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La situación fiscal del país es crítica. El año pasado la regla fiscal se cumplió con muy poco margen y este año, ante una disminución de los ingresos de la nación, la única alternativa que tiene el Gobierno para cumplir la regla es disminuir el gasto. Para esto, el Gobierno anunció recientemente un recorte de gastos por $20 billones.
Este recorte de gastos es un paso crucial para garantizar el cumplimiento de la regla fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas en Colombia. Cumplir con esta regla es esencial para mantener la confianza de los mercados y la calificación crediticia del país, lo cual afecta directamente los costos de financiamiento y la capacidad de inversión del Gobierno. Por esta razón debe haber claridad y transparencia sobre la naturaleza y el monto de los recortes.
El Decreto 0766 del 20 de junio de 2024, “por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación”, desagrega los $20 billones de recorte. De esta cifra, $13,4 billones corresponden a funcionamiento y $6,4 billones a inversión. Entre los sectores con más recortes se encuentran Hacienda ($11 billones), Trabajo ($2,2 billones), Transporte ($1,2 billones), Agricultura ($641 mil millones) y Vivienda ($618 mil millones).
Sin embargo, al estudiar el detalle del decreto, surgen varios interrogantes. El primero y más importante es que de los $11 billones de Hacienda, $8,2 corresponden a un rubro del gasto de funcionamiento denominado ambiguamente “Otras transferencias – distribución previo concepto DGPPN”. Esta cifra representa una parte significativa del recorte total, pero, ¿qué significa realmente?
Para entender el significado de este rubro es necesario remitirse al Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2024. En este Marco se detalla que el déficit del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible (FEPC) en 2023 fue de $20,5 billones. No obstante, aunque estos $20,5 billones fueron causados en 2023, se contabilizan en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2024, específicamente en el mismo rubro enigmático de “Otras transferencias – distribución previo concepto DGPPN”.
Efectivamente, el decreto de liquidación expedido a inicios de este 2024 confirma que el rubro de “Otras transferencias – distribución previo concepto DGPPN” corresponde a $22,2 billones, lo que significa que casi la totalidad de este monto está relacionado con el FEPC.
Esta situación plantea una serie de interrogantes críticos: ¿Cómo se puede justificar un recorte de $8,2 billones, cuando $20,5 de los $22,2 billones ya fueron causados? ¿Se dejará de pagar el FEPC? ¿Se están utilizando cruces de cuentas con Ecopetrol? ¿Se utilizará una forma alternativa de pago que no se refleje en el PGN? Una respuesta parcial a estas preguntas también se encuentra en el MFMP.
El Marco menciona que los pagos pendientes al FEPC en lo que resta de 2024 se pagarán con “las herramientas permitidas por la ley”, pero no especifica cuáles son estas herramientas. Sin embargo, los anuncios recientes del Ministerio de Hacienda comienzan a arrojar más luces sobre cuáles son.
El Gobierno ya pagó $7,2 de los $20,5 billones que debe del FEPC y anunció el pago de otros $5,1 billones. La pregunta crucial es: ¿cómo piensan pagar los otros $8,2 billones restantes? Según las declaraciones del ministro de Hacienda en el congreso de Andesco del 26 de junio, se haría con la emisión de TES. Endeudarse para pagar una deuda es muy distinto a reducir el gasto.
La única forma hoy de recortar los gastos relacionados con el FEPC es reducir el subsidio al acpm, lo cual debe hacerse para mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas y mejorar la focalización del gasto. Pero esto solo se verá reflejado en el PGN de 2025. En otras palabras, los $20,5 billones presupuestados en el presupuesto de 2024 corresponden a unos gastos ya materializados. Que los pague Ecopetrol, el Gobierno Nacional Central ahora o el Gobierno Nacional después (cuando venzan los TES) es otra cosa. Pero en ningún caso constituyen una reducción real del gasto.
Finalmente, el FEPC no es el único punto que genera inquietud. El decreto habla de un recorte de $2 billones destinados al Fondo de Pensiones Públicas de nivel nacional de Colombia (Fopep). Este fondo se encarga del pago de las mesadas pensionales de regímenes especiales de pensión, como el de empleados públicos del nivel nacional (Cajanal).
Las pensiones son derechos adquiridos que no se pueden recortar de un plumazo. ¿Desde cuándo tenemos el privilegio de hacer recortes sobre las obligaciones pensionales? ¿Estamos posponiendo otro gasto en vez de reducirlo? O, ¿estamos frente a un caso (a menor escala) similar al de la pandemia, en el que el Gobierno anterior utilizó los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) para salir de apuros fiscales del momento?
La transparencia fiscal es fundamental para mantener la confianza pública y garantizar un debate informado y abierto sobre el uso de los recursos del país. Los ciudadanos tienen derecho a entender la naturaleza específica de los recortes. Sin una explicación clara y detallada por parte del Ministerio de Hacienda, se corre el riesgo de fomentar la desconfianza en el sistema y la especulación.
* Director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.
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