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Los fantasmas de unos 200 años de vida republicana volvieron a manifestarse en la noche de este miércoles durante un debate de las comisiones económicas conjuntas del Congreso: “Por falta de quorum se levanta la sesión”. Para este punto de la historia, la frase pareciera adecuada para acompañar el escudo nacional.
En medio de advertencias por la estabilidad fiscal del país (hechas por el Ministerio de Hacienda) y de ataques de la oposición a la idea de más impuestos antes de elecciones (aunque seguramente vendrán después de éstas) transcurrió este miércoles una jornada decisiva para la ley de financiamiento de la administración del presidente Gustavo Petro, que busca recursos por COP 16,3 billones.
Poco antes del levantamiento de la sesión se votaron las tres ponencias de archivo: la Comisión Tercera de la Cámara votó negativo. Y con este movimiento, la iniciativa derrotó su amenaza de extinción más inmediata, pues al igual que sucede con el presupuesto nacional, las cuatro comisiones económicas (Terceras y Cuartas de Senado y Cámara) tienen que votar de forma unánime; con que una vaya en contravía basta para detener todo.
Lo anterior no implica que el meteorito no siga en trayectoria de colisión con la ley de financiamiento pues, de nuevo, la votación afirmativa de la ponencia positiva (la que impulsa el Gobierno) debe darse en las cuatro comisiones. Y si bien la fortuna le sonríe al Ministerio de Hacienda en Cámara, el escenario parece más adverso en el Senado.
Ahora, si hay algo que suele quedar claro con cierta regularidad en el Congreso es que nada está dicho hasta que todas las cartas están sobre la mesa. Hasta entrada la noche del miércoles, la posibilidad de supervivencia de la tributaria se antojaba escasa y, aún así, el proyecto sigue latiendo hoy. La política es fluida, dirían algunos. Las comisiones continuarán con el debate el próximo martes.
El debate
La ponencia positiva llegó a las comisiones económicas con solo seis firmas, pese a que en el recorte de COP 10 billones (que se realizó gracias a un acuerdo anterior entre Congreso y Gobierno para aprobar el presupuesto) se eliminaron las medidas más polémicas, incluyendo el IVA para los combustibles, gravar actividades de las iglesias por fuera de los cultos, la sobretasa para el sector carbón, los cambios en las tarifas para el impuesto de renta y para la boletería por encima de los COP 500.000.
En la ponencia positiva se ajustaron algunos impuestos, por ejemplo, bajó el impacto de las medidas para la cerveza y se mantuvo la exclusión de IVA para importaciones de menos USD 50 dólares (en el texto original se eliminaba para todas las de menos de USD 200). La mayoría de los artículos se mantuvieron sin cambios frente al texto original radicado por el Gobierno, incluyendo IVA de 19 % para aguardiente, ron, whisky, brandy, vodka y vinos, así como para juegos de suerte y azar en línea (antes excluidos, se gravaron durante la conmoción interior en el Catatumbo). También se mantuvieron los cambios en el impuesto al patrimonio y la sobretasa al sector financiero.
Hacienda defendió que en la última versión se mantuvieron solo las medidas progresivas, que tocan a las personas de altos ingresos, pero los congresistas que apoyaron el archivo aseguraron que la medida golpea a la clase media y baja y al sector productivo. “No podemos seguir financiando el derroche de un gobierno que malgasta. Hay de dónde apretarse el cinturón”, dijo la representante Katherine Miranda (Alianza Verde), autora de una de las ponencias de archivo.
¿Qué pasa si se hunde la tributaria?
Sin ley de financiamiento, el presupuesto de 2026 quedaría con un hueco de COP 16,3 billones. En ese caso, se repetiría la historia: el año pasado la tributaria, por COP 12 billones, se hundió y por eso fue necesario hacer un aplazamiento de gasto.
Si esto sucediera, sería un baldado de agua fría en la situación fiscal actual: el Gobierno estima que el déficit fiscal cerrará el año en 7,1 % del PIB. Esta es, como advirtió Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, la segunda cifra más alta en 120 años, la primera fue 2020, en plena pandemia.
Si bien el Congreso aprobó el presupuesto de 2026, por COP 546,9 billones, en el que se incluían COP 16,3 billones de una ley de financiamiento, varios parlamentarios advirtieron que no apoyarían los nuevos impuestos. Durante los debates (comisiones económicas conjuntas y después plenarias de Cámara y Senado) congresistas de la oposición dejaron claro que el acuerdo para votar a favor del presupuesto estaba orientado a evitar un “decretazo” (como ocurrió con el de 2025) y lograr algunos ajustes frente a la propuesta inicial del Gobierno, como la eliminación de artículos polémicos y la reducción en el gasto (en COP 10 billones).
De todas formas, Germán Ávila, ministro de Hacienda, en varias ocasiones defendió que el Congreso aprobó el presupuesto aún sabiendo que se necesitaban más impuestos y que, por ende, se espera que el Legislativo apoye la reforma. “No ser coherentes con la propuesta presentada por el gobierno en el presupuesto y la propuesta de ley de financiamiento, es colocar en riesgo el equilibrio fiscal, el manejo y atención de la deuda pública externa y las finanzas del próximo año del país”, advirtió Ávila ante las comisiones económicas.
Aunque analistas, expertos y congresistas señalaron que la iniciativa tiene pocas posibilidades, menos en un año preelectoral, la cartera de Hacienda, hasta ahora, no ha dado otra alternativa. “Tendríamos que hacer ajustes en la estructura del presupuesto y acudir a otras fuentes de financiación. Yo prefiero, en este sentido, dar la espera a que el Congreso haga un debate razonable que, esperamos, concluya con la aprobación de la reforma”, respondió Ávila, en entrevista con este diario en octubre, a la pregunta de qué pasaría con el hueco de COP 16,3 billones si no se aprobaba la tributaria.
Pero la iniciativa no convence a todos los congresistas. Katherine Miranda (representante, Alianza Verde) dijo que la reforma sacrifica “el crecimiento, la competitividad y la estabilidad de la clase media y baja y del sector productivo”. Y añadió: “No podemos seguir financiando el derroche de un gobierno que malgasta, mientras la productividad y el empleo se estancan. Hay de dónde apretarse el cinturón”.
El senador Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), autor de una de las ponencias de archivo, aseguró durante el debate que la tasa efectiva de tributación ubica a Colombia en el puesto ocho entre los países con más impuestos. Gallo dijo que la propuesta tiene “impuestos confiscatorios” y que aprobarla “castigaría el ahorro, la inversión y el empleo”.
¿Plan B?
Es importante recordar que sobre la mesa hay otra propuesta para aumentar impuestos. Se trata de la ley de reactivación económica, una iniciativa de origen Legislativo, que ya pasó primer debate en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes.
El proyecto fue radicado en julio de este año y, entre otras cosas, incluye descuento de hasta 90 % en intereses, multas y sanciones para impuesto de renta, IVA, retefuente, impoconsumo y parafiscales que supervisa la UGPP, con el fin de que los deudores se pongan al día con sus obligaciones tributarias.
La iniciativa, entre otras cosas, modifica la tarifa aplicable a no residentes o entidades extranjeras que venden bienes o prestan servicios digitales a usuarios en Colombia, llevándola del 3 al 4,5 % sobre los ingresos brutos; incrementa del 3 al 6 % impuestos para plataformas que generan publicidad en redes sociales, estos recursos se destinarían a programas de salud mental; trae impuestos para los vapeadores y establece que las importaciones de bajo valor, menos de USD 200, pagan IVA.
Los autores de la ley de reactivación económica piden el aval del gobierno para que el proyecto prospere en el Congreso y se puedan recaudar algunos ingresos para cubrir el hueco en el presupuesto.
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