pasivo pensional.
“(Con la reforma) no vamos a resolver la sostenibilidad, el pasivo pensional, del sistema. Es un problema estructural. El sistema de reparto, por su naturaleza, no puede resolverlo. Los datos nos muestran que nos metemos en un problema grande de sostenibilidad”, precisó Gallo.
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En la misma línea, el pronunciamiento de Andrés Mauricio Velasco, director del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), dio cuenta de los mayores gastos (erogaciones) en los que tendría que incurrir el Gobierno para financiar un sistema pensional posreforma, teniendo en cuenta que pasaría a ser el responsable de la pensión del 85 % de trabajadores en Colombia. Velasco criticó que parte de las cotizaciones que recibiría Colpensiones no se ahorrarían. “La reforma aumenta los requerimientos de Colpensiones dado que se le da subsidio a una mayor cantidad de personas”, añadió.
Dentro de las recomendaciones del CARF a la reforma, Velasco mencionó que la reducción del umbral del pilar contributivo (Colpensiones) permitirá maximizar el ahorro nacional y minimizar la transferencia del Gobierno Nacional al sistema en el largo plazo. Entre otras sugerencias, el CARF propone que se modere la tasa de reemplazo, es decir, ampliar el promedio de prima media a 15 o 20 años o a la totalidad de la vida laboral, así como introducir cambios a regímenes especiales, “que son dos tercios de las erogaciones pensionales del Gobierno Nacional”, argumentó.
Para Asofondos, el proyecto del gobierno tiene aspectos positivos que el sistema necesita, sin embargo “requiere de cambios y precisiones importantes para que se pueda considerar como un paso adelante. Se necesita una buena reforma, no cualquier reforma”, enfatizó Santiago Montenegro Trujillo.
La defensa del Gobierno
A su turno, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, fue enfático al afirmar que ninguna reforma es “infalible ni absoluta en el tiempo” y que, por este motivo, los cálculos que se han hecho sobre la sostenibilidad del sistema pensional al año 2100 (en un escenario en el cual la reforma es aprobada) no tienen bases sólidas.
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“Están presentando unas cifras sobre el posible impacto fiscal y las están llevando al 2100. Como si la reforma fuera infalible de aquí a 70 años y no se hiciera nada. Al 2070, nos da que el pilar solidario, contributivo y semicontributivo generan ahorros a la economía nacional. Pero si no se hace nada, al 2100 el costo fiscal es muy alto”, señaló el jefe de la cartera económica del Gobierno.
El ministro manifestó que las dos grandes reformas a las pensiones (en 1965, cuando se creó el Seguro Social, y la Ley 100 de 1993) prometieron incrementar la cobertura, pero no lo consiguieron. “Hoy nos encontramos con que no hay cobertura, salvo que la cobertura sea crear afiliados (…). Eso no significa nada, porque solo el 40 % cotiza”, dijo.
Bonilla expuso que cada vez más personas trasladan su ahorro a Colpensiones, una tendencia que -para el Gobierno- hace necesario eliminar la competencia entre los dos regímenes actuales (el público y el privado) y convertir las pensiones en un sistema complementario.
Según cifras expuestas por el ministro, el recaudo pensional durante 2023 (hasta noviembre) fue de $48 billones. De estos, $33 billones son de los fondos de pensiones, $13 billones corresponden a traslados a Colpensiones, $10 billones a gastos de administración, otros $2,5 billones son devoluciones y $7,5 billones se destinan a pagar pensiones (en modalidad de retiro programado y renta vitalicia).
“Se recaudaron $48 billones en 2023 por cotizaciones y (en 2024) se van a pagar $52 billones en mesadas pensionales, es decir, el sistema ya es deficitario, por eso requiere ajustes urgentes. No hay un incremento del ahorro, el ahorro de los fondos son los rendimientos acumulados”, puntualizó.
A su turno, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, respondió a los señalamientos de que la reforma laboral incrementaría informalidad. Según ella, la reforma formalizará en una primera etapa a 2.500.000 trabajadores de sectores rurales, plataformas de reparto y trabajadores domésticos. Además, trajo a colación un balance del Ministerio del Trabajo que indica que la reducción de la jornada nocturna y el recargo dominical (por cuenta de la Ley 789 de 2002) implicó que 1,63 millones de trabajadores dejaran de percibir $1,8 billones al año en salario.
“Las reformas implementadas con el pretexto de incrementar el empleo normalizaron la desprotección y precarización de las y los trabajadores a través de la contratación por prestación de servicios, los despidos sin justa causa con indemnizaciones no equiparables a las afectaciones”, explicó la jefa de la cartera laboral.
Finalmente, la ministra destacó que la reforma laboral pretende crear figuras como la cotización a tiempo parcial, que permite la laboralidad de sectores con flexibilidad horaria e intermitencia, temporalidad y jornadas parciales en sus vinculaciones, con la finalidad de posibilitar su ingreso al sistema pensional como cotizantes, incrementando así la cobertura (el principal reproche de los críticos de las reformas del Gobierno).
Este martes 20 de febrero, en la sala de la comisión tercera del Senado, las reformas del Gobierno “pasaron al tablero” y las preocupaciones de gremios y expertos fueron oídas por las cabezas de las carteras de Hacienda y Trabajo. Una buena noticia para el ejercicio democrático que demandan proyectos de tal envergadura.
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