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La novela legislativa alrededor de la ley de financiamiento tuvo un nuevo capítulo este miércoles en las comisiones económicas del Congreso, en una sesión pasada por gritos (como es tradición), acusaciones y una serie de decisiones sobre las que cae un manto de duda por su legalidad.
La sesión de este miércoles acabó por falta de quorum en la comisión cuarta de la Cámara. Este fue el mismo escenario que hace una semana. Varios senadores denunciaron que el Gobierno está presionando a los representantes de esa comisión para que rompan el quorum y, así, dilatar un debate que tiene un final anunciado.
Los números revelados en las votaciones a las ponencias de archivo y negativas permiten ver que la reforma no pasaría en las comisiones económicas del Senado. Y, así las cosas, la iniciativa se hundiría.
Las votaciones de la tributaria en el Congreso
La discusión arrancó en forma el pasado miércoles 26 de noviembre, cuando se debatieron las ponencias que buscaban el archivo de la reforma. En la votación, que se completó en la sesión de este 3 de diciembre, el Senado apoyó el archivo y la Cámara lo negó.
La mesa directiva aseguró que se necesita el sí de las cuatro comisiones para que prospere una ponencia de este tipo, aunque varios congresistas, citando la sentencia C-420 de 2024 de la Corte Constitucional, sostuvieron que con el sí de una comisión al archivo es suficiente para que el proyecto se hunda.
“Dos comisiones del Senado votamos sí al archivo del proyecto, de manera que, se rompa o no el quorum, la reforma está hundida”, dijo Efraín Cepeda (Partido Conservador). Para este punto, aunque no se había votado la ponencia positiva, estaba claro que el Gobierno no contaba los votos para pasar el proyecto: para que la ley de financiamiento llegue a segundo debate, se necesita el visto bueno de las cuatro comisiones económicas, y las dos de Senado ya aclararon que no están a favor.
“Hay tiempos en los que la razón no se escucha”, dijo ante las comisiones económicas Germán Ávila, ministro de Hacienda. El jefe de la cartera propuso hacer unos ajustes en la reforma para revivir la no deducibilidad de las regalías, que se aprobó en la tributaria de 2022, pero se cayó en la Corte Constitucional. Como la medida generaría COP 3 billones de recaudo, Ávila propuso excluir del proyecto los cambios en el impuesto al consumo de licores y revisar el impuesto al carbono por su posible impacto en el precio de la gasolina.
El ministro aseguró que hay una “vendetta” contra el Gobierno Nacional. Los congresistas cuestionaron que la cartera culpe al Legislativo por no aprobar una reforma tributaria, en vez de hacer un recorte en el gasto.
El proyecto llegó al Congreso con una ambición de recaudo de COP 26,3 billones, pero tras el acuerdo entre Ejecutivo y Legislativo para aprobar el presupuesto, se recortó en COP 10 billones. En el ajuste, los ponentes eliminaron las medidas más polémicas, como el aumento de IVA para los combustibles, los nuevos impuestos para actividades de las iglesias por fuera de los cultos, los cambios en las tarifas para el impuesto de renta y para la boletería por encima de los COP 500.000.
El hueco en el presupuesto
La decisión en ciernes del Congreso implicaría que el presupuesto de 2026 quedará con un hueco de COP 16,3 billones. El año pasado ocurrió exactamente lo mismo: la ley de financiamiento, por COP 12 billones, se hundió y fue necesario hacer un aplazamiento de gasto.
Un presupuesto desfinanciado preocupa todavía más con la situación fiscal actual: el Gobierno estima que el déficit fiscal cerrará el año en 7,1 % del PIB, que es, como advirtió Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, la segunda cifra más alta en 120 años, la primera fue 2020, en plena pandemia.
Ávila en varias ocasiones aseguró que el Congreso aprobó el presupuesto aún sabiendo que se necesitaban más impuestos y que, por ende, se esperaba que el Legislativo apoyara la reforma. “No ser coherentes con la propuesta presentada por el gobierno en el presupuesto y la propuesta de ley de financiamiento, es colocar en riesgo el equilibrio fiscal, el manejo y atención de la deuda pública externa y las finanzas del próximo año del país”, aseguró el 26 de noviembre ante las comisiones económicas.
Sin embargo, varios parlamentarios habían advertido que que el acuerdo para votar a favor del presupuesto estaba orientado a evitar un “decretazo” (como ocurrió con el de 2025) y lograr algunos ajustes frente a la propuesta inicial del Gobierno, como la eliminación de artículos polémicos y la reducción en el gasto (en COP 10 billones), pero que no implicaba el compromiso de aprobar nuevos impuestos.
Como señaló Sebastián Correa, socio de Serrano de Serrano-Martínez CMA y experto en derecho tributario, hay estrategia que pueden ayudar, como terminar la normalización del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles subiendo el precio del diésel y la implementación de un plan integral antievasión para la DIAN.
Pero también señala que el Gobierno debe reconocer que varias de las medidas de corto plazo que ha tomado, como el anticipo de impuestos para las empresas vía incrementos en las tarifas de retención, no van a resolver el problema fiscal. “Será necesario implementar medidas de mediano o largo plazo que tengan un impacto real, como pueden ser, por ejemplo, la racionalización del gasto, que en este momento está por las nubes”, dijo el experto.
En el Congreso hay un plan B
En este panorama, cada vez toma más fuerza la ley de reactivación económica, una iniciativa de origen Legislativo, que ya pasó primer debate en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes.
El proyecto fue radicado en julio de este año y, entre otras cosas, incluye descuento de hasta 90 % en intereses, multas y sanciones para impuesto de renta, IVA, retefuente, impoconsumo y parafiscales que supervisa la UGPP, con el fin de que los deudores se pongan al día con sus obligaciones tributarias.
La iniciativa, entre otras cosas, modifica la tarifa aplicable a no residentes o entidades extranjeras que venden bienes o prestan servicios digitales a usuarios en Colombia, llevándola del 3 al 4,5 % sobre los ingresos brutos; incrementa del 3 al 6 % impuestos para plataformas que generan publicidad en redes sociales, estos recursos se destinarían a programas de salud mental; trae impuestos para los vapeadores y establece que las importaciones de bajo valor, menos de USD 200, pagan IVA.
Los autores de la ley de reactivación económica piden el aval del gobierno para que el proyecto prospere en el Congreso y se puedan recaudar algunos ingresos para cubrir el hueco en el presupuesto.
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