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Si en algo hemos avanzado como sociedad en los últimos meses de acalorado y, con frecuencia, vacío debate electoral es en poner de nuevo en el centro de la discusión cuán injustas y social y económicamente insostenibles son las reglas actuales de protección a la vejez en Colombia.
Muchas de las propuestas de reforma pensional pasan por transitar a un sistema de pilares donde una porción de las contribuciones va al sistema de reparto (como el de Colpensiones hoy en día) y, superado cierto monto de ingreso, el resto de la contribución de cada trabajador iría a una cuenta de ahorro individual (como las de los fondos privados de pensiones actuales). En lugar de competir como ahora, los sistemas de reparto y de ahorro individual se complementarían. El sistema de reparto de Colpensiones, al solo recibir aportes hasta cierto tope de ingresos, dejaría de subsidiar altas pensiones como lo hace ahora, abriendo espacio para un sistema más justo.
Las reglas de juego pensionales tienen una característica que hace especialmente compleja su discusión: lo que pactemos determina no solo la pensión y contribución de quienes están en camino a lograrla pronto, sino la porción de los pagos que recaerán sobre otros ciudadanos a quienes les faltan décadas para llegar allí o ni siquiera han nacido. No basta, por tanto, alabarla por ser generosa o sostenible o más justa en el presente: hay que viajar a un futuro lejano y estar seguros de que la generosidad, justicia o sostenibilidad presentes no son una lápida para quienes todavía no tienen voz.
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Con esa métrica en mente, discutimos algunos pros y contras de la propuesta del candidato Gustavo Petro. Esta se basa en el sistema de pilares descrito arriba: en su propuesta, la contribución destinada a Colpensiones sería la de los primeros cuatro salarios mínimos recibidos por cada trabajador. En la práctica, esto implicaría que alrededor del 90 % de los trabajadores contribuirían únicamente a Colpensiones: en la actualidad, solo cerca del 10 % de los trabajadores reporta salarios superiores a ese límite. Ese 10 % contribuiría también a su cuenta de ahorro individual por la porción de su ingreso por encima de los cuatro salarios mínimos.
Esa reforma tendría al menos tres virtudes. Primero, unificaría las reglas de juego para todos los futuros pensionados. Segundo, eliminaría el pago subsidiado de altas pensiones o megapensiones con cargo a Colpensiones (es decir, con cargo a los impuestos). Tercero, tendría un costo fiscal muy bajo, incluso nulo en el corto plazo, porque todos los trabajadores volverían a contribuir a Colpensiones, haciendo que recursos que hoy en día se ahorran en los fondos privados de pensiones aireen las cuentas de Colpensiones y liberen recursos cuantiosos del presupuesto general de la nación.
Pero el vaso medio lleno de ahora es también el vaso vacío del futuro. Bajo la propuesta de Petro, el 90 % de las pensiones futuras dependería exclusivamente de contribuciones de los trabajadores de ese momento y lo que dejemos de ahorrar hoy en los fondos privados habrá que reponerlo más adelante. El lío es que, en ese proceso de patear el balón hacia adelante, cada vez habrá más personas mayores y menos jóvenes. En 2022, hay 3,8 personas en edad de trabajar (20-59) por cada persona mayor de 60 años. En 2050, ese número caerá a 2,2 y en 2070 a 1,5. Así, cada vez habrá más pensionados por trabajador, lo que retará la financiación de Colpensiones. Si bien las propuestas de Petro son explícitas con respecto a los ingresos actuales del sistema —el vaso medio lleno de marras— no nos cuentan cómo son las cuentas futuras del sistema —el vaso vacío del futuro, que pagarán los jóvenes de hoy y los que no han nacido aún.
Le echamos lápiz y calculadora a ese vacío programático. Si mantenemos la forma en la que Colpensiones calcula los beneficios pensionales y fijamos un período de transición de 10 años, estimamos que una reforma de pilares como la propuesta por Gustavo Petro implicaría que el monto que el Estado tendría que acumular para el pago de pensiones entre 2022 y 2100 pasaría del 85 % (con las reglas actuales) al 99 % del PIB. La mayor parte de esa deuda quedaría a cargo de los jóvenes y aquellos que no han nacido. Los ahorros de la reforma se verían en los próximos 25 años y de ahí en adelante enfrentaríamos un aumento sostenido del déficit comparado con el que observaríamos bajo las reglas actuales (ver figura 1).
Además de ese mayor costo total y de la mayor carga que les dejaríamos a las nuevas generaciones, ese escenario es uno en el que el cubrimiento pensional no mejoraría: seguiría siendo el caso que apenas uno de cada cuatro colombianos alcanzaría una pensión. Dicho de otra forma, empeñaríamos más el futuro de los jóvenes y sus descendientes para pensionar a una porción igual de los adultos mayores del futuro. Si, además, al resto de adultos mayores les diéramos, como establece el programa de Petro, subsidios de $500.000, estimamos que los recursos necesarios para el sistema de protección económica en la vejez alcanzan 230 % del PIB. Esto nos llevaría a incrementar y mantener el déficit del sistema entre 2 % y 4 % del PIB durante los próximos 60 años (ver figura 2).
El resultado no pretende desvirtuar la idea de un sistema en que haya complementariedad entre Colpensiones y el régimen de ahorro individual. Pero el sistema hay que evaluarlo tanto por sus implicaciones de corto como de largo plazo, por sus beneficios y costos. En documentos recientes, discutimos varias alternativas de reforma del sistema de protección a la vejez en Colombia. (Ver “Protección económica a la vejez en Colombia: avenidas de reforma” y “Regresivo, excluyente e ineficiente ¿Qué hacer con el sistema de pensiones?”).
Otra dimensión del vaso medio vacío es el efecto que tendría la propuesta sobre el ahorro financiero y el mercado de capitales. Hoy, el ahorro individual en las cuentas manejadas por los fondos privados de pensiones representa más del 30 % del PIB. ¿Qué pasará con esos ahorros? Si se transfieren esos recursos a Colpensiones y este se lo gasta en pagar las pensiones de ahora, saldrán del mercado de capitales y aumentará la deuda de Colpensiones en la misma magnitud. Eso implicaría un aumento en las tasas de interés tanto de la deuda privada como la pública con importantes implicaciones sobre la inversión privada. Si la propuesta no contempla que los ahorros anteriores se pasen a Colpensiones, sino que solo las nuevas contribuciones irán a ese destino, los efectos sobre el mercado de capitales y la deuda pensional se irán materializando de a poco.
La reforma que discutamos no puede solo pensar en la generación actual, debe ser justa con las generaciones futuras y considerar con cuidado las implicaciones macroeconómicas.
* Profesores de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.
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