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Esta bien puede ser una de las semanas más movidas en materia económica que podríamos ver en meses.
Se espera que salga una decisión de fondo sobre la integración de Viva y Avianca por parte de la Aeronáutica Civil (que entraría a resolver, de una forma u otra, el nudo que desató una crisis en el transporte aéreo en Colombia).
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Asimismo, se debería empezar a discutir, ya en forma y pública, el Plan Nacional de Desarrollo. Esta es la hoja de ruta que seguirá el gobierno del presidente Gustavo Petro y que lleva semanas de debates a puerta cerrada con los sectores políticos. La iniciativa fue radicada en el Congreso el mes pasado.
Por último, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social encabezará la radicación de las reformas laboral y pensional, dos de las grandes transformaciones a las que apunta la administración Petro (en conjunto con la de salud).
Estas son dos apuestas enormes, pues apuntan a reducir asuntos estructurales en dos campos en los que no se hacen ajustes desde hace años, pero en los que tampoco es recomendable intervenir con frecuencia debido al peso de las consecuencias que tienen las decisiones en estos temas.
Ahora bien, estas dos reformas son necesidades desde hace varios años, por decir lo menos. El anterior gobierno habló de ellas, pero al final, con pandemia y cuatro tributarias en la mitad, no ejecutó ninguna.
Esta semana, y durante tres días, los gremios de la producción: Asociación Nacional de Industriales (Andi), la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) y la Asobancaria se han reunido con el Ministerio de Trabajo y expertos del Gobierno Nacional para concertar el texto de la reforma laboral.
El último paso antes de la radicación debería ser una discusión en la comisión permanente de políticas salariales y laborales, que deberá realizarse el próximo lunes 13.
“Hemos venido trabajando con el Gobierno desde la vocería que tenemos de representantes de los empleadores para tratar de entender cada una de las propuestas, presentar propuestas alternativas y poder conciliar. Esperamos que esto contribuya a un proceso constructivo y podamos presentarle muy pronto al país una propuesta”, aseguró Bruce Mac Master, presidente de la Andi esta semana.
Para entender de qué tratan estas reformas bien vale la pena hacerse varias preguntas: ¿por qué son necesarias estas reformas?, ¿cuáles son las propuestas del Gobierno?, ¿qué reparos hay?, y, ¿hay otras propuestas de reformas?
¿Por qué son necesarias estas reformas?
El panorama pensional del país es crítico, si se mira la baja cobertura que tiene el sistema en Colombia: solo una de cada cuatro personas en edad de pensionarse logra acceder a este derecho. Asimismo, se estima que solo un 11 % de la población económicamente activa cotiza regularmente para su jubilación.
De hecho, una de las pocas cosas en las que se ponen de acuerdo todos los actores del ecosistema pensional es que una reforma debe buscar, sustancialmente, aumentar la cobertura del sistema. El fin ulterior es que más personas puedan pensionarse en Colombia.
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Otro de los problemas que hay es el desbalance entre los dos sistemas, el público, régimen de prima media (en donde está Colpensiones) y el privado, régimen de ahorro individual con solidaridad (los fondos de pensiones). En el país la mayoría de los pensionados están en el primero, pero los cotizantes están en el segundo. Y esto lleva a problemas fiscales (pues las pensiones de Colpensiones son cubiertas, en parte, con cargo a los dineros de la nación).
Por el lado del panorama laboral, casi que bastaría con decir que el Código Sustantivo del Trabajo no recibe una actualización sustancial desde los años 50, cuando el mundo era radicalmente diferente, por decirlo levemente.
Pero a esto hay que sumarle que el país arrastra, desde antes de la pandemia, con una tasa de desempleo que no mejora sustancialmente (actualmente es de doble dígito). Y esto empeora si se tienen en cuenta asuntos como la abrumadora informalidad del mercado laboral (cerca de seis de cada 10 trabajadores en el país laboran desde la informalidad, según el DANE) y la brecha de género en contra de la mujer.
¿Cuáles son las propuestas del Gobierno?
Aquí vale la pena empezar diciendo que son dos panoramas muy distintos, pues sobre el uno hay una buena luz, mientras que en el otro hay casi una total oscuridad. La reforma laboral cuenta con un borrador, que se conoció públicamente hace un par de semanas, mientras que sobre la pensional lo que hay son algunas ideas que vienen desde los días de la campaña: el articulado de este tema ha brillado por su ausencia.
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En el capítulo laboral, lo que el borrador permitió ver es que uno de los motores de la reforma es impulsar la contratación a término indefinido para hacerla “la regla general”, como lo dice el artículo 4 del documento. También hay varias previsiones para asegurar mejores y más complejos procesos de despido. En otras palabras, se trata de reforzar las protecciones de los trabajadores (los formales, al menos).
La reforma también intervendría el mercado de las apps de servicios (Rappi, por ejemplo), que hoy en día es una de las áreas más grises en términos de regulación laboral (en buena parte por presiones políticas, pero igual porque la legislación tiene décadas de atraso, como ya se dijo).
Por el lado de las pensiones, el panorama contempla una apuesta de tres pilares.
En primer lugar está el pilar solidario: se propone pagar una renta básica correspondiente a medio salario mínimo legal vigente ($500.000 a precios de 2022) para las personas que no alcanzan a obtener una pensión.
El segundo pilar sería uno contributivo, y en este se propone que quienes ganen hasta cuatro salarios mínimos ($4 millones, para 2022) sean obligados a realizar sus aportes al régimen de prima media administrado por Colpensiones.
El tercer pilar contempla que las personas que tienen ingresos por encima de los cuatro salarios mínimos hagan aportes adicionales al régimen de ahorro individual de las administradoras de fondos de pensiones y de cesantías (AFP).
¿Qué reparos hay?
Si bien se supone que las reformas se han ido limando en los últimos días mediante diálogos con gremios y sindicatos (además de confederaciones de pensionados), ambas iniciativas han despertado varias críticas.
Estas son algunas de las principales críticas sobre el tema pensional:
Como muchos otros expertos, Diana Ojeda, procuradora delegada para Asuntos Laborales, pregunta de dónde saldrán los recursos que se necesitan para entregarles $500.000 a todos las personas mayores que no tienen pensión. Además, sostiene que es necesario hacer esfuerzos fiscales, pero rechaza las declaraciones (que en el pasado ha hecho el Gobierno) respecto a que el dinero de los cotizantes se destinará a los subsidios.
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¿Será sostenible fiscalmente? Óscar Becerra, profesor de la Universidad de los Andes, pide analizar cuidadosamente las implicaciones de pasar a la mayoría de la población a Colpensiones. Asegura que incluso si la formalidad llega al 100 %, “se disparará la deuda pensional”.
Otra de las preguntas es si se seguirán calculando las pensiones de la misma manera en el régimen público.
Si se mantiene la misma tasa de reemplazo, igual se seguirían entregando subsidios a personas con pensiones altas.
¿Desaparecerán las AFP? Para muchos expertos, como solo el 10 % de la población gana más de cuatro salarios mínimos, en la práctica la reforma hará desaparecer a las administradoras de fondos de pensiones. Aunque sobre este punto parece que hay un cambio, impulsado por el Ministerio de Hacienda, para evitar golpes al mercado de capitales en el país.
Sobre la reforma laboral, al menos hasta antes de las sesiones de conciliación, algunos empresarios y analistas habían expresado sus reparos por la fuerza con la que se impulsa la contratación a término indefinido, por ejemplo.
Pese a los puntos que permiten considerar la reforma como “progresiva”, según algunos expertos, varios artículos no fueron bien recibidos, pues podrían afectar la generación de empleo en el país al incluir una visión “proteccionista”, como dijo Víctor Julio Díaz, abogado laboralista y rector del Colegio Colombiano de Derecho Social (Coldesocial).
Para Juliana Morad, directora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, el encarecimiento de los costos laborales, “en un análisis económico sencillo, se traduce en desincentivos a la contratación laboral, entonces puede haber una afectación del empleo, especialmente en los más vulnerables, porque son los que generarían un mayor costo”.
De acuerdo con Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco: “Es una reforma laboral más profunda de lo anunciado. Se impactarían los costos laborales con el cambio de la jornada diurna y nocturna, el salario dominical y festivo, y el incremento del valor de horas extras. Va a ser un incremento para los empresarios de 30 %”.
¿Hay propuestas alternativas?
La respuesta rápida es sí. Para este punto de la historia organizaciones como Fedesarrollo y el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana han presentado propuestas acerca de cómo podría ser una reforma pensional, especialmente.
Para Fedesarrollo, por ejemplo, la reforma debería tener cuatro pilares, que irían desde uno no contributivo que le llegaría a todos los adultos mayores de 65 años, hasta uno de ahorro voluntario, pasando por uno semi contributivo (obligatorio para quienes ganen menos de un salario mínimo?.
Por su parte, el Observatorio piensa también en un pilar no contributivo, focalizado en los más pobres y, al menos al principio, no superaría el medio salario mínimo. En otro de los pilares quedarían las contribuciones de todos los trabajadores correspondientes a dos salarios mínimos (este lo manejaría Colpensiones) y los fondos privados estarían en otro pilar recibiendo las contribuciones que superen este monto.
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